“Si se acaba la coca, esto se va a volver un mierdero”, señaló María, campesina del caserío de San Isidro, en el Caquetá. La firma del Acuerdo de Paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Santos en el Teatro Colón de Bogotá estableció una estrategia para la sustitución de la coca en Colombia, que empezó a implementarse en los territorios cocaleros de nuestro país y, entre ellos, el Caquetá. Un año y medio después de la firma de los acuerdos ¿qué ha ocurrido con el programa de sustitución?
¿Qué tan nueva es la estrategia de sustitución de hoja de coca?
“Llegó el momento de analizar si lo que hacemos en materia de lucha antidrogas es lo mejor o buscamos una alternativa más efectiva y menos costosa”, señaló Juan Manuel Santos ante Barack Obama en la Cumbre de las Américas del 2012. Posteriormente, la ley de la legalización de la marihuana medicinal abría puertas a nuevos mercados en Colombia y diferentes actores globales como la Asamblea de las Naciones Unidas (UNGASS) del 2016 daba pequeños pero importantes pasos para la regulación de otras drogas.
No obstante, la sustitución de coca ha sido una de las estrategias para el ataque a la oferta en el marco de la política prohibicionista de drogas y es la base de lo firmado en el acuerdo de paz del Teatro Colón.
Es importante reconocer que esta última estrategia de sustitución de coca avanza en comparación con las anteriores estrategias. De un lado, exige la reforma a la Ley 30 de 1986 para introducir el tratamiento penal diferencial a pequeños cultivadores y cultivadoras. También establece como base la participación activa y efectiva de los hombres y mujeres de los territorios cocaleros en el diseño y ejecución de los proyectos de vida dignos y planes de desarrollo que tienen como base el Plan de Acción Inmediata (PAI) y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA). Y por último, esta estrategia reconoce que la sustitución de coca solo se logra a través de la transformación rural del campo, lo que implica su articulación con la Reforma Rural Integral (RRI). Materializar estos principios ha sido el reto del último año y medio en el Caquetá.
Tratamiento penal diferencial
“Este proyecto de tratamiento penal diferencial va en contra de los acuerdos, de lo que se ha firmado entre las FARC y el gobierno, y en contra del mismo pueblo colombiano, porque lo que requiere es meter y encarcelar más cultivadores como narcotraficantes” , dijo un representante de la COCCAM del Cauca en una Audiencia Pública, realizada en abril, en el Congreso de la República refiriéndose al más reciente proyecto de ley propuesto por el ministerio de justicia.
Las críticas principales refieren a que no tiene en cuenta todas las personas que participan en el cultivo, como recolectores, procesadores o transportistas; a que solo hace cambios en el artículo 375 del código penal, lo que deja por fuera el 377 y el 373 por el cual también están en la cárcel campesinos y campesinas involucradas en la actividad. Y finalmente, que mientras en anteriores oportunidades campesinos y campesinas discutieron con el gobierno considerar a los pequeños cultivadores como aquellos que tenían menos de 6 hectáreas; luego esta cifra disminuyó a 3.8 pero el proyecto de ley considera que debe ser de 1.7.
Aunque es un tema central en la agenda de sustitución de hoja de coca, un año y medio después no ha sido consensuada ni hecho efectiva la reforma necesaria para eliminar las penas a cultivadores y cultivadoras de coca, y reconocer esta actividad como un “delito de pobreza”. Esto genera gran incertidumbre en los hombres y mujeres que se inscribieron en el programa de sustitución en el Caquetá.
Coca caqueteña: pocas hectáreas pero mucha gente
El área utilizada para la coca está concentrada en cuatro municipios: Cartagena del Chairá, La Montañita, el Doncello y Puerto Rico, que produce los ingresos de la cual dependen directa o indirectamente una significativa parte de la población regional.
El dato consolidado del programa en el departamento de hectáreas cultivadas es de 9.366 según personas inscritas. Esto contrasta con las 426 mil hectáreas dedicadas a la agricultura en el Caquetá según el Censo Nacional Agropecuario del 2014.
Según el CNA, los trabajadores permanentes en el área rural dispersa alcanzan los 46 mil, de los cuales 14 mil son mujeres. Calculando el número de inscritos en el programa de sustitución, da un total de 11.801. Si comparamos con las unidades agrícolas productivas censadas, estaríamos evidenciando que los y las cocaleras llegan a la cuarta parte de los trabajadores permanentes en el área rural dispersa de la región.
No es sustituir o erradicar la hoja de coca: la clave es transformar
El Caquetá es una tierra sin alimentos. La insuficiente soberanía alimentaria es resultado del modelo agrícola pecuario extensivo y las economías de la coca en el departamento, donde el área para la ganadería duplica el área dedicada a la agricultura.
Dedicaciones productivas de las unidades agropecuarias y áreas productivas del Caquetá
Este modelo atenta contra la soberanía alimentaria del departamento. Esto se refleja tanto en la dependencia a las desiguales condiciones del mercado de la leche y la carne, en la praderización del paisaje y la dieta campesina sobrecargada de azúcares y carbohidratos a falta de verduras, frutas y agua potable, en áreas rurales sin acceso a la electricidad, sin posibilidad de electrodomésticos y refrigeración. Adicionalmente, existe un circuito de dependencia monetaria que se refleja en el restringido acceso al dinero en los territorios cocaleros en los que se produce pasta base, y que para la familia campesina es necesaria en la compra de alimentos a precios inflados y la atención de emergencias.
El área de producción agrícola es dedicada principalmente a yuca, chontaduro y plátano, caña panelera y de azúcar, maíz amarillo y arroz, que representan en total el 1.9% del área cosechada a nivel nacional y el 0.9% de la producción agrícola nacional. Ante 7 millones de hectáreas de área rural dispersa que representa el 7% del total nacional y el 3% del área agropecuaria del país, los datos de producción están por debajo de lo esperado. La cuestión rural, más que la sustitución, es hacer del Caquetá un lugar soberano en términos de producción y consumo de alimentos, aún con coca.
Matices de la participación
La concentración de la coca y la dependencia de un número significativo de personas de esta economía es una buena noticia para los intereses de transformar el campo. La inversión en estos territorios se focaliza en unos espacios delimitados y que el estado puede transformar fácilmente. El corazón del Caquetá, por ejemplo, el sur de la Unión Peneya en La Montañita, es una región aislada por el nefasto estado de la vía, mas no por la distancia; 37 kilómetros desde la marginal de la selva que se recorren, si se corre con suerte, en 4 horas. El resto de caseríos hacia el sur de la Unión Peneya están a distancia de 20 kilómetros entre uno y otro, en vías que convierten la llegada en días. ¿Por qué no hay un plan de intervención sobre esta región claro y delimitado que ofrezca esperanzas de articulación a mercados campesinos dignos?
No obstante, la política de transformación rural ha estado opacada por el discurso de la sustitución y de erradicación. Ambos han hecho de la construcción de la paz, la implementación de programas y proyectos que enfrentan varias complicaciones.
Por un lado, la participación va lenta. El primer paso para el inicio del proceso de sustitución fue la firma de los Planes de Acción Inmediata (PAI) o acuerdos voluntarios, donde la comunidad se comprometía a reemplazar la coca a cambio de unos compromisos que el gobierno adquiría en términos de atención a niños y niñas, adultos mayores, brigadas de salud, seguridad alimentaria, huertas caseras y obras de infraestructura menores, entre otros.
La firma de estos acuerdos fue el primer quiebre al principio de participación y voluntariedad del punto 4 de los acuerdos, cuando las comunidades en diferentes municipios como San José del Fragua y Curillo denunciaron presiones, engaños y amedrentamiento por parte de la Fuerza Pública y el programa de sustitución en la redacción y firma de estos textos. Lo que debió ser un proceso pedagógico y de articulación de intereses, se convirtió en un ejercicio vertical de imposición de acuerdos.
Pero no todo es negativo, en estos últimos meses se crearon los comités de planeación participativa y los consejos de seguimiento y verificación que incluyen a los representantes de núcleos —la unión de juntas de acción comunal campesinas— de los diferentes municipios, a autoridades locales y el partido de la FARC. Poco a poco se están consolidando como los espacios de discusión y resolución de conflictos en el marco de este proceso.
La queja más recurrente de las organizaciones campesinas es su enorme desgaste, porque son ellas las que han sostenido económicamente su participación en socializaciones, talleres y espacios decisorios, y ahora sin coca, los ingresos son menores. Un dirigente de sustitución señaló: “nosotros hemos hecho todo el trabajo, de socialización, de caracterización y el estado no ha hecho ninguna remuneración no ha habido ningún apoyo”. Otra inconformidad es que a medida que se va implementando los acuerdos, no se ha realizado ninguna rendición de cuentas por parte del gobierno y sus contratistas ante las comunidades y la cooperación internacional que aporta en el fondo para la paz.
La legitimidad del estado: en veremos
Uno de los principios de los acuerdos de paz fue la construcción de confianza y legitimidad entre los actores. La erradicación de coca, particularmente en veredas que habían firmado la sustitución, debilitó la construcción de confianza entre las autoridades estatales y las comunidades rurales. En vez de mejorar, las relaciones se deterioraron y la desconfianza persistió. Por ejemplo, Nelly Luna, una dirigente campesina que participó en un “cerco humanitario” fue encarcelada por presunto “secuestro extorsivo” de 14 policías, y la fiscalía busca más personas que participaron. Adicionalmente en Curillo, alrededor de 300 familias están siendo parte de un proceso de extinción de dominio al ser acusados de resiembra, después de que el ejército tomó sus coordenadas en medio de la tarea de erradicación forzada realizada parcialmente por ellos.
Los problemas de erradicación lograron mitigarse por el acuerdo de respeto a los acuerdos de voluntariedad firmados construido entre el General Cesar Augusto Parra y las organizaciones campesinas. No obstante, en marzo se realizaron unas erradicaciones en San José del Fragua las cuales reactivan el temor de las comunidades, al no tener claro bajo qué criterios se decide qué lugares erradicar, por ejemplo.
A finales del año pasado se terminaron de inscribir los hombres y mujeres cocaleras al programa de sustitución, y este año esperan los pagos, que se han realizado en La Montañita, Paujil, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente, Cartagena y San José. Las verificaciones de la UNODC han sido efectivas en 6 mil hectáreas y se contrataron dos asociaciones, ASOES en Puerto Rico, y ASOPANELA en La Montañita, para proveer la asistencia técnica, que ya inició en ambos municipios. San José del Fragua está en proceso de seleccionar la asociación encargada y en La Montañita está en marcha la selección del contratista para proveer lo necesario para la seguridad alimentaria, según señaló el programa de sustitución a nivel local.
Actualmente se viven momentos de enorme incertidumbre. Hay actores no identificados que empiezan a amenazar a líderes por su apuesta en la sustitución y el mercado de la cocaína ya se está reestructurando en nuevas cadenas tras la salida de las Farc del territorio. Además, hay preocupación de que el programa de sustitución se limite a la transferencia de dinero a las familias, sin inversión social que permita la superación de los obstáculos para la producción rural.
El temor más latente es la llegada al poder del Uribismo. El nuevo presidente tiene en sus manos la política de sustitución a la que funcionarios y familias campesinas le han apostado, con dificultades pero que ya marcha. El peligro es que el cambio de los equipos de trabajos en las entidades públicas y de la estrategia, cambie los principios de lo firmado en términos de sustitución. Además, está en peligro la seguridad jurídica de miles de campesinos y campesinas que han dado su información personal a las entidades del Estado y que puede ser usada en su contra por el nuevo gobierno entrante. La primeras malas noticias tienen que ver con el gobierno saliente que ya reactiva aspersión con glifosato y el aumento de la represión sobre estos territorios. Nos enfrentamos a volver a la guerra que no extrañan y esperan dejar atrás los hombres y mujeres del Caquetá.
*Economista de la Universidad de los Andes (Bogotá), Maestra en Historia de la misma universidad y Doctora con Mención Honorífica en el Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, Ciudad Universitaria, Ciudad de México). Ganadora Premio a la Promoción de la Investigación Juan Bosch- UNESCO 2018.