Karla Díaz*
En el departamento del Caquetá se han adjudicado desde el 2002, 26.699 Hectáreas para la exploración petrolera, las cuales representan el 42% del área total del departamento que puede ser habitado[1]. En contraste, desde el 2004 el número de adjudicaciones de baldíos a campesinos sin tierras no alcanza las 3.000 Hectáreas.
En el departamento, la política minero energética, potencializada por el discurso del desarrollo local y la prosperidad, ha venido en un proceso de expansión soterrado, pero exponencial, desde el 2002, gracias al volcamiento del andamiaje institucional a favor de lo que ha sido llamado, por el Presidente Juan Manuel Santos, un “sector estratégico”.
Como consecuencia, se ha propiciado la reestructuración del espacio, de las instituciones públicas y de las reglas de juego, con el fin de dejar el camino libre a las multinacionales extractivas, descartando del análisis costo-beneficio los daños causados sobre el medio ambiente.
Así pues, la economía extractiva ha logrado consolidar un espacio preferencial dentro de un escenario de desplazamiento masivo, violencia, concentración masiva de la tierra (Gini de propietarios de 0,64) e informalidad en la tenencia[2].
Las deudas que aún no han sido saldadas por el Estado y que han recaído históricamente sobre la población rural siguen siendo ignoradas por el gobierno nacional, pues mientras los campesinos colonos del departamento han luchado por más de 30 años para la legalización de sus tierras y la redistribución de los activos rurales, sin resultados significativos, en menos de 12 años se ha adjudicado a empresas extractoras mucho más del área total adjudicada a la población campesina desde hace décadas.
Una legislación permisiva y contradictoria, una institucionalidad local cooptada y disminuida en su burocracia y en sus finanzas, y una organización social diezmada, reprimida y estigmatizada, han servido como banquillo para el ascenso de las empresas extractivas, las cuales han logrado entrar en el territorio imponiendo sus lógicas económicas, políticas y organizativas.
Ahora bien, siguiendo a Saskia Sassen, es posible ver en el juego de negociaciones que se desarrollan a puerta cerrada entre actores políticos y actores empresariales, el surgimiento de una nueva forma de Estado Corporativo que legisla a favor de los intereses privados. (Sassen, 2010)
Desde ésta lectura es posible comprender los mecanismos de cooptación de las instituciones públicas que han permitido que, por ejemplo, no se haya planeado el ordenamiento ambiental, dispuesto por mandato constitucional en el artículo 80, y sí se haya delineado un plan estratégico de explotación petrolera y minera en menos de 3 años. (Garay, 2013)
Una muestra fehaciente de las fallas institucionales es la resolución 0687 del 28 de agosto del 2012, expedida por Corpoamazonía, en la cual se emite una sanción preventiva contra la empresa Emerald Energy, luego de que ésta hubiera construido dos locaciones fuera de la licencia ambiental, deforestara parte de una Zona de Reserva Forestal y contaminara una cuenca hidrográfica que abastece a más de 5 veredas del municipio de San Vicente del Cagúan. Paradójicamente, ésta sanción busca prevenir eventos ya causados.
Los ejemplos de irregularidades administrativas permitidas por una legislación permisiva y muchas veces contradictoria proliferan por todo el país.
Así pues, tal como lo afirma Sassen, estamos ante una nueva era del Estado, en donde éste, al servicio de los intereses de particulares, se convierte en un organismo que legisla y administra para los dueños del capital, ahondando las injusticias y la desigualdad al que ha sido relegada la población campesina.
De esta forma, los 33 contratos de explotación petrolera y los 55 títulos mineros otorgados hasta el momento, plantean la reconfiguración política del espacio amazónico, consolidando una nueva geografía de poder que subordina a las lógicas locales de apropiación del territorio, a las culturas nativas y a los modelos de producción campesina al imperativo de la globalización capitalista de los recursos naturales. Como resultado, el espacio local se convierte en un comodín de la industria transnacional.
Ahora bien, el discurso economicista del desarrollo se soporta en una visión reducida del territorio, que muestra a los espacios vaciados de significado cultural y social.
Un cambio de enfoque que comprenda la multidimensionalidad del territorio, es un elemento fundamental para entender la verdadera dinámica de la incursión de la economía extractiva en el Caquetá. Al respecto, Sosa plantea que el territorio debe ser entendido como un escenario múltiple en donde se entretejen relaciones sociales, económicas, ecológicas y políticas. (Sosa, 2012, 7-25)
Desde esta mirada, no sería posible disociar el discurso económico y el político, tal como lo han hecho las élites políticas hasta ahora, pues no es factible alcanzar la equidad social y el desarrollo de las regiones, si se opta por darle más tierra a las empresas y se sigue relegando la redistribución de la tierra al mero discurso.
Bibliografía
Garay, L (2013) Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista. Bogotá: Imprenta Nacional
Sassen, S (2010) Nueva geografía política. Un nuevo campo transfronterizo para actores públicos y privados. Texto de la conferencia del Millenium, en la London School of Economics, el 25 de enero de 2000, retomado de la conferencia inaugural de la cátedra de ciencias sociales en la Universidad de Chicago, el 28 de abril de 1999.
Sosa, Mario (2012), “Dimensión política del territorio” en “Cómo entender el Territorio”. Guatemala: Universidad Rafael Landívar
[1] La zona delimitada como área habitable es el total del área departamental, menos los Parques Nacionales Naturales, puesto que estos no pueden ser ocupados. Al respecto ver, las adjudicaciones del Caquetá en el informe por Departamentos en la página de la ANH
[2] La estructura de tenencia de la tierra en el Caquetá es en su mayoría informal, es decir, los campesinos no cuentan con títulos de propiedad que les brinden seguridad jurídica de la posesión de sus predios, producto especialmente de la baja titulación de baldíos, el asentamiento en zonas de Reserva Forestal o Parques Naturales. Al respecto ver el Atlas de Distribución Rural de la Tierra, IGAC 2014
*Estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario. Asistente de Investigación de la Escuela Intercultural de Diplomacia Indígena. Miembro del grupo de jóvenes para la construcción de paz de la Fundación Konrad Adenauer. Interesada en temas de construcción de paz, organización social, acción política no violenta y defensa del territorio ante proyectos extractivos. karladiapa@gmail.com