Sammy Sanchez Garavito*
El pasado 18 de septiembre de 2021 se realizó un operativo bajo la Campaña Mayor Artemisa en el Cabildo Indígena Amazónico La Esperanza, el cual se encuentra entre el resguardo Yaguará II, el Triunfo, el Camuya y la zona de ampliación del PNN Chiribiquete entre el Caquetá y Guaviare. Ayer, 5 de abril de 2022 mientras se realizaba una reunión gestionada por la Defensoría del Pueblo para hablar sobre los hechos ocurridos a principios de marzo de este año en la vereda el Triunfo y las afectaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario sobre las comunidades campesinas e indígenas por la Campaña Artemisa, -operativo militar adelantado por el gobierno de Iván Duque desde el 2019- y desde el cual pretende frenar la deforestación con acciones militares enfocadas en la región de la Macarena y el Chiribiquete fue capturado Reynaldo Quebrada Quilcue. La historia de esta pequeña comunidad Nasa, es un repertorio de violencias que incluye desplazamientos forzados, amenazas de muerte, asesinatos de comuneros y atentados contra sus lideres.
La llegada y el conflicto armado
Los primeros indígenas Nasa llegaron en 1945 liderados por Felipe Quilcue y se establecieron en Guacamayas. Hacia 1948 llega otra familia Nasa al Caquetá, los Quebrada, sus miembros se instalaron en la vereda La Música y allí permanecieron 33 años sembrando yuca, cebolla, maíz y arroz. En los años 70, llega otro grupo étnico al Yari: los Pijaos, esta comunidad fue trasladada por el gobierno colombiano en aviones DC3 de la Fuerza Aérea Colombiana, venían del resguardo Yaguará I en Ortega, Tolima, se establecieron en el Yari y fundaron lo que hoy es el Yaguara II; esta comunidad se estaba movilizando para reclamar sus tierras, esto fue un proceso de colonización dirigida por el estado a las Sabanas del Yarí. El gobierno les proporcionó comida durante 3 años y luego fueron abandonados a su suerte. En el Yari ya estaban asentados los Tucanos y Piratapuyos, comunidades que constituirían lo que hoy es el resguardo Yaguará II y que fue legalizado por el Incora en el año 1995 como un resguardo interétnico.
En 1978 los Nasa se mudan de la vereda la Música en Guacamayas, región que hace parte de San Vicente del Caguán a la vereda Mirolindo; los nuevos habitantes de esta vereda, eran los mismos que llegaron a Guacamayas: Los Quebrada y los descendientes de los Quincué. En la Vereda la Música de Guacamayas había solo una familia Nasa y fueron quienes impulsaron la fundación del cabildo en la vereda Veracruz, propuesta que fue rechazada por los campesinos. Sin embargo, los indígenas seguían con la intención de fundar el cabildo y es así como se crea el resguardo de Altamira en el Alto Pato. A este resguardo también llegaron familias desplazadas luego de la avalancha sufrida en el año 1994 en Páez, Belalcázar en el departamento del Cauca. Del resguardo de Altamira varias familias de los Nasa salen desplazados en 2007, después del asesinato de dos comuneros por parte de las FARC.
La misma guerrilla de las FARC que había victimizado y desplazado a los Nasa del resguardo Altamira, organizó su relocalización, los recogieron, les prestaron plata y se instalaron en el resguardo indígena Yaguara II del Yari. Los Pijaos, los mismos que llegaron en la década de los 70, salieron desplazados por las FARC en el año 2004. Por su parte, los Nasa habían poblado el resguardo en ausencia de los Pijaos y establecieron algunas relaciones con familias de las etnias Tucanos y Piratapuyos. Después de llegar a la reubicación, por inclemencias del tiempo invernal y los desbordamientos del río la Tunia, algunas familias decidieron abandonar Yaguara II. Solo 6 familias Nasa se mantuvieron en el resguardo y los miembros que se quedaron procedieron a construir una escuela contando con el financiamiento del gobierno. Con la salida de los Nasa del Yaguara II, la comunidad impulsó la constitución del cabildo La Esperanza, lugar donde había una carretera de llegada a un campamento y un hospital de guerra de las FARC y que hoy quedan solo las ruinas. Este lugar se encuentra cerca Filo Quinche donde también se efectuó otro operativo Artemisa en el que resultaron capturados dos campesinos.
La salida de los Nasa del Resguardo Yaguara II en 2015 por los conflictos interétnicos, impulsa la búsqueda por parte de esta comunidad de un territorio baldío en una franja de tierra, de 9 kilómetros de ancho, ubicada entre el resguardo Yaguara II y la frontera con el PNN Chiribiquete, lo que hoy es el cabildo la Esperanza.
El conflicto entre PNN y los Nasa
En el año 2015, Parques Nacionales Naturales empezó a adelantar acciones para la concertación de la ampliación del PNN Chiribiquete con los Nasa -que a su vez estaban adelantando las acciones para el reconocimiento del Cabildo-, los Tucanos, Pijaos y Piratapuyos del Yaguara II. La intención de las comunidades indígenas era ampliar el resguardo Yaguara II, pero las comunidades nunca tuvieron la intención de que se ampliara el PNN. Por su parte, la idea inicial de los Nasa era que su resguardo abarcara 200.000 hectáreas, pero los encargados de PNN no consultaron con los Nasa y el campesinado que también estaba asentado en la zona. Los Nasa del resguardo Yaguara II propusieron a PNN ampliar el resguardo hacia la frontera con el Chiribiquete para garantizar su presencia territorial. Por su parte PNN pretendía ampliar su jurisdicción hasta los límites con el resguardo, como finalmente ocurrió, de esta manera el nuevo territorio Nasa de la Esperanza quedó dentro del PNN ampliado del Chiribiquete. La situación de los Nasa se ha visto agravada por las versiones oficiales, según las cuales existe un frente de colonización Nasa que está deforestando el PNN Chiribiquete.
En 2017, antes de la ampliación oficial del PNN Chiribiquete, los líderes de la comunidad Nasa, en reunión sostenida con la ANT y la Unidad de Restitución de Tierras en san Vicente del Caguán, habían ya elevado sus propuestas para garantizar sus derechos territoriales en la Nueva Esperanza. Y, en el 2021, la Comunidad Nasa de la Esperanza fue notificada y reconocida colectivamente por la Unidad de Víctimas como cabildo Nasa constituido en el sector de ampliación del PNN Chiribiquete y como víctimas.
Con el reciente operativo Artemisa, se configura una vez más un proceso de revictimización contra la comunidad Nasa asentada en esta zona de la ampliación del PNN Serranía del Chiribiquete, y a su vez un proceso de despojo y desplazamiento por conservación o lo que recientemente en instancias judiciales internacionales se ha configurado como refugiados de la conservación. Estos operativos desconocen el contexto de los procesos de poblamiento de las áreas protegidas y constituyen un atropello contra las comunidades que han debido estas zonas en razón de hechos victimizantes relacionados con el conflicto armado. Desde el 2018, se han llevado a cabo procesos de judicialización contra campesinos e indígenas en la región de la Macarena y el PNN Chiribiquete, y son obligados a firmar compromisos para no retornar están adelantando procesos de judicialización a campesinas y campesinos por la comisión de delitos ambientales, y están siendo obligados a firmar compromisos de no retorno.
La Campaña Artemisa solo conllevará a más conflictos socioambientales que llevan décadas sin ser resueltos. Esta Campaña contradice lo dispuesto en el Acuerdo de Paz en el punto 1.1.10 con respecto a la protección de zonas de reserva y el apoyo a las comunidades que colindan o están dentro de áreas protegidas que deben tener un manejo especial. Va en contravía del mismo artículo 7 del Plan Nacional de Desarrollo para celebrar acuerdos con población campesina en áreas del SINAP y desconoce el llamado de los procesos comunitarios para solucionar los conflictos y establecer rutas de diálogo que posibiliten una gobernanza compartida del territorio. El derecho penal debería ser la última instancia después de surtir un protocolo y una ruta de concertación y acuerdo con las comunidades que son quienes llevan la mayor carga y en quienes recaen estas medidas desproporcionadas.
La operación del 18 de septiembre de 2021 se dio un día después de la audiencia pública convocada por las comunidades campesinas y étnicas en el municipio de la Macarena con representantes y senadores del Congreso de la República, se desplegó todo un operativo militar, en el cual la vivienda y los enseres de la familia de Reynaldo Quebrada quedaron destruidos. Esta situación generó malestar, inconformidad y denuncias por parte de las organizaciones y las comunidades. Sumado a los hechos de ayer relacionados con la captura del gobernador, parece que la actitud gubernamental es una guerra total contra el campesinado y los pueblos étnicos sin concertar en absoluto una política ambiental y agraria que tenga en cuenta las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad de las comunidades rurales.
La Ley de Deforestación y la Sentencia 4360 de 2018 es una de las banderas del gobierno nacional para implementar acciones militaristas como Artemisa para detener la deforestación. Estas decisiones tomadas sin consultar y sin considerar las consecuencias sobre el campesinado y los pueblos indígenas, está generando un nuevo ciclo de violencias en la región, una nueva etapa de la militarización que ya se ha llevado a cabo con otros argumentos bajo el paraguas de la política antidrogas y la guerra contrainsurgente, pero esta vez bajo las banderas de la protección ambiental, un tema bastante popular y aplaudido entre las élites ambientalistas, que poco consideran la actuación de la fuerza pública en el ámbito rural y la violencia histórica ejercida sobre las comunidades.
*Sammy Andrea Sánchez Garavito es Trabajadora social de la Universidad Industrial de Santander y es Maestra en geografía de la Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”
