Cuando todos empiezan a repetir las mismas palabras, los mismos conceptos, esos que hace unos años parecían transgresores y ahora están en boca de todos, uno tiene que empezar a sospechar. Varios académicos llevan hablando de la necesidad de ver las dinámicas regionales del país para entender el carácter complejo y heterogéneo del conflicto armado y de los actores que lo constituyen. Los armados, el estado y los mismos campesinos y campesinas no son las mismas allá y acá. Esta había sido una máxima de un grupo de investigadores que no siempre fueron los más populares.
A raíz de las negociaciones de paz y tras la inminencia de las firmas, los discursos de los funcionarios del ministerio del posconflicto y del alto comisionado de paz empezaron a estar permeados por frases como paz territorial y con ideas como “la necesidad de ver a los territorios” y “los territorios serán los protagonistas”. Ahí casi caigo en la trampa, yo estaba entre un <por fin entendieron> y un <a qué se refieren>.
Toda mi desconfianza se concretó en un evento que hubo en Bogotá donde un funcionario de alguno de los thinks tanks bogotanos que encontraron un espacio de recursos e influencia en “los territorios”, estaba hablando de participación territorial. Palabras más, palabras menos, el asunto era que ellos le apostaban completamente a la “participación territorial” que era la clave del desarrollo de estos territorios ¿Cómo se iba a concretar esta participación? fácil, “nosotros diseñamos la participación y la aplicamos en los territorios”. Eso era para ellos escuchar a las comunidades y hacerlas partícipes de su futuro. Con la confirmación de mis peores desconfianzas, me fui.
Entonces, ahora, el Caquetá ya no era parte de un departamento de Colombia sino era parte de “los territorios”, tal vez la versión contemporánea de los “territorios nacionales”, y la clave de la implementación de los acuerdos de paz se reducía a lo mismo de siempre, una gente de afuera diseñando talleres para sacar insumos y ejecutar lo que les pareciera.
Casi un año después, siendo testigo del proceso de implementación de los acuerdos del punto 1 y 4 en el Caquetá, y ver el trabajo de las organizaciones sociales, apenas alguien nombra la palabra “los territorios”, me timbra el oído. No voy a hacer en extenso un análisis de este proceso acá, pero sí voy a señalar factores que obligan a desconfiar de la paz territorial.
Asimetrías de los actores
El inicio de la implementación del punto 4 de los acuerdos en el Caquetá fue la firma de los pre-acuerdos de sustitución o Planes de Acción Inmediata (PAI), solo una mínima parte del verdadero proceso de sustitución, pero que se convirtió en un preámbulo de la mentada participación[1]. Convertir esos 36 millones en la solución a todos los problemas o en la trampa, fue una de las disputas entre los representantes del gobierno y los voceros cocaleros en las pocas socializaciones que se desarrollaron.
Para empezar, ni el gobierno ni las organizaciones campesinas lograron hacer un ejercicio de pedagogía eficaz, el primero porque no le interesaba y los segundos por estrechas condiciones de financiamiento; moverse en todo el Caquetá implica no solo el tiempo de dejar sus fincas y familias sino el pago de transportes que recaen principalmente en los y las voceras de las organizaciones. Las mesas cocaleras se empezaron a crear desde finales del 2015 y han sido un ejercicio de organización de abajo hacia arriba, central para la vocería cocalera, pero se ha hecho con sus propios recursos. Estamos hablando de los campesinos y campesinas más pobres y vulnerables del Caquetá, que son que se dedican a la coca, y los esfuerzos por su formación y organización requiere recursos y esfuerzos que nadie, solo algunos de ellas y ellos están sosteniendo.
En los lugares donde lograron sortear estas dificultades los voceros municipales, como en Cartagena del Chairá, el ejercicio organizativo y preparatorio de la firma de los pre-acuerdos fue sobresaliente. En este municipio se considera que se firmó uno de los mejores pre-acuerdos del país, según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM).
Mientras tanto, los recursos de cooperación internacional los gastan y ejecutan los mismos de siempre o las nuevas ONG´s que con un taller en cualquier lugar del territorio declaran experiencia y legalizan dinero. Todos los recursos de cooperación internacional y nacional están estrictamente atados, por lo menos hasta ahora, a exigencias de administración de monto mínimo de recursos que las organizaciones de base, muchas de estas estigmatizadas y perseguidas por décadas, no cumplen. Su trabajo ha sido la formación y bases campesinas, no precisamente el de la legalización de recursos, por lo cual la financiación prometida en los acuerdos para las “organizaciones de base” no se ve por ningún lado.
También hay que agregar que uno de los compromisos del punto 4 de los acuerdos es informar a las comunidades rurales sobre convocatorias y oportunidades laborales para que ellos puedan participar y hacer parte de los procesos que se llevan a cabo en sus regiones. Esto no ocurre, las contrataciones laborales, como las de los Gestores de Paz, se están haciendo a espaldas de los campesinos y las campesinas, acaparadas a veces por los alcaldes y por personas de otros lugares.
Lo que se ha mostrado entonces es una asimetría radical en el ejercicio de la construcción de acuerdos, que requiere logísticas, encuentros, discusiones y diálogos subregionales entre campesinos y campesinas que no se han podido dar. El estado colombiano, representado en la oficina del programa de sustitución, se aprovecha de esta condición para imponer sus acuerdos.
Firmando el mal pre-acuerdo
El ejercicio de la firma de pre-acuerdo se hizo con la participación de los equipos de Eduardo Díaz, Director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, algunas veces con los representantes de las FARC quienes exigieron la suspensión de las firmas en los primeros meses porque se desarrollaba el ejercicio sin su presencia. Por esto no entraron a actuar completamente hasta mayo, cuando después de una formación en Bogotá, los delegados se repartieron por Colombia.
La improvisación e imposición de acuerdos se lee claro en el primer pre- acuerdo firmado en La Montañita en febrero del 2017, que entre otras cosas no tiene cronogramas ni indicadores de cumplimiento. Los campesinos y campesinas que lo firmaron señalan que hace unas semanas les llegó el apoyo de 3 millones que prometía el acuerdo solo que en forma de una guadañadora. Es necesario esperar qué más ocurre, para agosto está pendiente el inicio del desembolso a dos núcleos de La Montañita.
Se han firmado varios pre-acuerdos por todo el territorio, los mejores, señalan los mismos cultivadores y cultivadoras, son los de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán. El resto los catalogan de pre-acuerdos impuestos basados en la experiencia de Curillo o en San José del Fragua. En este último, relatan los voceros y voceras, trabajaron dos meses en su propio acuerdo con base en lo que el gobierno había enviado, y dos días antes de la firma, el gobierno llegó con otra propuesta diferente que trabajaron de afán para poder estar listos. Sin saber claramente qué hacer, sumaron sus peticiones a la base del acuerdo del gobierno y cuando llegó el día de la firma, el equipo de Eduardo Díaz llegó con otro acuerdo diferente al que ellos habían adaptado. Ni el alcalde tenía interés en acogerse a ese acuerdo, pero desde hacía unos días los erradicadores del gobierno habían desembarcado en varias veredas de San José, acompañados del Ejército armado con machetes. El temor a perder sus matas (lo que automáticamente los sacaría de los programas de sustitución), llevó a que los propios cultivadores y cultivadoras presionaran a sus líderes para firmar, con la esperanza de que acogiéndose al acuerdo se iba la policía anti-narcóticos y el Ejército. Finalmente hicieron ese día el mal acuerdo, y los erradicadores, violando todos los principios del punto 4, al otro día regresaron a cortar las matas.
Es así que a pesar de sortear las dificultades de logística, los campesinos y campesinas se prepararon y un ejercicio de fuerza impidió que sus demandas quedaran plasmadas en estos pre-acuerdos.
Se puede pensar que el peor precedente es la erradicación. Esto en dos vías, por un lado antes de la firma porque deja sin matas a las y los campesinos dispuestos a sustituir, o después de acogerse al acuerdo, por el rompimiento del pacto entre las partes. Pero no, a esto se le suma que los campesinos y campesinas que han defendido sus parcelas en cercos humanitarios están siendo judicializados. El caso emblemático es el de Nelly Luna, quien participó en la defensa de las parcelas en La Montañita en febrero y que fue capturada hace unas semanas en la Unión Peneya y está en la cárcel de El Cunduy por “secuestro extorsivo” a 14 policías.
Somos comunales
Tras este rosario de asimetrías, imposición y violencia de los meses de implementación del punto 4 en el Caquetá, lo que se hace evidente es ejercicio de de presión por parte del estado sobre las juntas y núcleos para desgastarlos y dividirlos.
Hay tareas específicas como la construcción de diagnósticos, lista de necesidades, planes de inversión pero todo hace parte de un proceso más amplio e importante que recae sobre las comunidades rurales del Caquetá: la reconstrucción de los lazos y fuerzas colectivas como sobrevivientes del Plan Colombia. No se puede olvidar que lentamente se activa la vida campesina que se quebró tras la incursión paramilitar y la guerra anti-insurgente con financiación y presencia estadunidense en estas tierras.
Por ejemplo, ahora inicia la construcción de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) y la elaboración de los PDETs, donde el departamento está priorizado en su totalidad. Esto implica que los 16 municipios deben hacer sus Planes de Acción de Transformación Regional (PTAR) y articularlos con los PISDA. Lo colectivo es un camino posible y poderoso, si la totalidad o parte de los apoyos que va a dar el estado colombiano individualmente a cada familia se une en un fondo comunal, basado en los núcleos, no estamos hablando de pocos millones sino de cientos y hasta miles que pueden ser usados con autonomía los campesinos y campesinas para la transformación rural en núcleos agrícolas, ganaderos, agroforestales, agroindustriales o de reserva campesina.
Pero eso solo se logra fortaleciendo las organizaciones campesinas, las juntas de acción comunal, los núcleos comunales y empoderando los lazos de confianza, transparencia y articulación. Hasta ahora, lo que ha mostrado el proceso de implementación es lo contrario, el interés por pasar por encima de estos.
La “paz territorial” no tiene sentido sino dejando de nombrarla; el cambio regional solo es un resultado de la transformación misma de las prácticas del estado y de la cooperación internacional en estas tierras para evitar replicar la exotización, y con ello la colonialidad, con que los funcionarios públicos siempre han visto a la Amazonia; espacios inmensos en belleza y en riqueza donde los pobladores, cuando se ven, lucen mejor callados y mudos, y a quienes toca enseñarles cómo administrar su futuro, los bárbaros del siglo XXI.
Ya hubo un estado en América Latina que se robó una revolución y la institucionalizó en una cosa que llamó la Revolución Institucional; México ahogó cualquier indicio de transformación, a pesar de sus murales y de sus generales. En Colombia, ya intentaron “rehabilitar” con planes en la década de los ochenta estas tierras, como si fuera un problema de enderezamiento. Podría ser hora de que el estado escuche y respete la voz a los hombres y mujeres que han tenido que sobrevivir a la guerra, que propenda por su autonomía y no por, como quieren muchos, suplantar y debilitar sus voces.
[1] El plan de acción inmediata (PAI) es un acuerdo de voluntades donde el campesino y la campesina se comprometen a sustituir a cambio de un paquete de apoyo que, a pesar de tener diferencias territoriales, se basa en una mensualidad por un año de alrededor un millón de pesos, otro dinero entregado una sola vez de más o menos 9 millones de pesos para inversión productiva en sus tierras, entre otras cosas. También el gobierno se compromete a la construcción de vías, guarderías, apoyo a recolectores, a adultos mayores y a un sistema eficiente de información sobre oportunidades laborales en el campo. Es apenas la primera parte de la ruta de implementación del punto 4, porque el grueso es la construcción del Plan Integral de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), que es un acuerdo de transformación territorial que construyen las comunidades y el estado colombiano. Estos compromisos se deben incluir dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs) que corresponden a la Reforma Rural Integral, según los principios de integralidad entre el punto 1 y 4 de los acuerdos. Todos los municipios del Caquetá están priorizados para la construcción de los PDETs.
*Economista de la Universidad de los Andes (Bogotá), Maestra en Historia de la misma universidad y Doctora con Mención Honorífica en el Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, Ciudad Universitaria, Ciudad de México).