“Éramos ocho millones y quedamos cinco hermanos” afirma Custodio Joinama, representante del pueblo bofaiza, sentado en la sala de su casa. El hilo que va desde la Conquista hasta el siglo XXI es un relato de despojo y violencia sobre esta tierra y sobre más de ocho millones de vidas si sumamos todas las naciones amazónicas, las múltiples colonizaciones desde la Conquista y las familias que han hecho ahí su vida. Mariátegui le puso calificativo “la Conquista fue, ante todo, una tremenda carnicería”. En el presente, podemos agregar que la carnicería no se ha detenido.
*Estefanía Ciro
La Amazonía es una región botín, un territorio que aceita el funcionamiento de los mercados globales ante las crisis que inevitablemente ocurren y que resuelven con nuevos “emprendimientos”: minería, petróleo, agua, tierras, monocultivos, coca, la guerra. Estas múltiples “avanzadas” tienen nombres conocidos Locomotora Minero-Energética, Zonas de Interés de Desarrollo Rural o Económico (ZIDRES), Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado (Plan Colombia), Seguridad Democrática y la reciente Paz con Legalidad y que se leen en la Amazonia como extractivismo, despojo, y un despliegue de violencia total sobre la población.
Estas “avanzadas” se resuelven en dos tareas: por un lado, en justificar la intervención sobre las regiones y por otro en resolver las tareas materiales de la extracción. Para la primera, es fundamental la manera en que el país imagina la Amazonia en la literatura, la investigación, la prensa y los discursos políticos: por ejemplo esa idea de una tierra mítica de “El Dorado” que motivó tantas expediciones, hasta la desgastada “Colombia Profunda” que intenta presentar una región ansiosa de atención y de presencia del estado.
La historia de la Amazonia es una trama de imaginarios que se activan y desactivan según los intereses económicos y políticos: la tierra sin gente, a la tierra aislada, la tierra sin ley y la tierra sin estado. De múltiples formas, su meta final es lograr extraer los recursos y justificar el uso de la violencia- principalmente estatal- en esta tarea a lo largo de una cronología extractivista que viene desde la Conquista hasta nuestros días.
Tras la Conquista, la historia económica amazónica reflejó los intereses españoles y lusitanos sobre el tráfico de esclavos, por el control de la tierra a través de encomiendas y por la extracción de oro de aluvión, de miel, vainilla, zarzaparrilla, cacao, algodón, ceras, colorantes al imponer el sistema de endeude. Las misiones entraron a controlar la mano de obra y durante el siglo XVIII, el cacao silvestre amazónico se convirtió en el producto de exportación por excelencia. En el siglo XIX, la quina abrió nuevas rutas de extracción pero la articulación definitiva se consolidó tras el surgimiento del mercado de látex que en treinta años multiplicó por seis la exportación del caucho en la Amazonia según datos de Barbara Weinstein (1983). Diferentes especies de árbol del caucho exigieron diversas formas de extracción y con esto variadas formas de control de la población y de colonización. Para principios del siglo XX, ya habían consolidados unas semillas de la configuración urbana a lo largo del piedemonte.
La crisis del mercado del caucho amazónico obligó un cambio en el régimen de producción que favoreció la transformación de élites caucheras en élites ganaderas con el apoyo del estado colombiano. Por ejemplo a cambio de los caminos del comercio del látex que habían abierto, estos capitales recibieron grandes extensiones de tierras cedidas por el estado colombiano. Los caminos se perdieron en su mayoría pero familias ganaderas, principalmente huilenses, encontrarían en las selvas amazónicas adquiridas el primer y definitivo impulso para las apertura de grandes haciendas ganaderas, como la hacienda Larandia. Las exploraciones petroleras, extracción de oro y las exploraciones botánicas – otras formas de extractivismo más sutiles pero no menos importantes- se alternaron durante el siglo XX, hasta la llegada de la coca a finales de la década de 1970. En el traslape de ambiciones extractivistas, uno de los últimos en sumarse fue el monocultivo, la palma de aceite, que se convirtió en un experimento que se intentó a mediados del siglo pero que se trasladó a la región vecina, la alti-llanura colombiana.
De otro lado, el extractivismo debe resolver las formas materiales de la extracción, lo cual no solo se ajusta a las condiciones del paisaje sino también lo transforman. Por ejemplo, el papel del río como camino de colonización, la distribución de tipos específicos de árbol de caucho o la praderización de la selva, la desaparición del agua tras la sísmica petrolera y el empobrecimiento del suelo amazónico tras la ganadería o el cultivo de coca; la presencia de naciones indígenas y de poblaciones campesinas. Es una región en la que las disputas se plasman en su paisaje y en la vida de su gente.
Paralelamente, las formas materiales de la extracción se resuelven con un control pleno del territorio y la apuesta estatal para lograr esto- o acompañar a quienes lo quieren lograr- es a partir de la violencia: el despojo, el desplazamiento y los teatros de operaciones de la guerra.
Imaginarios y militarización, una estrategia cívico-militar, son las dos palancas claves para asegurar el extractivismo y la creación de fortunas, y explica a la Amazonia como un espacio en disputa al nivel geopolítico global como lo expresó Juan Bosch del Caribe: una frontera imperial.
Sol y Arena en el Río Guaviare. Foto: Estefanía Ciro.
¿Tierra sin gente?
Una preocupación central del extractivismo en la Amazonia ha sido el control de la población. Durante la Conquista algunos datos indican una población aproximada de las tierras bajas de Suramérica de 14.5 millones de personas, pero el imaginario- desde las pampas argentinas hasta las selvas amazónicas- ha sido repetir sin cansancio que son tierras sin gente.
La Corona española y la portuguesa junto con la Iglesia Católica lanzaron toda serie de campañas por el control de los hombres y mujeres habitantes de las selvas amazónicas: “pacificaciones”, “guerras justas”, “rescates” de indígenas para fundar las primeras poblaciones. Una de esas campañas inicia en el Magdalena y busca la fundación del Espíritu Santo del Caguán en la primera colonización del Caguán, las campañas de penetración sobre el río Caquetá, la búsqueda del control del río Amazonas por parte de los portugueses y la instalación de la Misión en el Putumayo o la consolidación de la Capitanía de San José de Río Negro, sobre el Vaupés, Araracuara y los Chorros de Cupatí, como señala Roberto Pineda.
La cronología de la historia de la Amazonia suele leerse en clave de productos de extracción, un sistema eficiente para los capitales instalados en Londres, pero absolutamente trágico para los miles de pueblos que habitaban nuestras tierras. La contraparte menos conocida son los relatos de resistencia y emancipación como las múltiples destrucciones de los poblados en Putumayo, cuando levantamientos tamas y andakíes destruyen Mocoa en 1663, como la rebelión de 1721 donde se asesinaron varios misioneros y la de 1790 donde se acabó con lo poco que quedaba de las misiones españolas o la destrucción de Simancas a finales del siglo XVII como relata Roberto Pineda. Aún se recuerda la insurrección del capitan Yarocamena – del grupo Bopaita- uno de los movimientos de resistencia más notables de la Amazonia contra la Casa Arana, que ocurrió en el Alto Cahuinarí entre un grupo de uitotos contra caucheros y el ejército peruano a principios del siglo XX. Cinco siglos después, según datos de SIAT, entre el Amazonas, Guaviare, Guainía, Caquetá, Putumayo, Vaupés y Vichada se suman aproximadamente 111 mil personas pertenecientes a las diversas naciones indígenas en la Amazonia (SIAT).
¿Tierra aislada?
Contradictoriamente, a partir de la Conquista, se instauró la idea de la Amazonia como “la tierra aislada”: “su subdesarrollo es causada por su aislamiento”. Sus pobladores señalados de “incivilizados”, extraños seres desconectados del mundo. Pero la quina extraída de estas tierras curaba la malaria que permitió a los imperios colonizar los territorios tropicales; el caucho ofreció los insumos fundamentales para la reproducción del modelo económico fordista; la hacienda Larandia fue uno de los primeros enclaves ganaderos que exportaba ganado desde su propio aeropuerto en la primera mitad del siglo XX, la Casa Arana fue el complejo extractivo reconocido por lo sanguinario tenía su base de cotización en Londres. Hoy por hoy, una cuarta parte del área cultivada de coca en el mundo está en la Amazonia por lo que la hace partícipe de un importante mercado global, el de la cocaína.
Es así que la pregunta no es si está conectado o no, sino de qué forma esta región ha sido articulada a la reproducción de riqueza/pobreza global. Por supuesto ha sido subordinada en la repartición de la riqueza pero es el corazón latente de extracción. Superar la idea de la “Colombia profunda”- ajena, aislada- y reflexionar cómo esta imagen sirve para opacar la vinculación orgánica de estos territorios con las dinámicas nacionales y globales y cómo se expresan en estos territorios las contradicciones del extractivismo global y los mercados internacionales.
¿Tierra sin estado?
Con La Conquista, el Reino de España y Portugal iniciaron una extensión de relaciones de poder sobre la Amazonia. La extracción de recursos requería presencia sobre el territorio y la declaración de la propiedad de esas tierras. El Tratado de Tordesillas delimitó qué pertenecía a los españoles y qué pertenecía a los portugueses y se usaron las misiones católicas, de lado y lado, para el control de la población. Las revoluciones de independencia alejaron décadas el poder de una figura de autoridad en el territorio hasta que formados los estados republicanos, empezaron a extender las relaciones de explotación, las autoridades y las figuras de administración directas e indirectas. A finales del siglo XIX inician las discusiones por delimitar la Amazonia colombiana con los países vecinos, mientras tanto los cónsules ad honorem eran caucheros que representaban al estado en las fronteras. El Concordato con las Iglesia Católica estableció una figura de administración por delegación de capuchinos, jesuitas, franciscanos y consolatos en el sur del país mientras poco a poco, para principios del siglo XX, la autoridad estatal, las oficinas, las rentas locales y demás estrategias de control iban expandiéndose en el territorio. Los Territorios Nacionales se dividieron en Comisarías e Intendencias, figura que permaneció hasta la década de 1980 cuando se convirtieron en Departamentos, alcanzando el mismo estatus administrativo que el resto del país. Misioneros, Rafael Reyes, Misael Pastrana Pastrana, Oliverio Lara, la familia Turbay encarnan las prácticas de la relación extractivismo, colonización, autoridad estatal e institucionalidad nacional que han articulado a la Amazonia desde el siglo XIX. A pesar de estas presencias, ocurren situaciones como la siguiente: la primera colonización que se intentó en la región del Caguán fue en el siglo XVI. Aún en el siglo XXI no se sabe quién ejerce la autoridad; la explicación cómoda es que es una “tierra sin estado”.
La población campesina se movilizó en 1977, posteriormente en 1986, en 1996 y en el 2016. Desde las primeras movilizaciones campesinas ante las erradicaciones forzadas como la de 1986 en el Guaviare han venido repitiendo las mismas demandas: no a la militarización, sí a las oportunidades productivas en sus territorios. El estado ha sido visto como un actor maltratador y hostil. El país no solo no escuchó sino que respondió que el problema es que la Amazonia “es subdesarrollada porque no tiene Estado”, y se inauguró la justificación de la violencia del Plan Colombia, Plan Patriota y Plan Consolidación: el discurso del “estado ausente”, el “estado que no llega”. La discusión urgente de qué tipo de Estado era el que se necesitaba construir se aplanó con el “falta más estado” aunque pobladores siguen insistiendo – sin ser escuchados- “lo único que da acá el estado es bala”. El recorrido de intervención militar en la Amazonia en amplia: desde las colonias penales que fungieron como estrategias de colonización, pasando por el incremento de presencia militar ante la Guerra con el Perú en 1932-33, el aumento de la militarización y represión durante el Estatuto de Seguridad, la instalación de bases militares como Larandia (antigua Hacienda) y posteriormente Tres Esquinas, la inauguración de la estrategia anti-narcóticos y anti-insurgente que alcanza su máximo nivel durante la firma del Plan Colombia y el periodo del gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) hasta los más recientes ejercicios militares conjuntos entre el Comando Sur de los Estados Unidos, Perú, Brasil y Colombia en la Amazonia en el 2017.
La inversión del Plan Colombia en los últimos años aumentó la presencia militar del ejército colombiano, al igual que la inversión de cooperación internacional para proyectos de desarrollo. Después de miles de dólares en ambas estrategias, actualmente tenemos una región en un conflicto en potencia, sin el cumplimiento de las garantías constitucionales de desarrollo y bienestar y bajo un sistema de cooptación de la sociedad civil que impide la organización política más allá de lo inscrito bajo la sombra e intereses de la cooperación internacional.
¿Tierra sin ley?
La colonización amazónica en el siglo XX se sostuvo sobre formas de regulación territorial como juntas de acción comunal levantadas con el esfuerzo de las familias campesinas. Paralelamente, el estado colombiano iba delegando la administración de servicios en la Iglesia Católica (desde el Concordato que funda la Misión del Caquetá en 1887) y las instituciones del estado se iban centralizando en las capitales, surgían las asociaciones gremiales, llegaban las multinacionales, Nestlé (1974) y las petroleras como la Texas Petroleum Company que hizo presencia en Putumayo entre 1963 y 1981 cediéndola posteriormente a Ecopetrol, las propuestas de la FAO para la colonización amazónica, las estrategias de la Caja Agraria para apoyar esta colonización (1956) y enormes préstamos para la colonización dirigida por parte del Banco Mundial (1970´s). Tras el ataque a Marquetalia (1964) y los ataques a El Pato (Caquetá, 1965), se llevan a cabo la I y II Conferencia Guerrillera donde se fundan las FARC, que van a tener expandir su presencia desde San Vicente del Caguán. El M-19 había decidido expandir su influencia creando el Bloque Sur y el M-19 a finales de la década del setenta y principio del 80, empujan la creación del Bloque Sur que cae tras la arremetida represora estado colombiano durante la Guerra del Caquetá en el marco del Estatuto de Seguridad de Turbay.
En la década de 1980, la economía de las drogas se expandió por todo el país, incluyendo la Amazonia, la cual se convirtió en un lugar de disputa de la producción de cocaína haciendo crecer exponencialmente los conflictos que venían de décadas atrás. Las crisis agrícolas, el fracaso de los proyectos de colonización dirigida, la imposibilidad de construir un mercado regional agrícola y las contradicciones entre el pequeño propietario y la gran hacienda fueron el caldo de cultivo para la expansión de la actividad cocalera; las familias campesinas encontraron en la coca una actividad con la que aliviaban el hambre y superaban la falta de infraestructura rural que les impedía vivir de otras actividades rurales. Las grandes plantaciones de coca y los laboratorios controlados por los cárteles pronto entraron en disputa con las FARC, lo que causó más derramamiento de sangre. La guerrilla de las FARC iniciaron su rol de control territorial policivo, a impartir justicia y regular los territorios considerados “ilegales” por el estado colombiano, a los cuales solo llegaban con la fuerza y represión. La década de los noventa hizo converger la lucha “anti-drogas” y la lucha anti-insurgente y se lanzó una enorme estrategia de aspersión aérea con glifosato lo que movilizó en 1996 a miles de campesinos en Guaviare, Putumayo y Caquetá en una de las marchas más importantes de la historia del país. De los acuerdos resultantes de las negociaciones- mejoramiento de la productividad agrícola y bienestar de las poblaciones campesinas- el estado nunca cumplió nada.
En 1998 se firmó el Plan Colombia y se iniciaron las negociaciones de paz con las FARC del Caguán, pero a la vez se expandía la amenaza paramilitar por diferentes departamentos amazónicos como la masacre de Mapiripán, entre el 15 y 20 de Julio de 1997, después de que un avión procedente del Urabá antioqueño con paramilitares entrenados en las fincas de los hermanos Castaño aterrizara en San José del Guaviare; a Villagarzón, Putumayo, llegó el primer grupo paramilitar en 1997 y bajo el mando de Macaco en 1999 se cometen dos masacres: El Tigre y El Placer. Estos van a hacer presencia como Bloque Sur Putumayo, Bloques Sur Andaquíes principalmente en el sur del Caquetá o el Bloque Centauros en el Guaviare y la alti-llanura. La pelea por el control territorial y de la población entre enemigos aumentó la estigmatización y el señalamiento. La economía política del conflicto también adquirió mayor complejidad, donde la disputa por acceso a recursos para financiar la guerra se convirtió también en una competencia.
El imaginario de nación clasifica a la Amazonia como un tierra sin ley, donde el “subdesarrollo se explica por la falta de cultura de la legalidad”, pero la cotidianidad es otra: familias campesinas que conocían muy bien los límites invisibles de las múltiples legalidades que atravesaban desde su parcela hasta el pueblo; para qué servía el alcalde, el comandante paramilitar o guerrillero, cómo se evitaba la delincuencia o se soportaba el retén del ejército en su vereda, qué pedir al diputado o al representante a la cámara, qué obedecer, qué negociar y qué exigir.
¿Cómo entender la ley en estos contextos? Para el estado colombiano, en la tierra sin ley solo había “ilegales”, “colonos sin raíces”, “sin educación”, a quiénes “hay que llevarles la legalidad”. La división entre la Colombia legal e ilegal ha sido afín al teatro de operaciones de “la guerra contra las drogas” y la lucha anti-insurgente, al operar como un mecanismo que desactiva los derechos y garantías constitucionales de la población amazónica.
Niños de El Capricho- Guaviare en la Biblioteca Pública Municipal. Foto: Estefanía Ciro.
Tierra en disputa antes y después del posacuerdo
Frente a los retos de la implementación de los acuerdos de paz, uno de los errores fue creer que la paz se construía sobre territorios en tabula rasa. Participación comunitaria, paz territorial, enfoque de género, todos se estrellaron con los obstáculos de una región que apenas salía de la desconfianza y la hostilidad del Plan Colombia y cuyas contradicciones persisten, atizando la reactivación del conflicto pero con nuevas (a)simetrías de poder. ¿Qué está en disputa?
El traslape de los mapas de las dinámicas extractivistas están estrechamente relacionadas con las del conflicto y el teatro de operaciones de las fuerzas militares y el paramilitarismo. La militarización y la arremetida paramilitar durante el Plan Colombia permitió que zonas de interés para la extracción petrolera fueran “liberadas” de la presencia de las FARC como en el Corredor Fronterizo Puerto Vega-Teteyé, vereda La Alea, corregimiento La Castellana, la zona rural de Puerto Guzmán, Piñuña Negro y Puerto Ospina (CNMH). El control del negocio de la pasta base se reflejó en las masacres de El Tigre y El Placer y en la arremetida del Ejército en el 2004 a la Unión Peneya y Peñas Coloradas en el Río Caguán.
El resultado ha sido múltiple. Por un lado, un modelo extractivo insostenible en términos ambientales y sociales. La gran propiedad y los conflictos minero energéticos avanzan a ritmos dispares y con estrategias diferenciadas acaparando los departamentos amazónicos que todavía tienen porcentajes en bosques (89% del total del área rural dispersa) pero que se deterioran a ritmos acelerados (DANE, 2014). Esos bosques son transformados en pastos (2 millones de hectáreas de las cuales está la mitad en el Caquetá) y en rastrojos (1 millón de hectáreas concentradas en Putumayo y Caquetá), lo que contrasta con un pequeño uso de suelo agrícola que apenas alcanza las 400 mil de hectáreas y que produce principalmente caña panelera, plátano y yuca, haciendo evidente la enorme crisis de la soberanía alimentaria regional (DANE 2014).
La incapacidad estatal para resolver los nudos de la colonización amazónica y la demanda de un mercado global generan las condiciones para la expansión de los cultivos de coca, que llegaron a la región a principios de la década del ochenta y tuvieron su pico con 110 mil hectáreas en el año 2000. Después de de una baja de 20 mil hectáreas entre 2010 y 2012, aumentó a casi 50 mil hectáreas en el 2017. La aspersión con glifosato se ensañó con esta región, a la que se le asperjaron alrededor de 600 mil hectáreas entre el 2001 y 2015, más del área total agrícola amazónico.
La ganadería, para el 2014, contaba con 1 millón 300 mil cabezas de ganado, es decir, tres hectáreas de pastos por cabeza. El Caquetá es la cuenca regional más importante que suma el número de cabezas de Vichada, Guaviare y Putumayo. La dupla coca-ganadería se convierte en la expresión de la incapacidad productiva rural de esta región y la contradicción entre la gran propiedad y pequeñas parcelas colonizadoras o de subsistencia. En muchos territorios, a esta dupla se le suman los enclaves de monocultivos como los de palma de aceite, que vienen avanzando en Guaviare como semillas de agresivos y ambiciosos acaparamientos. Estas variables todas están por explicar la alarmante tasa de deforestación que está ocurriendo en el Caquetá y en el Guaviare, relacionadas con enormes capitales que buscan imponer modelos de desposesión sobre enormes bosques que quedaron a merced del capital tras la salida de las FARC.
El nudo agrícola no estaría completo sin las otras formas de extractivismo como las que se desarrollan en el Putumayo, donde la mezcla coca y petróleo ha causado un agresivo modo de explotación y violencia sobre las poblaciones indígenas y campesinas y que también amenaza con extenderse al Caquetá, con la negociación de más de 40 bloques petroleros que dividen todo el departamento y que el mismo mes de la firma del plebiscito por la paz en el 2016, concluía las primeras rondas de sísmica del Bloque el Nogal acompañadas del ataque del ESMAD sobre cientos de familias campesinas que se oponían. La alarma sobre la contaminación por mercurio del río Caquetá ante la extracción de oro causando enfermedades a su paso es otro de los asuntos urgentes.
En la tierra en disputa, la población indígena y campesina ha sido la principal víctima a través de la exclusión económica, criminalización política y de los actos violentos en medio del conflicto. Según el Centro de Memoria Histórica, se contabilizan alrededor de diez atentados terroristas principalmente en el Caquetá entre 1999 y el 2005; 45 ataques a poblaciones, 728 asesinatos selectivos entre 1981 y 2012; 301 civiles muertos entre 1988 y 2012; 220 ataques a bienes civiles; 1389 víctimas de minas anti persona entre 1984 y 2013; 82 masacres entre 1980 y 2011 y 1702 secuestros entre 1977 y 2010. Todos estos datos en la que han sido parte todos los actores armados y con el enorme riesgo del subregistro. El desplazamiento forzado, principal acto de victimización en la región, es la forma trágica en la que se materializa el extractivismo disimulado bajo la ilusión de la tierra sin gente, la tierra aislada, la tierra sin ley y la tierra sin estado de la “guerra contra las drogas” y la lucha anti-insurgente.
La alerta en los próximos cuatro años quedó impresa en el Plan Nacional de Desarrollo cuando se anuncia que la mitad del crecimiento económico esperado provendrá del “choque petrolero” y de regalías, como lo señaló Mario Valencia en su columna (Dinero). El extractivismo no se detiene.
Datos importantes
Los rubros de la Amazonia, entre la extracción petrolera y la administración pública.
El principal rubro del PIB del Caquetá corresponde a la administración pública y defensa; la seguridad social de afiliación obligatoria con un 23%. Le sigue Construcción con un 13.2% (2014). La producción pecuaria alcanzó apenas un 8.3% y el cultivo agrícola el 3%. Por el contrario en los departamentos del Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada la principal actividad económica que le aporta al PIB es la extracción de petróleo crudo y de gas natural, y actividades relacionadas con un 43.1%, seguida por la administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatorio con el 13.4%. La producción agrícola apenas llega a un 1.9%. Fuente ICER Banco de la República.
Andando los mismos caminos del Plan Nacional de Rehabilitación
Uno de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el Caquetá es el de Aguabonita, en el municipio de La Montañita, al cual se llega por una vía que se intervino y descapotó durante el Plan Nacional de Rehabilitación en 1987 en el Fondo Proyectos Especiales con un costo total de 1 millón 650 mil pesos. Treinta años después esta vía fue protagonista de un nuevo impulso de construcción de paz en el país y sigue estando en pésimas condiciones. (Consejería Presidencial para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación y la Secretaría de Integración Popular del Departamento administrativo de la Presidencia de la República, 1988).
Avances a dos años de firma de amnistía
El Plan Nacional de Rehabilitación en el marco de la Ley 35 de 1982 para guerrilleros amnistiados otorgó entre Julio de 1983 y 1984 cuatro predios en el Caquetá: Itarka (636 hectáreas que costó 28 mil pesos), Germania- Balcanes (3058 hectáreas que costaron 53 mil pesos), Jordán- El Carmen (451 hectáreas que costaron 14.554 pesos) y Florida (764 que costaron 14.800 pesos). Para esa misma fecha, se había acumulado la adjudicación de tierra a 66 personas (4186 has), se habían titulado 907 baldíos (37.000 has) en el Caquetá y 690 en Nariño-Putumayo (19.861 has). Se había dado asistencia técnica a 7.681 familias en el Caquetá y 468 familias en el Meta-Guaviare. A dos años de la firma de los acuerdos de paz con las FARC en el 2016, los PDETs no arrancan aún.
Una paz que se posterga, conflicto que se expande
Durante la Ley 35 de 1982, se escogieron municipios en zonas afectadas para incluirlos en el Plan Nacional de Rehabilitación. Comparando las zonas priorizadas en 1984 y los 170 municipios que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en la Amazonia, los municipios intervenidos en planes en el marco de acuerdos de paz han aumentado. En el Caquetá, se han sumado Curillo, Solita y San José del Fragua, en Guaviare antes solo involucraba a San José del Guaviare y actualmente Calamar, el Retorno y Miraflores también hacen parte de los municipios PDET. Putumayo solo tenía cuatro municipios en el Plan Nacional de Rehabilitación (Colón, San Francisco, Santiago, Puerto Leguízamo y Sibundoy) y actualmente 8 municipios más se suman a la intervención del estado en el marco de los acuerdos de paz con las FARC.
Recuadros
El río Amazonas era y sigue siendo el camino de comunicación de los mercados globales y no ha dejado esas auras de atracción que comunica sus tragedias al ser fronteras imperiales con las del río Congo del Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad, el de Apocalypse Now en la Guerra de Vietnam de Francis Ford Coppola, las de Aguirre, la ira de Dios o Fitzcarraldo de Werner Herzog y el Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra; la disputa por el marfil, la confrontación ideológica, por el caucho y por el conocimiento ancestral están conectadas bajo el sino imperial.
*Escrito en Febrero del 2018 para Revista Semana.
Foto de Portada: Marco Tobón
