*Mary Ryder
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia entregó su informe final en junio de 2022. Es la primera en el mundo que investigó de manera significativa el papel de la política de drogas en un conflicto armado y que cuestionó la continuidad del régimen mundial de control de drogas, reconociendo su impacto perjudicial y contraproducente en la transición de la guerra a la paz en Colombia.
El tema de las drogas fue un factor central del mandato de la Comisión de la Verdad colombiana, que exigió que se investigara la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico.
A lo largo de tres años, el equipo de narcotráfico y política de drogas indagó en los archivos de la Comisión de la Verdad para ampliar sobre la literatura e investigación existente que suele reducir el narcotráfico al financiamiento de los actores armados, y refutar un discurso político que ha culpado al tráfico de drogas ilegales por ser la fuente de todos los problemas en Colombia, una narrativa que se ha utilizado durante décadas para deslegitimar y negar la lucha política tanto de los grupos armados como de los movimientos sociales. Por ejemplo, la estigmatización del campesino cocalero como “narcocultivador” en los noventas se convirtió el campesinado en enemigo, mientras el estallido social en 2021 se achacó a “vandalismo” producto de “mafias del narcotráfico”, según el ex presidente Duque, .
Producto de este proceso de escucha y análisis, “De la guerra contra las drogas a la guerra en las drogas” es un estudio de caso que investigué como parte del equipo de narcotráfico y política de drogas en la Comisión de la Verdad. Trata de la estigmatización, la instrumentalización y la persecución de los usuarios de drogas y de los jóvenes en el conflicto armado de Colombia. El informe concluye que la constante victimización de las personas que consumen sustancias psicoactivas es un factor clave en la persistencia y degradación del conflicto armado.
Este caso prioriza las voces de las víctimas, los testigos y los victimarios de violencia, muchos de los cuales se vieron afectados por el control represivo del consumo de drogas en sus territorios, mientras que otros encontraron en el uso de drogas una forma de soportar y resistir los horrores que la guerra les obligó a vivir. Sus experiencias se complementan con los informes entregados por las organizaciones de la sociedad civil a la Comisión de la Verdad, las comunicaciones de los agentes estadounidenses documentadas en los archivos de seguridad nacional y las reflexiones de investigadores y expertos que han estudiado el consumo de drogas en el país.
El hallazgo principal revela que todos los actores armados llevaron a cabo “crímenes de discriminación”, que son violaciones sistemáticas de los derechos humanos ejercidas contra personas estigmatizadas y marginalizadas – en este caso atacando a los consumidores de drogas- como mecanismo para ganar aceptación entre la población en general. Esta práctica, que a menudo incluye el asesinato, la desaparición y la violencia extrema, hace parte de las regulaciones y los controles que los diferentes grupos armados de Colombia ejercían sobre la producción, el tráfico y el consumo de drogas en las regiones bajo su control.
Esta expresión violenta ha sido permitida e incluso aplaudida por muchos que la dan por válida el tratamiento de quienes son consideradas “desechables”, “viciosos” y “peligrosas”. Desde la prohibición de las drogas y la criminalización de los usuarios, el Estado Colombiano ha promovido el estigma y en su mayor parte, los crímenes por discriminación han sido silenciados y marginados en la memoria histórica de Colombia, e existe un alto nivel de impunidad para los responsables.
El hecho de que tanto las organizaciones paramilitares como la guerrilla controlaban la producción y el tráfico de drogas ilegales y, al mismo tiempo, perseguían y asesinaban a los consumidores es hipócrita y llamativo. Además, las personas que consumen drogas fueron perfiladas, señaladas y asesinadas por las fuerzas militares y luego presentadas como ‘falsos positivos’ o guerrilleros muertos en combate, como resultado de los incentivos perversos dentro de las fuerzas armadas para derrotar al enemigo y lograr objetivos. En otras palabras, las vidas de las personas que consumen drogas han sido despreciadas y discriminadas hasta el punto de convertirse en objetivos militares.
El consumo de drogas ilegales también se convirtió en el acoso, la explotación y el eventual reclutamiento de jóvenes en grupos armados y redes de tráfico de drogas. El apartado “Reciclando cuerpos para la guerra” describe cómo el microtráfico ilegalizado entró en la vida de los jóvenes afectados por el conflicto, el desplazamiento y la pobreza; se les regalaron drogas y armas y luego con promesas de dinero y trabajo, se les animan o se les engañaron para luchar en la guerra. Muchos terminan muertos en crímenes por discriminación, a manos de los mismos individuos que les dieron drogas para consumir de entrada.
Los niños y la juventud son precisamente la misma población que la política de prohibición supuestamente pretende proteger y sobre la que se justifica la “guerra contra las drogas”. Este círculo vicioso que se describe el caso suma a la gran aportación al esclarecimiento de la verdad que hizo el equipo de narcotráfico y política de drogas: como la “guerra contra las drogas” construyó el mito del ‘narco’, que se estableció como “enemigo público número uno” y una prioridad de seguridad nacional. En la lógica de la lucha contra las drogas, se considera peor el tráfico de drogas que matar a alguién. Así, se reveló el poder simbólico de la prohibición de las drogas en el conflicto armado y se volvió objeto de disputa.
Los hallazgos de la Comisión muestran una compleja red de entramados, compuesta por actores políticos, armados y civiles implicados en la producción, el suministro o el consumo de drogas ilegales, que influyó de manera significativa en la seguridad, la política y la economía del país. Ninguno de los actores armados está exento de consumir las drogas ilegales que ellos mismos prohíben en sus territorios. Sus testimonios revelaron que muchos ex-militares consumieron drogas ilegales, en particular cannabis y cocaína, lo hicieron para sobrellevar la propia guerra y el dolor y el trauma que provoca.
¿Qué hacer con el consumo de drogas ilegalizadas?
La Comisión de la Verdad se enfrentó a innumerables retos políticos y recorrió toda la pandemia mundial. La publicación de su informe final y su aceptación por parte del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, renuevan las esperanzas de paz en el país y señalan la enorme responsabilidad de reconocer las verdades que se presentan en el informe final y de trabajar para lograr las recomendaciones – sobre todo, la transición hacia la regulación legal estricta.
El valioso trabajo hecho por el equipo de narcotráfico y política de drogas evidencia que los esfuerzos por erradicar la producción y el tráfico de drogas son inútiles y contraproducentes. La paz en Colombia requiere la coexistencia de un mercado de coca y cocaína legal y regulado pacíficamente, con dignidad y soberanía para todos los que participan en él.
No obstante, como señala este caso, la estigmatización frente al consumo de drogas está tan arraigada en la sociedad que el control sobre el consumo sigue siendo un mecanismo para que los actores armados del país ganen legitimidad y un factor de persistencia del conflicto armado.
El nuevo presidente ha dicho que quiere cambiar la manera en que se trata el consumo de sustancias psicoactivas en Colombia, al afirmar en su campaña electoral que “implementaremos una política de educación, prevención, tratamiento y atención de las personas con consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de reducción de riesgo y daño”. Por un lado, este discurso es muy bienvenido porque no pretende criminalizar a los usuarios. No obstante, no es suficiente. Además, lamentablemente, tanto en su discurso inaugural como en varios escenarios internacionales solo ha reconocido datos del consumo de sustancias psicoactivas de los países de América del Norte y de Europa, cuando es una realidad que afecta a los colombianos también.
Para desactivar estas violencias en el presente y en el futuro, se exige al nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Marquez que se reconozcan los usuarios de drogas en Colombia como víctimas del conflicto armado. Al mismo tiempo, será imprescindible que se ponga en marcha una estrategia para desestigmatizar de verdad el consumo de sustancias psicoactivas tanto en las ciudades como en la ruralidad, que se hace pedagogía con las instituciones educativas, los padres de familia, la policía y los trabajadores de salud basada en apoyar, y no castigar, a las consumidores.
Pueden ver el caso en este enlace: CasoGuerraenlasdrogas
*Mary Ryder es estudiante de doctorado en Seguridad, Conflicto y Derechos Humanos, de la facultad de Educación, Universidad de Bristol, Reino Unido. Su investigación se centra en el trabajo con jóvenes y personas que consumen drogas a través de métodos colaborativos y creativos para indagar acerca de los impactos de la política de drogas y el conflicto armado en Colombia. Es coordinadora del proyecto Anyone’s Child en la Transform Drug Policy Foundation.
