Realidades y desafíos de la minería en Timbiquí

“Juntos podemos defender la naturaleza, nuestro territorio, que es el lugar donde ha sido posible la vida, a pesar de las dificultades.”

El municipio de Timbiquí, ubicado en la costa pacífica caucana, se ha caracterizado históricamente por ser un territorio altamente rico en recursos mineros, principalmente por la existencia de grandes cantidades de oro.

Desde tiempos de la colonia los enclaves mineros fueron un fortín de riquezas para los potentados blancos de la época, que además eran esclavistas, como Sergio y su hermano Julio Arbolada Pombo. El primero tiene el honor de que una Universidad privada ubicada en Bogotá lleve su nombre.

Julio Arboleda, nacido en la mina Timbiquí[1] que era propiedad de su padre, fue un hombre muy influyente de la política colombiana y gran parte de su fortuna, y la de su familia, fue producto del trabajo esclavista realizado en esta población. Este personaje, defensor acérrimo de este sistema de opresión, fue elegido presidente de la Confederación Granadina, y después de abolida la esclavitud transportó muchas mujeres y hombres africanos al Perú para ser vendidos como esclavos.

Entre los siglo IX y XX compañías mineras de España, Francia, Rusia, a las cuales se les otorgaban grandes extensiones de tierra para la explotación de oro y otros minerales, contaminaron sin ningún tipo de control estatal los ríos y la diversidad ambiental que aún pervive en el municipio. Además de violar los derechos humanos de la comunidad, todo esto con la complicidad del Gobierno Nacional y departamental. Actualmente continúa la expedición de licencias y permisos a diestra y siniestra a compañías mineras extranjeras y nacionales sin ninguna responsabilidad ambiental y social.

En el presente texto vamos a referirnos a los últimos acontecimientos acaecidos en el municipio de Timbiquí. En los corregimientos de Cheté, Coteje, San José y Santa María, ubicados sobre el río Timbiquí, fue adelantado un operativo por parte del Ejercito Nacional, la Fuerza Aérea y la Marina, que destruyó 26 retroexcavadoras utilizadas en la explotación minera. Los medios de comunicación presentaron el hecho como un golpe histórico a la minería ilegal y al ELN.  Sin embargo, hay que advertir que durante el operativo se presentaron enfrentamientos entre la comunidad de San José y miembros del Ejército, quienes atropellaron a los habitantes, pues como es sabido por las y los timbiquireños, las máquinas que destruyó la fuerza pública son de miembros de estas comunidades, no del grupo guerrillero “Comuneros del sur” del ELN, como lo informó el Ministerio de Defensa. Desde entonces, la comunidad se encuentra en paro cívico, exigiendo al gobierno que cesen los atropellos por parte de la fuerza pública hacia la comunidad y los mineros, sobre los cuáles el gobierno y distintos medios masivos de comunicación difundieron la idea de que eran guerrilleros del ELN. Es importante manifestar que es falso, equivocado, malintencionado y criminal que se engañe, se desinforme y se manipule a la opinión pública de esa manera tan descarada.

En primer lugar, no es cierto que el ELN haga presencia en el río Timbiquí o tenga el control territorial. Las Fuerzas militares, las centrales de inteligencia y toda la comunidad timbiquireña, sabe que es la guerrilla de las FARC-EP quien tiene el control territorial en este municipio de la costa pacífica caucana.

Segundo, las excavadoras que fueron destruidas por militares no eran de ninguno de los dos grupos guerrilleros, pertenecen, en su gran mayoría, a mineros de la zona, algunos de ellos ex mineros artesanales, que hace poco menos de diez años se dedicaban a trabajar la minería de socavón o pozo, pero que, en vista que la Agencia Nacional de Minería adjudicó licencias de exploración y explotación a empresas y personas foráneas y que además viendo que la minería a cielo abierto resulta más rentable, decidieron empezar a practicar la minería a cielo abierto con excavadoras que son transportadas a través del puerto de Buenaventura con la aquiescencia y complacencia de las autoridades militares. Según informan los mineros y propietarios de las máquinas, miembros de la marina cobran por su silencio y colaboración entre 30 y 35 millones por cada excavadora, las cuales son transportadas en planchones hasta el municipio de Timbiquí.

Para nadie es un secreto que las FARC- EP, es el grupo armado que hace presencia en el municipio y recibe un porcentaje del 10% de la producción de oro. Al dueño del terreno le corresponde el 15%, al corregimiento al cual pertenece el terreno que se explota se le otorga el 2%, el concejo comunitario recibe el 1%, y el excedente del 72% es para el propietario de las máquinas. Esta producción puede ser mensual, semanal, quincenal o cada dos días, dependiendo de la producción de oro.

A esta difícil situación se le suma la falta de instituciones fuertes que hagan presencia en el territorio y el hecho de que la Agencia Nacional de Minería, ha adjudicado licencias de exploración y explotación a Empresas nacionales y extranjeras sin una debida consulta previa, desconociendo la normatividad que ampara esta herramienta y los derechos de los mineros artesanales y de la comunidad a participar en las decisiones que los afectan.

Hoy la minería a cielo abierto ha causado un impacto ambiental considerable, como la destrucción de bosques tropicales, desertificación de tierras destinadas a la producción alimentaria, contaminación en las fuentes hídricas, que causan entre otras cosas el envenenamiento de los peces con sustancias químicas como el mercurio.

Siendo la minería la principal fuente de ingresos de los habitantes del municipio, sigue siendo un sector informal y poco tecnificado, pues no ha habido una política de Estado planificada y coherente que apoye la actividad minera artesanal y sea responsable con el medio ambiente. Por el contrario, medios masivos de comunicación, la fuerza pública y el gobierno insiste en llamar ilegal a la actividad minera artesanal tratando a los mineros como criminales y pertenecientes a grupos armados, profundizando así el racismo estructural e histórico que han padecido las comunidad negras.

Teniendo en cuenta que la minería, en todas sus formas de explotación, es la principal fuente de ingresos de la comunidad timbiquireña, es urgente que el Gobierno Nacional, las fuerzas militares, la Agencia Nacional Minera, el Ministerio de Ambiente, la Gobernación del Cauca, la alcaldía Municipal de Timbiquí, mineros artesanales y comunidad en general, busquen mediante el diálogo construir una política minera integral y promover un modelo de desarrollo alternativo para estas comunidades, basados en las necesidades puntuales de la población. Además de garantizar la sobrevivencia de las comunidades, salvaguardando las selvas y los recursos hídricos.

[1] Este era el nombre que recibía el territorio que hoy se conoce como el municipio de Timbiquí, por sus características relacionadas con los entables mineros que existían en aquel tiempo.

*Abogado afrocolombiano, secretario general de la Organización Política Nunca más Colombia sin Nosotros. Hace parte de la Junta directiva de la Asociación Colombiana de Abogados defensores de Derechos Humanos –ACADEHUM- y es un activista social por los derechos humanos y étnicos.

Fotografia de portada: El País de Cali.