Estefanía Ciro+
En mayo del 2014 se anunció el tercer acuerdo parcial conjunto de la negociación en La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos, esta vez relacionado con el tema del narcotráfico y los cultivos de uso ilícito. A grandes rasgos, este encarna un cambio en la manera de abordar el problema de las drogas y los cultivos de uso ilícito, desenfocando el tratamiento militarista que había sido el eje de la operación del Plan Colombia y tendiendo puentes hacia un proceso de sustitución voluntario y concertado donde se reconoce la vulnerabilidad de los cultivadores y los consumidores como los eslabones más débiles de la cadena productiva del mercado de la cocaína.
Uno de los elementos claves de este acuerdo parcial es la participación de las comunidades, tanto cocaleras como no cocaleras, en la formulación, ejecución y el seguimiento de lo que denominaron los Planes Integrales Municipales y la Comunicación de Sustitución y Desarrollo Alternativo. La base de la sustitución consiste en la concertación de este proceso; para las comunidades campesinas cocaleras y no cocaleras la única forma de fortalecer su posición en esta concertación es por medio de la organización.
Se fundan en este acuerdo las asambleas comunitarias, encargadas de redactar planes comunitarios, que hacen parte también de los planes municipales mencionados anteriormente. Tanto los planes comunitarios como los municipales, señala el documento del acuerdo, son construidos en coordinación entre las comunidades, las autoridades nacionales, departamentales y municipales y el programa nacional que tendrá esta competencia (http://www.pazfarc-ep.org/index.php/acuerdos/drogas-ilicitas).
Los campesinos cocaleros tras las marchas de los noventa han sido objeto de lo que María Clemencia Ramírez denomina como una “identidad negativa”, es decir, la estigmatización que los despoja de derechos y de poder de movilización, de una voz que les permita negociar ante la sociedad. El debilitamiento de la movilización campesina cocalera de estos 20 años en parte se debe a la violenta criminalización y violencia a la que fueron expuestos por parte de las políticas del Plan Colombia.
En esta coyuntura de la negociación en La Habana, un nuevo aire se respira. Desde la presentación del acuerdo hace ya casi dos años se han venido dando pasos a nivel nacional en la formación de mesas regionales para fortalecer este proceso organizativo de los cultivadores de hoja de coca. Uno de los momentos más significativos ha sido lo que se denominó la Constituyente Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana que se realizó en Mocoa (Putumayo) entre el 4, 5 y 6 de Julio (http://prensarural.org/spip/spip.php?article17223) en el que se discutieron cuatro ejes temáticos: sustitución del ingreso derivado de los cultivos de coca, la legalización, los usos tradicionales y alternativos, la normalización y regularización del consumo de plantas y drogas declaradas ilícitas, las medidas para la superación del narcotráfico y la reparación de las víctimas de la política antidrogas.
En esta coyuntura, en el Caquetá se formó ya la mesa de cultivadores de hoja de coca de San José del Fragua y el último foro se realizó el 12 y 13 de Febrero en San Vicente del Caguán organizado por Caguán Vive, en el que participaron campesinos e indígenas y fueron invitados los representantes de los cultivadores de hoja de coca de San José del Fragua. Hubo intervenciones de Domingo Pérez , ex alcalde de San Vicente del Caguán, que socializó los temas del acuerdo parcial de drogas ilícitas y cultivos de uso ilícito en La Habana, y de invitados como David Curtidor, de Coca Nasa, Wilson Flores de la Corporación para el Desarrollo Endógeno y Buen Vivir Sumak Kawsay, y Walter Ciro de ASPU Uniamazonía. Estos resaltaron los usos sagrados y alternativos de la hoja de coca, aclararon unos puntos del acuerdo y de la constituyente cocalera y resaltaron el papel central de los campesinos en el desarrollo de estos acuerdos, respectivamente. Ese día se conformó la Mesa Municipal de Cultivadores de Hoja de Coca con la participación de aproximadamente 10 campesinos.
Al otro día intervino uno de los representantes de la mesa de cultivadores de hoja de coca de San José del Fragua y compartió su experiencia como campesino que vive en un territorio cocalero y el proceso de conformación de la mesa en San José. Posteriormente se realizó un taller entre los campesinos asistentes para construir un insumo que sea útil para los negociadores del gobierno y de la guerrilla en La Habana. Este consistió en discutir tres temas: las condiciones en las que el campesino veía posible un proceso de sustitución de cultivo de coca y el fortalecimiento de los grupos campesinos como organización social. También lo que han tenido que enfrentar a la hora de cultivar la coca en estos últimos años.
Tras este ejercicio de discusión y socialización de la problemática de los cultivos de coca por parte de los campesinos participantes, varias reflexiones se hacen útiles
En primer lugar, es necesario generar convergencias departamentales de organizaciones sociales y problemáticas comunitarias. Una primera experiencia de la consolidación de un bloque de organizaciones la está demostrando la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el Territorio del Caquetá que articuló tanto a los campesinos del sur del departamento (tras la experiencia de la entrada de Emerald en Valparaíso) con los campesinos afectados por la amenaza de entrada en Florencia con el Bloque VCM32 y diferentes actores de apoyo como profesores e investigadores. Un ejemplo de convergencia de organizaciones sociales en la Amazonia es la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, Campesina, Indígenas, Juveniles de la Baja Bota Caucana, Jardines de Sucumbíos, Ipiales, Nariño y Putumayo.
Las mesas municipales que se están creando deben pronto articularse en una Mesa Regional que permita la coordinación de todos los actores involucrados (campesinos cocaleros, campesinos vecinos, afectados por las fumigaciones, academia, investigadores, abogados) en el tema de los cultivos de hoja de coca en el Departamento. Por ejemplo, es a partir de la organización que pueden formular, ejecutar y hacerle seguimiento a los Planes Comunitarios y Municipales que fueron propuestos en el acuerdo parcial. Es necesaria la unidad de la comunidad o de los gremios en torno a sus demandas. Es a partir de esa formación de una población crítica, organizada y activa que se puede dar frente al despojo y a la desposesión en el pos-acuerdo y en el pos-plan Colombia.
En segundo lugar, es urgente insistir que la actividad cocalera por encima de todas las cosas es una actividad campesina. Es a partir de su relación con la tierra y la defensa del territorio que el campesino, cocalero o no cocalero, debe situarse en esta coyuntura actual en el Caquetá. El periodo actual de incursión de multinacionales petroleras es parte de la etapa actual pos-Plan Colombia, que afecta directamente los recursos como el agua y el acceso a la tierra en el Caquetá e introduce radicalmente en la discusión política regional a las regalías. Es necesario que el campesino recupere su orgullo y su lugar como un actor político y social, como defensor de su tierra después de unas últimas décadas en las que ha sido tan perseguido y vilipendiado. Eso implica pensar en su relación con la tierra amazónica, con los recursos hídricos, con la fauna y la flora amazónica; en últimas es el interés más preciado para las multinacionales.
Y en tercer lugar, el cocalero en tanto campesino, es un actor que le apostó a quedarse en el campo. La decisión de cultivar coca está marcada por su renuencia a migrar a la ciudad, es un acto de resistencia. Comprender la actividad de la coca más allá de su categoría netamente ilícita permite visualizar las formas en que esta actividad se introduce en la vida de los campesinos cultivadores de hoja de coca, la construcción de esta actividad como una opción para seguir atados a la tierra, su renuencia a dejar el campo e irse a la ciudad. En este escenario y bajo las empobrecedoras políticas agrarias en el país, es un acto de valentía.
Veinte años después de las marchas campesinas cocaleras de la década de los noventa lo que debe ser el imperativo en el campesino caqueteño es la apuesta por la unidad, por abonar el orgullo y por afianzarse en su tierra, el bien más preciado en la era pos-Plan Colombia en el Caquetá.
+Coordinadora de la línea de investigación Economía, poder y sociedad. Es economista, mágister en historia de la Universidad de los Andes y candidata a doctora del programa de posgrado de ciencias políticas y sociales de la Universidad Autónoma de México, docente e investigadora del centro de pensamiento A la orilla del río. Consultora independiente.