Julián Barbosa*
Alejandra Ciro**
La agricultura familiar, la pequeña producción agropecuaria cuya mano de obra es básicamente familiar, produce en el país el 70% de los alimentos. El año 2014 fue declarado por la ONU como el año de la agricultura familiar y todos los ojos están puestos ahora en el tema. En el marco del proceso de paz de la Habana, en el que la agricultura familiar aparece como parte de la columna vertebral del acuerdo sobre tierras, vale la pena preguntarse por el estado actual de la capacidad institucional local para responder a este reto que en el Caquetá significaría la activación de quizás el más prometedor sector económico del departamento.
Al intentar dar cuenta de este problema uno se encuentra con un panorama desalentador. Salvo Florencia, todos los municipios del Caquetá son de sexta categoría, es decir, son los municipios que por su poca capacidad fiscal son los que menos reciben recursos de la nación, lo que de entrada es un obstáculo para la capacidad de gestión de las administraciones locales. No es mucho lo que un alcalde de un municipio del departamento puede hacer por la agricultura familiar en su localidad, tampoco los consejos municipales. El presupuesto municipal para el sector agrícola a duras penas alcanza para pagar la nómina de las UMATAS. Por su parte, los gremios de productores en el Caquetá no tienen el músculo económico para realizar el acompañamiento y brindar asistencia técnica a los campesinos. Hoy en día parte de los esfuerzos de los gremios sigue siendo buscar que el alcalde o gobernador de turno les brinde un lote en comodato para poder operar administrativa y financieramente.
El año pasado y en el contexto de las movilizaciones campesinas se empezó a hablar del llamado Pacto Agrario, con gran despliegue publicitario por parte del gobierno nacional. Allí el gobierno estableció que los campesinos productores debían formular proyectos según las necesidades que tenían. Miles de campesinos se unieron a la convocatoria, -y ahí hay que considerar lo que significa para un campesino, en términos de recursos y logística, aplicar a una convocatoria de este tipo-. Entre los requisitos que estableció el gobierno estuvo el que todo proyecto tenía que ser avalado por los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), conformados por los alcaldes, productores y funcionarios de cada municipio. En teoría, los CMDR deben guiar las iniciativas políticas en los municipios. La verdad, a estos consejos, en palabras de un productor “no los respeta nadie, son de papel”. Así, después de lo que significó para la gente cumplir los requisitos de la convocatoria –lo que significa para un consejero que vive en una vereda desplazarse hasta la cabecera para asistir a las reuniones-, el gobierno nacional ya dijo que no había plata para el Pacto Agrario, y de los múltiples proyectos que se formularon para el Caquetá, ninguno pasó. Ahora, el gobierno nacional, en pleno año electoral, anda promocionando el proyecto Pares, que deja en manos de alcaldes y gobernadores el aval de los proyectos. Los programas para el campo quedan de nuevo como lo que han sido: escenarios de manipulación política desde todos los frentes. ¿Qué le queda al campo entonces? Las agencias de cooperación, que vienen con su recursos e intereses extranjeros a financiar proyectos para el sector rural. Ha sido tal el copamiento de estos programas y los escasos resultados en el Caquetá que es frecuente escuchar que los campesinos no quieren saber nada de ellos ni participar en más reuniones o convocatorias. Más aún cuando con cada programa hay un levantamiento diferente de información que, en zonas donde el conflicto armado sigue vigente, el campesino se muestra, con razón, reticente a entregar.
El año pasado el presidente Santos se comprometió con recursos en la creación de un Comité de Impulso a la Agricultura Familiar. Detrás de este acuerdo estuvo Agrosolidaria, una agremiación nacional que convoca a todos los productores del campo para que se empoderen como transformadores y comercializadores de sus propios productos. Con el cambio de Ministro de Agricultura ese “compromiso” está en veremos, sin embargo Agrosolidaria sigue operando en el departamento, apoyando al productor caqueteño para que comercialice a precios justos –tanto para él como para el consumidor-.
Esta es solamente un ejemplo de empoderamiento de las comunidades campesinas, sin embargo, esta no debe ser una iniciativa que incumba solamente a los productores del campo, debe ser una preocupación de la ciudadanía en general. Es un compromiso con nuestra propia soberanía alimentaria apoyar al sector agropecuario.
*Es Historiador y Politólogo de la Universidad de los Andes, Mágister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, docente e investigador del centro de pensamiento A la orilla del río de la Corporación Educativa Jean Piaget. Consultor independiente.
Julian.barbosa@alaorilladelrio.com
**Es Historiadora de la Universidad de los Andes, Mágister en Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia, docente e investigadora del centro de pensamiento A la orilla del río de la Corporación Educativa Jean Piaget. Consultora independiente.