Aún a pesar de firmar acuerdos de sustitución con el gobierno, hay cocaleros en Putumayo que esperan apoyo para la implementación de proyectos agrícolas alternativos. Al mismo tiempo, aún no está claro qué tipo de asistencia técnica se brindará y en qué medida las alternativas agrícolas considerarán la selva.
Kristina Van Dexter*
Los bosques, las víctimas de la paz
Aunque, según el Programa Nacional Integral para la Sustitución de los Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la sustitución de los cultivos de la coca incluye las acciones para la protección ambiental, que incorpora la recuperación de los suelos degradados y la promoción y la recuperación de los bosques, y también los proyectos de protección productiva rural y ambiental, como los cultivos silvopastorales. El último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU revela un aumento histórico en el cultivo de coca (registrando 177,000 ha en 2017, Putumayo entre las áreas de mayor producción) y se refiere a los impactos de la deforestación en la expansión de cultivos de coca. La obsesión con el número de hectáreas ha sido promovida en parte se debe a la presión del gobierno de los Estados Unidos ha llevado al gobierno colombiano actual a volver a las fumigaciones con glifosato, sin reconocer las condiciones de vida de los campesinos cocaleros y en la evaluación del impacto de las políticas implementadas para abordar el problema de los cultivos ilícitos de vida en las regiones donde se cultiva la coca. Mientras tanto, la fijación en el aumento de la coca oculta los avances de los campesinos que participan en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Uso Ilícito de Cultivos (PNIS). Más allá, esta decisión no tiene en cuenta los impactos en la selva. La historia ha demostrado que las fumigaciones desplazaron los cultivos de coca a otras áreas, teniendo un mayor impacto en la deforestación (otros efectos incluyen el envenenamiento de pastos, suelos y pérdida de cultivos de subsistencia, entre otros).
Sin apoyo para otras alternativas, algunos campesinos han indicado que no tienen otra opción que seguir cultivando. De acuerdo con los compromisos de erradicación de coca firmados entre los campesinos y el gobierno, la erradicación de coca se complementará con pagos y programas de sustitución de alternativas agrícolas. Si bien las familias han cumplido con la eliminación manual de cultivos de coca, todavía no se han implementado los programas de sustitución, además de lo cual, con los pagos recibidos por la erradicación de coca, algunos campesinos están invirtiendo en la producción de ganado, una transición que comenzó después de las fumigaciones en la década anterior. Además, algunos campesinos que regresan a sus tierras, muchos de los cuales han regenerado bosques secundarios (rastrojo), recibirán subsidios para la producción agrícola, incluso para la ganadería. La ganadería parece ser la única alternativa viable a la coca en esta área remota, donde la falta histórica de infraestructura y mercados han actuado como un gran impedimento para la producción y comercialización de productos agrícolas. Sin embargo, el cambio de la coca a la ganadería es parte de un problema emergente de creciente deforestación durante la transición a la paz. Un campesino de Puerto Guzmán describe las condiciones que contribuyen a esta transición:
“Vine aquí hace treinta años para plantar coca. Empecé con la ganadería una vez que la coca se vino abajo. Los campesinos aquí se cansaron de la coca, y luego comenzaron con una vaquita y un ternerito, y vieron una buena línea de economía en eso, y ahora es imparable, es preocupante. La ganadería es el boom que tenemos ahora; aquellos de nosotros que teníamos cultivos de coca estamos saliendo de una transición. Estamos en una transición, de la coca al ganado, pero el impacto ambiental no se mitiga, siempre será una característica de esto. Para ganar, digamos, hay que despejar más bosques. Y en este momento la ganadería está destruyendo más bosque que la coca.”
Temprano en la mañana los ganaderos se reúnen y esperan a lo largo de la ribera del río; esperan a que pasen las lanchas que con regularidad llegan, para transportar leche a Curillo en Caquetá. Los ganaderos llegan a caballo y en motos, acarreando contenedores de plástico azul y blanco, y cantinas de metal, llenos de leche y sujetados por cuerdas colgando de sus costados. Los ganaderos trabajan juntos para transferir la leche al interior de diversos barriles de plástico, en los botes.
“Todas las mañanas, llevo la leche aquí abajo en mi caballo; allí puedo vender 18 litros. En Curillo 20 litros tienen un valor de 18,000 pesos”, explica un agricultor. “Es una tradición aquí, la ganadería es una ideología. Sin embargo, no somos como los grandes ganaderos. Hay quienes tienen mucho ganado y están tomando mucha tierra. Para nosotros, el ganado es un medio de supervivencia. Tenemos que vivir de algo, y para vivir tenemos que derribar un árbol,” explica Jesús.
En áreas remotas del Putumayo, donde el único medio de viaje ha sido la vía fluvial —un viaje que muchas veces cuesta más que los productos que venden los campesinos— la construcción de carreteras a través de reformas ha sido demandado durante mucho tiempo por las comunidades rurales como un medio para mejorar el acceso al mercado y el apoyo a la producción agrícola de los campesinos. La reciente finalización de una carretera que conecta las veredas remotas a través de Puerto Guzmán fue elogiada por el gobierno municipal como una intervención importante de apoyo a la movilidad de productos agrícolas hacia los mercados, a la vez que un ‘fortalecimiento de la economía ganadera.’
Más abajo en el río se encuentra Mayoyoke, que fue reconocida por tener la mayor producción ganadera del Putumayo, en 2016, un premio otorgado por la asociación regional de ganadería. En 2017, el gobierno regional firmó un acuerdo con los ganaderos de Mayoyoke para desarrollar proyectos de reforestación y silvopastoreo en fincas. Dichos esfuerzos son parte de la Visión Amazonía de Colombia, la cual busca controlar la expansión agrícola enfocándose en la ganadería del “arco de deforestación” de la Amazonía. Aun así, muchos ganaderos, particularmente aquellos que viven más remotamente, no han estado involucrados. Dichos proyectos están aislados y no abordan las dinámicas más amplias del post-acuerdo, las que a su vez influyen en la ganadería de la frontera. Por otra parte, las asociaciones ganaderas, desde el nivel municipal al nacional, no han integrado tal comprensión, y continúan centrándose en la productividad. Además, existe una falta de articulación entre las iniciativas de conservación forestal, por ejemplo, implementadas bajo Visión Amazonía, con el PDET o los programas para la sustitución de coca entre otros, a pesar de las intenciones del gobierno.
Algunos campesinos y representantes de organizaciones comunitarias indican que, mientras las FARC estuvieron activas, impusieron controles estrictos sobre el uso de la tierra, prohibieron la tala de bosques y el acceso a áreas de la Reserva Forestal. La retirada de las FARC, junto con la falta de presencia estatal, ha permitido a los campesinos de los departamentos vecinos entrar en la selva y despejar la tierra. El presidente de la Junta de Acción Comunal de José María describe cómo la guerrilla de las FARC ejerció el control sobre este municipio durante la guerra. “En esta inspección las FARC lo controlaban todo. Ellos controlaban los límites, quiénes podían entrar, los problemas entre vecinos. Ellos te decían cuánta tierra podías despejar. Los campesinos tenían que pagar un porcentaje por la venta de coca, y de ganado; por la venta de queso y leche; por todo tuvimos que pagarles un impuesto”. La densa selva ofreció cobertura estratégica a las operaciones de la guerrilla. Establecieron reglas con respecto a la cantidad de bosque que se podía despejar en las fincas y también respecto de la expansión restringida de la frontera agrícola. El incumplimiento de las normas se castigaba con multas, que estaban garantizadas por la fuerza armada.
“El problema es que cuando los guerrilleros estaban aquí nadie era desconocido; ahora que los guerrilleros se fueron cualquiera puede ingresar, los campesinos vienen de todas partes y entran a la selva para establecer fincas. Aquí hay campesinos que han despejado 50, 60, 100 hectáreas de jungla y puesto pastos para la ganadería extensiva. La guerrilla se fue y la gente no tiene la presión de ellos para controlar lo que hacen con la tierra, y el gobierno tampoco está aquí para decir nada.”
La invasión de la Amazonía está ocurriendo en los “baldíos” o áreas de la Reserva Forestal, donde la tenencia de la tierra es informal. Los campesinos despejan y queman los bosques, convirtiendo la tierra en pastos de ganadería para establecer reclamos de tierras. Debido a la ausencia de autoridad y al uso de violencia contra los denunciantes la expansión agrícola continúa sin intervención. Un líder social ofreció un reporte detallado de lo que está sucediendo:
“Hay baldíos a unas 4, 5 o 6 horas de aquí, donde terminan las veredas y donde la jungla virgen del Amazonas continúa. Antes, en la jungla, las FARC no permitían el ingreso de nadie, las junglas les proporcionaban cobertura para sus operaciones. Pero ahora tenemos un problema. Los guerrilleros se han ido y los campesinos están ingresando a las selvas para hacer fincas, ranchos ganaderos. Este es el pulmón del mundo y la gente está derribando monte [jungla], talando 50, 60, 100 —cientos de hectáreas, y plantando pastos para ganadería extensiva—. Aquí no hay vigilancia, no hay control de la guerrilla, quien quiera puede entrar, y entran en estas selvas para hacer una finca, adentrándose más en la jungla, y nadie dice nada. Derriban la montaña (jungla) y plantan pastos para demostrar que han establecido un derecho sobre la tierra. La gente tiene miedo de denunciar a los grandes ganaderos. Un ganadero le ofrecerá a alguien uno o dos millones de pesos, como lo hacen con los líderes sociales, para que se callen. A veces los ganaderos matan a los líderes sociales porque estos denuncian y después el Estado no los persigue. La gente aquí mantiene la boca cerrada y [los invasores] continúan haciendo lo que están haciendo.”
También hay varios informes de que grandes terratenientes o grupos armados están comprando tierras a los campesinos que se han establecido en el Putumayo, pero que no tienen documentación legal sobre la propiedad de la tierra. Otros han hecho arreglos con los campesinos, ofreciendo dinero para convertir los bosques. Los líderes sociales también reportan amenazas de grupos armados para abandonar el proceso de sustitución y continuar cultivando coca.
“[Los grupos armados] han llegado a controlar los cultivos de coca para el tráfico de drogas. Los líderes sociales que están presionando para que se elimine la coca son elegidos como blancos. Los grupos armados están interesados en controlar el cultivo de coca y de tierras, y amenazan y asesinan a líderes sociales que apoyan la protección de los bosques y las alternativas al cultivo de coca. En este momento, si un líder dice ‘no derriben el bosque’ eso es peligroso, eso le da bala a uno [esa persona se convierte en un objetivo]”, informó un líder social.
La llegada de grupos armados también está complicando y socavando el proceso de reformas a medida que los líderes sociales se han convertido en blanco del aumento de la violencia, limitando la posibilidad de organización comunitaria y su participación esencial en los esfuerzos de consolidación de la paz. A menudo son los presidentes de las Juntas de Acción Comunal quienes actúan como intermediarios entre las comunidades rurales y el Estado, para facilitar la implementación de programas de sustitución de coca, así como planes de desarrollo rural y procesos de restitución de tierras.
El ex presidente Santos especificó que se le ha encomendado al ejército la tarea de “proteger las fronteras agrícolas”. A esto siguió el reciente anuncio hecho por la Procuraduría General de que el gobierno está definiendo una estrategia para emprender una investigación criminal de los grupos armados involucrados en la deforestación relacionada con el acaparamiento de tierras y el narcotráfico, incluso en el Putumayo. Además, el gobierno anunció recientemente la creación del Consejo Nacional para Combatir la Deforestación, en un esfuerzo por coordinar a las entidades gubernamentales responsables del control de la deforestación, incluidos los ministerios de Medio Ambiente, Defensa, Justicia, la Fiscalía General, y las Fuerzas Militares, entre otros. Dicho Consejo propondrá al Gobierno nacional políticas, planes, programas y estrategias para combatir la deforestación, incluida la coordinación de la cooperación internacional en esta área. Además, se deduce que las acciones gubernamentales para controlar la deforestación se coordinarán con las entidades territoriales, incorporando el fortalecimiento institucional de las organizaciones comunitarias y la ejecución de proyectos prioritarios en zonas de posconflicto con áreas de bosques naturales.
Figura 3. La especie de pasto brachiaria, un pasto común para pastoreo de ganado, se extiende como una alfombra sin fin
*Kristina Van Dexter ha estado llevando a cabo investigaciones etnográficas en el Putumayo, desde el año 2016, para narrar la experiencia cotidiana referida a la expansión de la frontera agrícola y la consiguiente deforestación, a medida que estas se desarrollan en el contexto de la consolidación de la paz. Su investigación está concentrada en las historias de conflictos, colaboraciones y convivencia entre los seres humanos y la Amazonía, como parte de los procesos de consolidación de la paz. Kristina es candidata a doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad George Mason. Durante más de diez años ha estado trabajando colectivamente con indígenas, agricultores campesinos, bosques, plantas, semillas y diferentes conocimientos y prácticas a través de las selvas de Borneo, en Indonesia, la cuenca del Congo y la Amazonía, para replantear las relaciones entre los humanos y los bosques en lo tocante a su mutua convivencia en tiempos de trastornos ecológicos.
Espere pronto la segunda entrega “Las selvas, víctimas de la paz”.
**El nombre ha sido cambiado para proteger al informante.
