Las guerras del posacuerdo: ¿quiénes son los Comandos de Frontera?

Todavía es poco lo que se sabe sobre su manera de operar y su proyecto armado; en dos oportunidades, el Centro de Pensamiento desde la Amazonia colombiana AlaOrillaDelRío, ha realizado dos entrevistas directas con miembros de este grupo como parte de seguimiento al conflicto armado en la región. Estos ejercicios ocurrieron antes de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por las Fuerzas Militares en el Alto Remanso en el río Putumayo. Estas entrevistas y análisis buscan dar pistas para entender las guerras del posacuerdo y aliviar la violencia que sufren las poblaciones.

“Muy triste porque después van a decir que supuestamente la guerrilla fue la que vino, que enfrentándose con los comandos, que ellos fueron lo que hicieron la masacre, y nos hacen pasar por guerrilleros, y guerrilleros aquí no, y acá solamente había muchachos que eran civiles”, relató llorando una mujer al otro día de la masacre del Alto Remanso en Puerto Leguízamo- Putumayo. 

Estos comandos son uno de los actores armados que hace presencia en esa región; se autodenominan como Comandos Bolivarianos de Frontera (CBF). Este grupo fue producto de esas disputas que surgieron después de la disolución del otrora Bloque Sur, una fuerza armada de las antiguas FARC que ejercía un dominio sobre la Amazonia colombiana. 

Equipo de Investigación. Centro de Pensamiento desde la Amazonia Colombiana- AlaOrillaDelRío 

La  crisis humanitaria en el Putumayo ha dejado en evidencia un país sin herramientas suficientes para entender qué ocurre y qué hacer en estas regiones donde se ha reconfigurado la guerra; esta es una confrontación que aún no se ha podido descifrar. La tragedia del 28 de marzo es un momento para hacer un llamado urgente a todos los actores armados legales e ilegales a detener la guerra pero también comprenderla.  Esta etapa de violencia se puede salir de las manos hasta de quienes suponen su control, juega en beneficio de intereses más poderosos que ellos, tiene dividido al movimiento campesino y violenta, como siempre ha ocurrido, a las familias campesinas, pueblos indígenas y afrocolombianos de Colombia. 

El Acuerdo de paz firmado en 2016 en Bogotá entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) provocó en muchas regiones algo más cercano a una completa guerra que a una paz incompleta. Hoy en las regiones fronterizas con Venezuela, Ecuador y Perú, especialmente en los departamentos de Arauca y Putumayo, se cierne un reciclaje del know how de la guerra de grupos herederos de las antiguas guerrillas y la mano de obra juvenil que encuentra en estos grupos una manera de sobrevivir y hasta de crear un sentido para vivir o morir. A diferencia de otros conflictos, en estas regiones muchos ex FARC de diferentes bandos enfrentan la urgencia de competir por aglutinar fuerzas y el control territorial es su apuesta por asegurar la sobrevivencia.

Las fronteras  de Colombia con sus países vecinos son uno de los teatros de guerra más intensos de la región. Pero las fronteras son más que líneas divisorias, son regiones transnacionales; son tierras en disputa. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió desde finales del año pasado en la frontera de Arauca- Colombia- y Apure- Venezuela y que involucró a los grupos de las FARC-EP que no se acogieron a los acuerdos de paz, al ELN, paramilitares y algunas agencias de inteligencia internacionales. Algo similar viene ocurriendo en las fronteras de Colombia con Ecuador.

En el Putumayo, los Comandos Bolivarianos de Frontera y las FARC-EP se juegan su proyecto político-militar. Pero no son los únicos actores, el Estado colombiano, representado en las Fuerzas Militares, tienen en el centro del área de disputa la base militar de Tres Esquinas, una de las más importantes del país y de la Amazonia en general. De otro lado, los inversionistas minero energéticos de capital nacional e internacional han convertido al Putumayo en una avanzada militar extractiva, un territorio usurpado. Está dividido en aproximadamente 12 bloques petroleros para explotación y alrededor de 30 en exploración. Por ejemplo, recientemente se inició la explotación de una mina de cobre por parte de una minera canadiense.

El resultado de esta usurpación extractivista es una red de ríos y quebradas contaminadas, y generaciones expuestas a enfermedades, un número histórico de líderes defensores del agua y del territorio asesinados, en empleos mal pagos que nunca compensaran el daño a los proyectos de vida, en regiones enteras asperjadas con glifosato, y el despojo de territorios y la posibilidad del futuro de pueblos indígenas, afro-colombianos y campesinos. La economía regional cocalera no funciona a espaldas del Estado colombiano, al contrario, existe como resultado del régimen estatal excluyente de las economías de los campesinos y de los pueblos indígenas, arrinconadas en la usurpación de sus tierras. 

Los ‘Comandos’

Uno de los comandantes de los Comandos Bolivarianos de Frontera (CBF) inició la historia relatando que alias “Rodrigo Cadete”, uno de los comandantes de las primeras disidencias que comenzaron a manifestarse en contravía del Acuerdo de paz, amenazó a un grupo de ex guerrilleros del Bloque Sur de las FARC. Según su relato, desde que se apartó de los acuerdos en el 2017 hasta su muerte en una operación del ejército en el 2019, Cadete estuvo encargado de reunir a los excombatientes bajo la batuta de Gentil Duarte, congregando a quienes no estuvieran de acuerdo con lo negociado por los comandantes de las FARC con el gobierno colombiano. Varios no aceptaron su ofrecimiento de volver al régimen fariano y por esto los amenazaron.

En febrero de 2019, Cadete fue abatido en un operativo militar con el ejército colombiano en el departamento de Caquetá.  Quienes habían sido  amenazados por él, ya estaban armados tanto para defenderse como para retomar dominios sobre territorios particulares en los cuales podían iniciar su propio proyecto armado. Uno de los fundadores de los Comandos de Frontera relató que: “No nos fuimos con Cadete porque no queríamos volver al régimen de las FARC y una amenaza para uno es una advertencia para todos”. Según él, tenían unos “fusiles viejos encaletados” y con ellos se armaron “para penetrar” en el área del río San Miguel, frontera con Ecuador, que había sido tomada por grupos armados y tenía presencia de traficantes de cocaína. “Eran pocas armas, en total 17, entre escopetas y pistolas. Los primeros contra los que nos enfrentamos fueron una gente de Miguel Durán, El Médico o El Mónster”, contó.

Al principio, les conocían como Mafia o Sinaloa. Esto, según otro de los fundadores del grupo armado, se debe a que con ellos inició una persona conocida como alias “Sinaloa”, que anduvo con Oliver Solarte  (abatido por el ejército en el 2011). Según algunos medios de comunicación, su nombre era Pedro Oberman Goyes y fue asesinado en 2019. Precisó el combatiente, “como no teníamos aún nombre y nos estábamos reuniendo, entonces la gente decía: ahí van los de Sinaloa, pero era por el apodo de ese muchacho”.

Los primeros integrantes de este grupo se empezaron a juntar, discutir estatutos y su proyecto armado en noviembre de 2017. En ese momento se declararon bolivarianos. Conformados por exguerrilleros del Bloque Sur, decidieron “dar un soporte político a la estructura”, según ellos,  adoptando el bolivarianismo porque “para nosotros el bolivarianismo es una meta más realizable. La revolución sigue pero de otro modo”, agregaron.

Los nuevos modos de operar

La reconfiguración de las dinámicas territoriales de las violencias ha traído consigo una serie de adaptaciones, reacomodos y ajustes por parte de los actores armados sobre el modo de hacer y pensar la guerra. Algunos analistas y hasta los propios generales hablan de “guerra híbrida” pero aún es un término muy etéreo que puede esconder justificaciones a la violación de los derechos humanos.

Los debates internos sobre qué son los comandos o las FARC-EP y qué aspiran a ser, debe ser una tarea central para el análisis de lo que ocurre y cómo pensar las salidas al conflicto. Por ejemplo, la lectura que tienen los CBF está relacionada con una autocrítica de la lucha guerrillera, con la que tienen muchos desacuerdos por experiencias que vivieron en las filas comandadas por alias “Joaquín Gómez”, “Timochenko” o “Carlos Antonio Losada”.  Críticamente afirmaron que: “Ese régimen de los que dirigían a las FARC era injusto. Todo era para ellos y los combatientes sí tenían que someterse a sus voluntades muchas veces criminales, mientras los hijos de ellos sí estudiaban en Europa o vivían tranquilos y protegidos en Bogotá”.

Pero su lectura tiene que ver también con que en estos momentos en Colombia la estrategia de la guerra está pasando por la promoción de grupos “contrarrevolucionarios que se presentan como guerrilleros”. Se refiere a las estructuras de Gentil Duarte, disidente del antiguo Bloque Oriental de las FARC, quien tampoco se acogió a lo pactado en el Acuerdo de paz. En el Putumayo, los Comandos han declarado la guerra al frente Carolina Ramírez, que obedece órdenes de alias Iván Mordisco, coordinador de las disidencias FARC-EP, y de Danilo Alvizú, quien estuvo durante las negociaciones de paz como camarógrafo del Bloque Sur.

Con varios rumores sobre las contradicciones entre Gentil Duarte y Danilo Alvizú en el trasfondo, lo que vive el Putumayo es una disputa por la legitimidad política que ha puesto en medio de la discusión a organizaciones sociales, líderes y a la propia población. Similares peleas por “la chapa” – FARC-EP- y el sentido revolucionario, se viven en otros lugares del país como Cauca y Nariño, poniendo en la mitad de las disputas a la población civil. 

En la lectura “bolivariana y antiimperialista”, los Comandos de Frontera consideran que el avance del frente Carolina Ramírez sobre el Putumayo, como lo dijo un miembro, “obedece principalmente a ese proyecto contrarrevolucionario que está buscando las fronteras, por todo lo que eso significa para el dominio definitivo sobre los territorios del país, porque necesitan una retaguardia también, porque están muy golpeados”. Hay una disputa entre antiguos compañeros.

Desde la aparición de varios videos y comunicados, entre los grupos se han acusado de ser paramilitares.  También se acusan de perpetrar homicidios selectivos contra excombatientes y líderes campesinos. El hecho es que las organizaciones de derechos humanos regionales y nacionales han denunciado de forma reiterada el asesinato y las amenazas sobre líderes y la población en general. Al ser interpelados, los voceros de la organización armada respondieron que en esta nueva guerra “cada uno se justifica y hay una víctima que es la verdad”. Ellos atribuyen las masacres al frente Carolina Ramírez de las FARC-EP y afirman que su proceder no ha sido el de llegar vestidos de negro a asesinar de forma colectiva a los pobladores como ha ocurrido en los últimos meses en el municipio de Puerto Leguízamo y organizaciones de derechos humanos están denunciando en La Montañita- Caquetá- y sobre el río Caquetá. 

Para ello pidieron que las autoridades escuchen los testimonios de las víctimas y criticaron duramente a organismos defensores de derechos humanos de la región que, a su juicio, responden a las agendas de las disidencias de la FARC-EP, “Nosotros hemos hablado con las víctimas de esas masacres y en todos los testimonios coinciden en que los que llegan son del frente Carolina Ramírez, disfrazados de negro y hasta de soldados de la infantería de marina, como ocurrió en el Piñuna Negro, donde vieron al propio Danilo Alvizú llevarse a un líder campesino que está desaparecido”, dijo uno de los miembros de las CBF, agregando que muchas de esas muertes se deben a que las personas, sean excombatientes o campesinos, “no han aceptado volver al régimen de las FARC y los matan para entrar generando miedos, pero la gente no les copia”.

Sobre estas desapariciones todavía no hay claridades de responsables pero las denuncias recientes en Caquetá afirman que ocurre el mismo modus operandi de hombres de negro que llegan declarándose de uno u otro grupo armado, y provocan las masacres o desapariciones.

En esa redefinición de su presencia en la guerra, los CBF han planteado, al menos en el papel, un proceder operativo distinto al que traían en las FARC y que las disidencias de FARC-EP han retomado al pie de la letra de los manuales de la extinta guerrilla fariana. Su planteamiento coincide – aún con discusiones internas- con el del la Segunda Marquetalia, grupo del cual declararon su adhesión oficialmente desde el 2021 y en el que tienen un delegado en la mesa plena que hoy dirige los destinos de una de las guerrillas que resultaron luego del Acuerdo de Paz, al lado de Iván Márquez, ex jefe negociador de las FARC en La Habana (Cuba).

La autocrítica al anterior funcionamiento de las FARC motivó decisiones que llevaron a nuevas formas de hacer la guerra. En primer lugar, como afirma otro de los fundadores, “la guerra en Colombia hoy debe tener una operatividad distinta. No debe haber terrorismo, no debe haber reclutamiento, se debe respetar a las autoridades ancestrales afro e indígenas, no uso del secuestro como arma de financiación ni como mecanismo político”, afirman.

Una segunda característica de lo que ellos consideran el nuevo modo de operar es la conformación de su ejército. Esta guerrilla en su proyecto armado ha decidido aceptar a todo tipo de combatientes, sin importar su proveniencia y trayectoria con las armas. Esto les ha valido que se les considere como un grupo no guerrillero, “Nosotros somos enemigos de los paramilitares, no somos enemigos del Estado. Como FARC a lo que hacíamos lo llamábamos buscar un cambio y ahora lo llamamos  de manera realizable como salvaguardar la vida y proteger al territorio. Muchos, claro que dirán, que al no ser enemigos del Estado entonces somos parte del Estado y eso no es así. Lo que pasa es que entendemos que esto debe ser por fases. Hoy nuestro enemigo número uno son las disidencias o el frente Carolina Ramírez”, intervino uno de los voceros de los comandos. 

En tercer lugar,  pagan un salario a sus combatientes. Esta decisión, según los voceros del grupo, ha generado polémica en su acuerdo con la Segunda Marquetalia, en donde consideran que no se debe pagar por ingresar a las filas. No obstante, en esto, los CBF han considerado que los recursos que genera el cobro por el control del comercio de la base de coca deben ser distribuidos entre los combatientes y hasta en las comunidades. Uno de los miembros se quejó por ejemplo que “En las FARC encaletaban el dinero. A nosotros nos negaban hasta un pedazo de pan porque todo era racionado. Mientras los jefes manejaban los recursos y nadie sabía qué se hacía todo ese dinero. Acá decidimos que esos recursos vayan a los que están dando la pelea”. 

Por este motivo, argumenta, pagan un salario a sus combatientes rasos está en los dos millones de pesos (unos 500 dólares) mensuales. Para los comandantes de las áreas, el salario es de unos cinco millones de pesos (1200 dólares) mensuales. En el régimen de guerra anterior “conocimos casos de muchachos que en las FARC pasaban por las fincas de sus papás y no podían ni siquiera saludarlos porque a los jefes no les parecía. Y si lo hacían podían fusilarlos. Pero acá hoy los muchachos tienen un trabajo remunerado, hoy en día está muy duro y acá cabemos todos. Por eso es muy duro tener que enfrentarnos a los excompañeros. Eso ya lo habíamos analizado tanto mandos como excombatientes y Marulanda lo dijo, que a eso nos iban a llevar, pero los mandos no nos tuvieron en cuenta a la mayoría y por eso es que este proceso fracasa”.

Con un poco más de 53 meses de operatividad armada en las fronteras terrestres y fluviales del Putumayo, los Comandos Bolivarianos de la Frontera, según sus cálculos, cuentan ahora con al menos mil combatientes para quienes han adquirido en el mercado clandestino de las armas centenares de fusiles, decenas de morteros, ametralladoras, pistolas, escopetas y abundante munición. Una nómina amplia que sin dudas está siendo pagada con dinero producto del comercio con la pasta base de coca.

Más que una ruta del narcotráfico

A pesar de las dificultades de medir la magnitud de la economía de la cocaína en el país, es innegable que parte de la micro y macro economía nacional está influida por ella. El Putumayo no es la excepción; el narcotráfico tiene relaciones tanto con los poderes políticos regionales como con los empresarios, actores armados ilegales y el Ejército. El funcionamiento de esta economía pasa por los pactos puntuales que se construyen con diferentes actores legales e ilegales regionales para mantener el flujo de producción de pasta base, cocaína y su salida hacia el exterior. Esto pasa en Putumayo. 

El comercio de la base de coca genera enormes ingresos para algunos y que llegan en mínimas proporciones a  las familias campesinas del Putumayo y se quedan en los bolsillos de comerciantes, lavadores y políticos. A pesar de la reducción de los cultivos en la zona- por lo menos para el 2021- la concentración de cultivos en la frontera delimitó lo que UNODC denomina como enclaves. En medio de la crisis económica aguda en estas regiones, antes y después de la pandemia, este negocio constituyó una región transnacional efervescente y dinámica como la que suma el Putumayo en Colombia y Lago Agrio en Ecuador. 

Es innegable que todos los actores constituyen alianzas o acuerdos en torno al funcionamiento de este negocio y que a los señalamientos de unos y otros como narcotraficantes no aclara el contexto. Existe una regulación armada por parte de todos los actores que construyen alianzas y se disputan escenarios, precios, compradores, logísticas que rompen la línea de lo legal e ilegal, de lo estatal y no estatal. Además, lo que esconden estos señalamientos, por ejemplo, es que en el lado ecuatoriano no ocurren masacres ni crímenes de estado.

Con la salida de las unidades de los frentes 48, 32 y 49 de las antiguas FARC, el control ejercido sobre las zonas productoras de ‘base’ llegó a ser repartido entre algunos grupos con objetivos puramente de enriquecimiento privado de narcotraficantes urbanos y, en el peor de los casos, entre los propios narcos cuyos ‘traquetos’ iban fuertemente armados a las zonas a imponer los precios del kilogramo, lo que generó fluctuaciones en su valor y un enorme impacto en la economía regional. 

A lo anterior se sumó que miles de familias se acogieron en principio al Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), con la esperanza de hacer transición a una agricultura que les diera de qué vivir, pero los incumplimientos los llevaron a no dejar completamente el cultivo de la coca.  Dirigentes campesinos el Putumayo expresaron sobre esta situación que al menos 15 mil familias no firmantes de los acuerdos de sustitución de cultivos de coca tuvieron a su cargo la dinamización de la economía regional mientras las más de 20 mil familias que sí firmaron arrancaron su coca y esperaron en vano que el gobierno les cumpliera. 

Esto generó una ruptura con la posibilidad de transitar a la economía legal, mientras las condiciones estructurales de la producción agrícola seguían siendo imposibles de lograr para las familias del Putumayo. Esto le dio forma a la reconfiguración de la presencia de los actores armados. Para el 2019, ya no operaba la oficina del PNIS en la región, a pesar de ser una de las regiones más emblemáticas del conflicto armado y de las economías regionales de la cocaína, “en un año, dos años y muchos de los que erradicaron ni siquiera habían recibido pago. También, había fracasado la ruta de implementación. Los firmantes deciden entonces sembrar coca en la clandestinidad. El gobierno comienza a culpar a los grupos armados por el incremento de los cultivos y desconocen los incumplimientos. Ahora la realidad es que al campesino le da igual que el gobierno cumpla o no cumpla”, expresó una dirigente del Movimiento Campesino y Cocalero del Putumayo.

Sobre sus relaciones con el narcotráfico, los comandos responden el asunto de las responsabilidades que eso implica con la guerra: “tenemos que entrar a intervenir. El Estado no iba a hacer nada y esto se volvería una guerra entre narcos. Nosotros entramos a controlar eso”, expresó uno de los voceros. Hoy por hoy, en las zonas en las que este grupo ejerce un dominio, el precio de compra que se le ofrece al campesino está entre dos mil y tres mil pesos por el gramo, mientras que la venta de la pasta base a los narcotraficantes, por parte de los comandos, llega a los cuatro mil pesos aproximadamente. El plus de ese comercio es su fuente de financiación y con ello pueden sostener todo el aparato militar que poseen.

¿Más que una guerra entre Comandos y FARC-EP?

El 28 de marzo se celebraba el último día de un bazar convocado por en el caserío del Alto Remanso en Puerto Leguízamo, un municipio de Putumayo que se divide entre un área protegida con alta presencia de resguardos indígenas y un área de sustracción de ley 2a con presencia de familias campesinas. Paradójicamente, la caseta comunal de este caserío había sido construida como un proyecto de fortalecimiento de infraestructura de los proyectos PDET. 

Este municipio es también el lugar en el que más cerca están el río Caquetá y el río Putumayo, los dos espacios de control de las FARC-EP y los CBF. Precisamente el paso de Puerto Leguízamo- La Tagua ha sido un paso estratégico de mercancías, viajeros y pobladores, y ha motivado la apertura de una trocha y de fincas. Lo que se juega en esta región es clave: este es el único territorio del Putumayo que no ha sido repartido a las petroleras a pesar de que está rodeado por áreas disponibles para su explotación y en exploración. 

A las siete de la mañana de ese lunes, un grupo de hombres vestidos de negro y verde encapuchados atacaron a la población acusandola de ser guerrillera y asesinando a 11 personas, entre ellas el presidente de la Junta de Acción Comunal, al gobernador del Resguardo y a un menor de edad. 

Poco después llegó un helicóptero de las Fuerzas Militares en el que desembarcó un grupo de soldados que hostigaron a la población, se llevaron los muertos, los heridos y a los hombres de negro. La retención de la población duró todo el día y al parecer hay personas desaparecidas. La OPIAC, hasta la Asociación Minga, la RED de Derechos Humanos y Moviccaap concluyeron en sus comunicados que se trató de un caso emblemático de crimen de estado y llamaron a una misión nacional e internacional de esclarecimiento. Desde hace meses vienen ocurriendo casos de desplazamiento, asesinatos y masacres, que aún quedan por esclarecer, y que exigen una lectura rigurosa de los actores, los territorios y sus disputas. 

La población civil es la que más padece con el resurgimiento de la guerra. Según datos de Indepaz, en lo que va del 2022 en el Putumayo han ocurrido once masacres, todas en los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en los que los Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez libran una guerra sin tregua por los dominios territoriales entre los ríos Caquetá y Putumayo. 

Entre tanto, en el 2021 ocurrieron cuatro masacres también en municipios de disputa entre estos dos actores armados. Durante el 2020, fueron tres las masacres las que enlutaron a las familias campesinas principalmente de estos municipios. 

En Putumayo se libra una guerra entre actores legales e ilegales que rebasa la explicación de la “ruta del narcotráfico”. Es una región transnacional colombo ecuatoriana que todavía el Estado colombiano y sus élites son incapaces de comprender y por supuesto incluir dentro de un proyecto de nación más incluyente. El Estado colombiano constituye su propia narrativa justificatoria: son criminales que departían con borrachos armados por lo que las operaciones en las que son asesinados por el Ejército, son legítimas y cumplen los “objetivos estratégicos”. Mientras tanto, una mujer protagonista del ataque de las Fuerzas Militares al caserío del Alto Remanso terminó su testimonio llorando “Y en esta parte aquí, aquí, no ha habido guerrilla…éramos puros civiles, había niños y mujeres ahí”.

Los proyectos armados posacuerdo, azuzados unos y otros, se matan entre sí, y el Estado colombiano está pescando en río revuelto en medio de intereses de proyectos minero energéticos y los esfuerzos por el debilitamiento y la división de la organización campesina e indígena. Las denuncias de víctimas en los municipios de Solano y Montañita en el Caquetá indican un modus operandi que viene desapareciendo, amenazando a la población.

Entre tanto, se difuminan los horizontes de la paz y se retoman las trayectorias de la guerra. La paz también hizo parte de la conversación con los miembros del CBF, “si el calzón nos da, como decía el Mono Jojoy, seguiremos. La paz tiene que ser completa, debe haber un nuevo acuerdo, pero en el que nos sentemos todos los actores”, consideró uno de sus voceros. 

Lo cierto es que el país tiene un largo trecho por esclarecer sobre ¿quién está incendiando esta guerra y a beneficio de quiénes? ¿a mano de quién quedan los territorios de la gente desplazada? ¿quiénes son los responsables de los asesinatos que vienen denunciando diferentes organizaciones de derechos humanos regionales? ¿cuál es el interés estratégico que adujo el ministro de defensa justificaron la masacre en Puerto Leguízamo?¿Quiénes tienen responsabilidad de las desapariciones y desplazamientos que vienen presentándose en la región Caquetá-Putumayo?¿Cuántas veces se ha enfrentado el Ejército a los Comandos o FARC EP y en qué lugares, bajo qué condiciones? ¿Por qué en el área de acción inmediata de Tres Esquinas ocurre esta violencia y no hay esclarecimiento?

En segundo lugar, comprender que el narcotráfico es y ha sido el argumento y estigma más usado y trajinado en la explicación de la violencia de unos y otros y es usado para legitimar el asesinato de inocentes en la persecución a “cabecillas financieros”. Es necesario hacer más profunda la comprensión del funcionamiento de la regulación armada de la economía de la cocaína que opera actualmente en el país que pone en la mitad de grupos armados y del Ejército a la población. Sin pasar por alto que las economías de la cocaína son fundamentales, hay que entender que esto también oculta contextos de disputa de acaparamiento, proyectos minero energéticos y la urgencia de ciertos sectores de activar la violencia y división entre grupos armados, entre organizaciones sociales y crea un escenario de caos, es decir nadie sabe de dónde vienen las balas.

Finalmente, es urgente aceptar que cualquier construcción de paz regional no pasa por la operación militar sino por la comprensión de la complejidad de estos entornos regionales, en este caso transnacionales y geoestratégicos, que exigen más audacia política y menos simpleza – o perfidia- militar.

*Equipo de Investigación AlaOrillaDelRío se formó para atender el análisis del escenario de conflicto regional y está compuesto por cuatro personas de diferentes lugares del país.