Bladimir Carabali*
Colombia es uno de los países con la mayor desigualdad económica en el mundo y con un
nivel de pobreza extremadamente preocupante. Según el Banco Mundial, la pobreza aumentó
un 5% en la pandemia. De hecho, la pandemia ha producido un escenario catastrófico con 3,5
millones de colombianos en la hambruna y arrojados a la desesperación económica desde 2020. Este resultado es escandaloso porque la pobreza monetaria registró una proporción de
35% para el total nacional en 2019, mientras que el departamento del Chocó alcanzó un 68%
(Gran Encuesta Integrada de Hogares, 2018-2019) ¡Si!, 68% de colombianas y colombianos
agredidos en su dignidad en un único pedazo del territorio. El racismo esconde lo que el Chocó
desnuda ante el mundo. Ahí en esta geografía del privilegio delineada por el Estado.
En la coyuntura electoral actual de Colombia han sido pocas las voces, a excepción de Francia
Márquez, que han enfatizado en el racismo estructural. Son los mismos movimientos u
organizaciones de poblaciones afro o indígenas que defienden la necesidad de priorizar e
incorporar en la discusión nacional el racismo. En ese sentido, quisiera argumentar que no hay
proyecto nacional posible si olvidamos el efecto histórico de la trata esclava sobre las
poblaciones autodenominadas afrocolombianas o racializadas como negros, hecho que fue
reconocido oficialmente desde los finales del siglo XX (al menos en la constitución de 1991).
La lógica inhumana de la racialización , impuesta desde la colonia, ha tenido efectos perversos
en las vidas de las poblaciones negras o afrocolombianas. En términos macro, no es un
resultado aleatorio que, en medio de la pobreza que históricamente ha afrontado Colombia, los
afrocolombianos e indígenas presenten los indicadores más bajos en acceso a salud y
educación, y los más alto en empleos informales o precarios, cuando es posible medir sus
condiciones socioeconómicas. En términos micro, las repetidas agresiones en la vida cotidiana
les imponen las prejuiciosas etiquetas de “ladrones”, “perezosos”, “irresponsables” o “incultos”,
o cosifican sus cuerpos como sexualmente disponibles, promiscuos o sin moral. Esta cadena
de insultos se manifiesta también en la composición de la élite académica. ¿Quién puede ir a la
universidad? ¿Quién hace parte de la inteliguentsia nacional? ¿Quién formula las políticas
públicas desde las oficinas de Bogotá? El sistema que impide a la gente negra ascender a la universidad es el mismo que impone la tan cuestionada meritocracia para participar de la vida
de la nación.
Enfrentar los problemas de las poblaciones racializadas en Colombia conlleva a combatir al
menos dos grandes grupos ideológicos que actúan en esta sociedad: Los que consideran que
los procesos históricos no afectan al imponer cargas sobre la vida de las personas. En ese
sentido, las condiciones socioeconómicas actuales de las personas son el resultado de los
esfuerzos individuales (“los negros son pobres por perezosos”). Un segundo grupo reconoce
algunos hechos de la historia como determinantes de las condiciones de vidas de la sociedad
colombiana, pero la racialización no es considerada como una causa principal, sino apenas la
desigual estructura de clase. Si quisiéramos ubicar esas dos perspectivas ideológicas en las
visiones políticas tradicionales, el primer grupo se puede considerar de la derecha y el
segundo, en gran medida, de militantes de las izquierdas.
Desde mi punto de vista, no podemos dejar por fuera del debate público la perspectiva política
de la racialización (1) ya que los problemas colombianos son en gran parte generados en el
racismo estructural. Entiéndase este concepto como la acción política para inviabilizar o
condicionar cómo, dónde y hasta cuándo deben vivir las personas racializadas. Es decir, el
racismo estructural explica por qué en una ciudad como Buenaventura, donde se localiza el
puerto más importante de Colombia, sus pobladores afrocolombianos no tengan acceso a agua
potable, mientras toda la economía relacionada directamente con la logística portuaria pueda
acceder 24 horas a este servicio de uso vital. Asimismo, el racismo estructural explica por qué
las grandes obras de infraestructura benefician principalmente a los puertos mientras el
departamento del Chocó, a pesar del boom minero de los años 40’s, no ha logrado cambios
significativos en las condiciones vida de sus pobladores. Estos no son accidentes históricos o
fenómenos teológicos que afectan la población afrocolombiana.
La verdad es que promocionar las condiciones de vida digna a las poblaciones racializadas
nunca ha sido una prioridad de las élites colombianas. Han condicionado la vida de las
personas negras e indígenas a migajas de donaciones, a cantilenas de lágrimas cínicas
después de las tragedias – recuérdese que el Covid19 le reveló a la sociedad colombiana que
el departamento del Chocó no contaba con camas en la UCI -, o al humanismo trágico de ofrecer cursos o capacitaciones en trabajos mal pagados que no generan cambios
estructurales en sus vidas. Y como cereza del pastel, la violencia armada terminó tomándose
sus territorios. Ha sido tan grande la desfachatez de la élite política y económica, que la última
cumbre del pacífico donde se discute la perspectiva de comercio internacional decidieron
realizarla en ciudad de la costa atlántica colombiana ¿Por qué?
Cabe aquí una pregunta, ¿los problemas de las poblaciones racializadas se resuelven
combatiendo la pobreza en Colombia? La historia muestra que no (2) . Un claro ejemplo son los
Estados Unidos, un país rico y un nivel de pobreza bajo, pero racializado. Aunque la población
blanca/mestiza presente el mayor número de personas en condición de pobreza, la población
negra es proporcionalmente (número de personas pobres afrocolombiana / Total de la
población Afrocolombiana) superior en las estadísticas de la pobreza. Los indicadores de vida
por la condición racial muestran a los afroamericanos en las peores condiciones; también en
países suramericanos como Brasil los resultados son similares. Ahí el país de la democracia
racial, el racismo no deja la pobreza bajar. El racismo es una máquina de producir pobres
segregados en las favelas. De ahí la importancia de un pacto político por las vidas negras,
sobre todo en el panorama que se vive en Colombia.
Es inaceptable que los candidatos a la presidencia de la república, o al congreso, no
reconozcan los efectos del racismo en pleno siglo XXI. El gran enigma es identificar a qué
responde sus posturas negacionistas frente a la población racializada: ¿desconocimiento?,
¿Ignorancia deliberada?, ¿o sesgo por su perspectiva ideológica? El primero y el segundo
podemos atenderlos; mientras el ultimo requiere ser enfrentado con algunas herramientas
políticas, entre ellas el voto consciente. En ese sentido, la disputa política de candidatos
negras o identificadas con la lucha negra debe estar encaminada hacia la justicia racial. La
cuestión central es que cuando hablamos de justicia racial no consideramos solamente los
grupos racializados sino todas las personas o grupos marginados de la sociedad colombiana.
Si las gentes negras son “las últimas de la fila después de nadie” entonces la apuesta en esto
requiere considerar no solamente la gente negra, sino a la “fila” en sí misma como problema a
ser solucionado. La metáfora de la fila sirve como indicativo de las deudas pendientes con
todos los segmentos sociales, y de manera preferencial y urgente, con la población negra. Una
justicia racial debe cuestionar la meritocracia; la sociedad colombiana debe reconocer y aceptar los saberes, las diferentes perspectivas y las potencialidades para incluir a todos y todas en el
proyecto de nación.
En esta perspectiva, la política pública racial debe derrumbar los efectos generados por el
proceso histórico de la racialización y garantizar los derechos de su condición de ciudadanos.
Es decir, el principal destino de los jóvenes pobres marginados no debe ser la muerte homicida;
la principal opción de empleos de la mujer negra no debe ser el trabajo doméstico; las causas
de muerte evitables y prevenibles deben desaparecer de la estadística. Los niños y las niñas
deben tener comida en el plato para estudiar en paz. Es decir, una política pública
fundamentada en la democracia sustantiva debe dignificar la vida de quienes fueron,
ideológicamente, deshumanizados y que son continuamente irrespetados en la vida cotidiana.
La pregunta a los candidatos a la Casa de Nariño es sencilla y a la vez alarmante si uno tiene
consciencia histórica de las luchas negras por la emancipación plena. ¿Debemos seguir siendo
los condenados de la tierra?
Nota: Interesante conocer las posturas políticas de las candidatas o candidatos al Congreso de
la República de Colombia. No todas las personas con una pigmentación negra representan las
luchas de la población racializada. Existe mucha piel negra con máscara blanca.
(1) La racialización se entiende como la invención de los europeos de constituir la ideología de las razas humana para someter o doblegar a las peores condiciones a la población del continente africano y alcanzar sus objetivos económicos.
(2) Desconozco el autor, pero define mi idea: “No somos discriminados porque somos pobres. Somos pobres porque somos discriminados y la base de la discriminación es el racismo”
*Es doctor en Demografía por la Universidad Estadual de Campinas/Unicamp y autor de
diversos estudios sobre demografía, patrones de mortalidad y expectativa de vida negra en
Colombia.
