El conflicto armado en Colombia ha estado relacionado con procesos de acaparamiento de tierras, vinculadas al cultivo de coca y la ganadería, en las áreas disputadas por los grupos armados, lo que ha contribuido a la expansión de la frontera agrícola, que ha resultado en la deforestación, el despojo de tierras y el desplazamiento de comunidades rurales, incluso por las fumigaciones de la coca.
Kristina Van Dexter*
La especie de pasto brachiaria, un pasto común para pastoreo de ganado, se extiende como una alfombra sin fin a través de esta parte del Putumayo. Hace treinta años esta tierra estaba cubierta por selva, explica Jesús**
“Cuando yo llegué todo esto era monte, desde allá donde se ve hasta acá; mire esa bola de monte, esos son árboles naturales que están ahí desde la creación, todo esto era así, vea así cómo se ve ese monte, y lo cortaron y lo quemaron y le sembraron pasto; quedó sólo el peladero, pero no hubo nadie que le dijera algo a la gente. Aquí la creencia de la gente es que para tener una vaca debes tener una hectárea de potrero. Si tengo cien vacas, tengo que tener cien potreros. Los potreros deben limpiarse, sin árboles.”
Con Jesús atravesamos las laderas onduladas de su finca de ganado en Puerto Guzmán, yo rezagada detrás suyo, torpemente, tropezando con grandes grupos de pasto. Cruzamos varios potreros, pasando una ceiba que se destaca solo, tal que un vestigio de los estragos dejados por los proyectos coloniales antaño implementados por los colonos. Algunas reses se reúnen bajo la sombra de un árbol solitario, vestigio de los estragos del colonialismo. Como el ganado, buscamos sombra, descansando contra la casa de madera elevada. Aquí no hay refugio de sol, el calor es casi audible, ya que los cantos de los pájaros, insectos y micos han sido silenciados. Al igual que muchos otros, Jesús emigró al Putumayo desde el interior del país, huyendo de la violencia y en busca de tierras ofrecidas a través de un programa de asentamientos patrocinado por el gobierno; también hubo rumores de empleo raspando coca aquí.
El conflicto armado en Colombia ha estado relacionado con procesos de acaparamiento de tierras, vinculadas al cultivo de coca y la ganadería, en las áreas disputadas por los grupos armados, lo que ha contribuido a la expansión de la frontera agrícola, que ha resultado en la deforestación, el despojo de tierras y el desplazamiento de comunidades rurales, incluso por las fumigaciones de la coca. Al mismo tiempo, las normas de tala de bosques y el uso de minas terrestres antipersonales impuestas por las FARC, han ejercido presión de desarrollo sobre los bosques. Además, el desplazamiento de las comunidades rurales dio como resultado la regeneración y la expansión de los bosques en algunas áreas. Sin embargo, la dinámica de uso de la tierra en el período de la transición a la paz está contribuyendo a una mayor invasión de la Amazonía, la cual está experimentando deforestación descontrolada y la expansión de la frontera agrícola.
Desde la firma del acuerdo de paz, esta región ha experimentado una mayor intrusión en la Amazonía. Según el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), las tasas de deforestación en la Amazonía aumentaron de 70.074 ha en 2016 a 144.147 en 2017. Durante este período, la mayor concentración de deforestación ha ocurrido en el noroeste de la Amazonía colombiana, en el “arco de deforestación”, que incluye los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. Esta región es parte de la “Visión Amazonía” del gobierno, un programa que busca reducir la pérdida de bosques y controlar la expansión de la frontera agrícola (Visión Amazonia, 2015). Putumayo, un territorio marginado, con una historia oscura de conflicto armado, negligencia del Estado, producción de coca, represión violenta y movilizaciones campesinas, también ha sido priorizado para la implementación de intervenciones de construcción de la paz.
La selva en el acuerdo de paz
Los actuales esfuerzos de construcción de paz de Colombia buscan frenar la expansión de la frontera agrícola, así como resolver los conflictos históricos agrarios y de tierras que han contribuido a ella. Las reformas rurales que corresponden al punto 1 del acuerdo de paz, implementado a través los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs), incluyen el ordenamiento social de la propiedad rural y el uso del suelo, y el apoyo a la producción agropecuaria y economía rural, incluso a través de la construcción de carreteras y alternativas al cultivo de coca. Dentro de los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), que deben facilitar el acceso a la tierra, la construcción de caminos y el apoyo a la producción agrícola para las comunidades rurales del Putumayo, la deforestación no se considera un tema central, a pesar del impacto potencial en los bosques.
Mediante la creación de un Fondo de Tierras, el gobierno busca abordar el problema de la concentración de la tierra, y asimismo proporcionar acceso a la tierra y titulación a las comunidades de pequeños campesinos afectados por el conflicto, incluida la tierra disponible en las Áreas de Reserva Forestal (Reserva Forestal). Para abordar el cierre de la frontera agrícola y la protección de las áreas de reserva forestal el gobierno debe implementar un plan que delimite la frontera agrícola y caracterice el uso y protección de la selva, para el desarrollo de alternativas agrícolas con las comunidades rurales que ocupan estas áreas, lo cual promueve la convivencia con la selva.
En 2018, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, junto con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Unidad de Planificación Agrícola Rural, UPRA, emitieron la Resolución 261, que define e identifica la frontera agrícola de Colombia. La definición de la frontera agrícola cumple con el punto 1 del acuerdo de paz sobre la Reforma Rural Integral (Reforma Rural Integral, RRI), que busca abordar los conflictos históricos agrarios y de tierras, y controlar la expansión de la frontera agrícola. Con 40,075,960 hectáreas, de las cuales 7,6 millones de hectáreas están destinadas a la producción agrícola, la frontera agrícola constituye “el límite de la tierra rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades agrícolas… y las áreas protegidas, aquellas de especial importancia ecológica y las otras áreas en las que Las actividades agrícolas están excluidas por ley” (UPRA, 2018). El plan que delimita la frontera agrícola y caracteriza el uso y la protección de áreas forestales para el desarrollo de alternativas agrícolas forestales con comunidades rurales que ocupan estas áreas que promueven la convivencia con los bosques. Esto tiene en cuenta que más de 2 millones de hectáreas de actividades agrícolas se desarrollan en territorios de conservación o protección ambiental, incluido el 68% en las áreas designadas como reserva forestal.
Pero la realidad es diferente. Gran parte de lo que se propuso en el punto 1 del acuerdo de paz y que busca una reforma integral del campo podría verse borrosa con las iniciativas legislativas que buscan regularlo. A pesar del reconocimiento del acuerdo de la paz de la importancia de la agricultura una pequeña escala para la consolidación de la paz y la conservación de los bosques, las políticas y la agricultura de la tierra y las redes territoriales que apuntan a transformar el modelo de desarrollo rural en Colombia hacia la producción agrícola orientada hacia los mercados globales, incentivando las inversiones en agronegocios y socavando prácticas agrícolas de los campesinos. Este modelo de desarrollo rural le apunta a la formalización de los controles de la tierra está acompañado por las reformas rurales en el marco del acuerdo de paz que se centran en la restitución de la tierra y el apoyo a la producción agrícola y la consolidación de la frontera agrícola. El desarrollo agrícola se promovió dentro de la coyuntura de los esfuerzos actuales de la construcción de la paz, se tuvo un impacto significativo en el remanente de los bosques tropicales de Colombia que han persistido durante la guerra. Además, este modelo pasa por alto el potencial más integral y transformador del conocimiento de los campesinos y las prácticas de producción agrícola que contribuyen a la conservación de la selva.
La delimitación de la frontera agrícola guiará la formulación de políticas e inversiones en la agricultura y el desarrollo rural, promoviendo “el uso eficiente de las tierras agrícolas rurales, el ordenamiento productivo y social de la propiedad rural, y el fortalecimiento de la productividad y competitividad de las actividades agrícolas” (UPRA, 2018). Las leyes y políticas recientes relacionadas con la tierra y la agricultura según un modelo de desarrollo que está orientado a los imperativos técnicos y comerciales de agro-negocio.
En particular, se espera que la actualización de la Ley de Tierras y la aprobación de la Ley de Innovación Agrícola aumenten la expansión de la frontera. Las condiciones de producción e innovación incorporadas en la Ley de Innovación Agropecuaria (Ley 1876, 2017), aprobadas por el Congreso en 2017, son acordes a economías agroindustriales, y asimismo la introducción de tecnologías para la producción agrícola, lo cual necesariamente dará lugar a alianzas asimétricas entre pequeños campesinos, asociaciones y agro-industria. Este modelo de agrícola puede estar exacerbando el acaparamiento de tierras y contribuyendo a un aumento de los conflictos por la tierra. Notablemente, no se menciona cómo la ley de tierras afectará a los bosques.
Además, la Ley de Tierras (2018), que tiene por objeto modificar la Ley 160 de 1994 sobre reforma agraria, se centra en la formalización de tierras y la indicación acerca de cómo se pueden utilizar, aunque existe una tendencia a entregar una gran parte de los “baldíos” del país a los grandes empresarios. La ley también crea nuevas cifras de uso de acuerdo con la utilización productiva y eficiente de la tierra rural, que, además de asignar el área rural para la producción agrícola, la extiende a la agroindustria. Esta nueva ley está orientada hacia un modelo agroindustrial y extractivista de desarrollo rural, y refuerza la visión que el gobierno nacional ya había desarrollado respecto de la figura de Zonas de Interés en Desarrollo Económico y Social Rural (Zidres), que puede otorgar derechos de uso de la tierra a personas que no fueron objeto de la reforma agraria y promover alianzas productivas que son desiguales para los campesinos. El modelo de las Zidres podría otorgar propiedades del Fondo de Tierras, creado en el Acuerdo de Paz, a alianzas de agricultura y agronegocios que supuestamente socavan la estabilidad social y económica del campo.
Lo que más ha complicado y socavado el proceso de reformas ha sido la llegada de nuevos grupos armados. Los líderes sociales se han convertido en objetivo de una mayor violencia que ha limitado la posibilidad de organización y participación comunitarias, esenciales para los esfuerzos de consolidación de la paz. Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal son frecuentemente apuntados como blanco. Ellos actúan como intermediarios entre las comunidades rurales y el Estado, para facilitar la implementación de programas de sustitución de coca, así como planes de desarrollo rural y procesos de restitución de tierras.
*Kristina Van Dexter ha estado llevando a cabo investigaciones etnográficas en el Putumayo, desde el año 2016, para narrar la experiencia cotidiana referida a la expansión de la frontera agrícola y la consiguiente deforestación, a medida que estas se desarrollan en el contexto de la consolidación de la paz. Su investigación está concentrada en las historias de conflictos, colaboraciones y convivencia entre los seres humanos y la Amazonía, como parte de los procesos de consolidación de la paz. Kristina es candidata a doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad George Mason. Durante más de diez años ha estado trabajando colectivamente con indígenas, agricultores campesinos, bosques, plantas, semillas y diferentes conocimientos y prácticas a través de las selvas de Borneo, en Indonesia, la cuenca del Congo y la Amazonía, para replantear las relaciones entre los humanos y los bosques en lo tocante a su mutua convivencia en tiempos de trastornos ecológicos.
Espere pronto la segunda entrega “Las selvas, víctimas de la paz”.
**El nombre ha sido cambiado para proteger al informante.
