*Adrián García
Crecimos escuchando las ráfagas, los estruendos de las bombas, viendo por las ventanas las tomas guerrilleras, los contraataques del ejército, haciendo fila para entregarles el documento de identidad a unos y a otros en sus retenes, fuimos testigos del auge de la economía cocalera, del cobro de impuestos a la guerra, llamados popularmente “vacunas”, alcanzamos a presenciar la invasión paramilitar y a ver caer a manos de unos y otros a muchos de nuestros amigos.
Cuando la guerrilla en armas más antigua del planeta, las FARC-EP, firmó el cese al fuego con el gobierno Juan Manuel Santos a mitad del año 2015 – lo que aceleraría la entrega definitiva de las armas- muchos vimos con alegría ese gesto y pensamos que la paz sería posible; que ese proceso podría trazar el camino para que otros grupos, incluído el ELN, negociaran un desarme definitivo después de la firma del Teatro Colón en Bogotá del acuerdo que modificó el alcanzado en La Habana, Cuba. Pasó el tiempo hasta que esa oposición fue gobierno y cumplió lo prometido, hacer trizas el acuerdo de paz con las Farc, a pesar de que fueron escuchados para firmar el acuerdo definitivo.
Durante ese periodo de gobierno a los desmovilizados lo trataron como parias y sus proyectos socioeconómicos fueron atacados sin piedad de manera directa. Los recursos para hacer tránsito hacia la paz se rifaron entre los carteles de la contratación de las regiones y la presidencia, quedando reducidos a proyectos de poco o ningún impacto. También le hicieron zancadilla a los firmantes del acuerdo, particularmente a Iván Márquez y a Jesús Santrich, involucrándolos en el famoso entrampamiento para extraditarlos por narcotraficantes, jugada promovida por el entonces fiscal general de la nación y encubridor de oficio del escándalo de Odebrecht.
Durante ese gobierno recordado por su mal manejo de la crisis ocasionada por la peste del nuevo coronavirus (ni tan nuevo porque ya estaba descrito desde la segunda mitad del siglo pasado), la violenta reacción ante el estallido social y los sucesivos escándalos de corrupción, además de la financiación de la campaña con dineros del narcotráfico (Ñeñe política), el grupo paramilitar conocido como el clan del Golfo creció y dominó la costa Caribe con la presunta complicidad de agentes del estado ( con minúscula) y las disidencias al sur del país crecieron a sus anchas, incluso fueron usadas como falsos positivos para reclamar recompensas por sus cabecillas dados de baja de manera imaginaria, tal como ocurrió con el tocayo ( de nombre y apodo si se quiere) del ex presidente que los medios bogotanos presentaban como “un bacán”. Esa convivencia histórica de la “guerrilla” con el “establecimiento” les hace falta, esa simbiosis mutualista que les permite sacar ventaja uno del otro, tal como vimos cuando se conoció el escándalo del robo de combustible a ECOPETROL que se hacía en asocio de gente muy prestante con el ELN.
Las antiguas FARC-EP, hoy Comunes, partido post acuerdo con representación en el congreso, quedaron reducidas a unos espacios veredales en varios municipios en donde desarrollan actividades comerciales que van desde la cría de cerdos, confección de ropa, fabricación de zapatos, apicultura hasta la promoción del ecoturismo entre otras, sin escapar aún de la persecución, discriminación y hasta el asesinato por parte de actores armados, como los disidentes. Más de sesenta años de lucha para convertirse en unas cooperativas y en un partido que tal vez correrá la misma suerte del M-19, EPL y otros, sin contar con el caudal electoral que éstos tuvieron, de terminar disueltos y con algunos de sus miembros en partidos de la ultraderecha.
Para nuestra desgracia y para la dicha de aquellos a los que el ruido aturdidor de los fusiles les suena a música, las disidencias de todos los pelambres, que dicen luchar por las mismas causas, que salen a reclamar reconocimiento político con las mismas palabras en las que solo cambian de membrete para poder diferenciarse, hoy están fuera de control. Unas a otras se acusan de extorsionar, de reclutar NNA, de desplazar, amenazar y asesinar mientras las organizaciones sociales, campesinas e indígenas sufren su asedio constante. Si prácticamente las disidencias post farianas tienen puntos en común entre ellas e incluso con el ELN, entonces por qué no negocian unificadamente para tener una posición fuerte frente al gobierno actual, además deben tener claro que si no es con este gobierno, entonces ¿cuál les dará garantías? ¿Hay alguien, después de los años perdidos de lucha de las FARC-EP, que considere la conquista del poder por la vía armada en éstos tiempos? Hay que ser necio para creerlo, bien por nostalgia (de tener una autoridad cerca -en el campo- que nos resuelva los problemas de manera rápida sin los trámites kafkianos de las instituciones) o bien por el negocio lucrativo, resultante de la ilegalidad y el crimen. El tiempo se acaba, el desgaste para el gobierno progresista en unas mesas sin futuro es enorme y ya se empieza a sentir. Los partidos de gobierno deberían perder el miedo a exigirles a los disidentes y los miembros del ELN dejar de lado todas las acciones que afectan a la población para que sientan realmente que sus acciones ya no tienen sentido, pues nada de revolucionario hay en extorsionar a un comerciante, matar a un policía e incluso a un líder que no comulga con ellos; es más, deben pedirle a sus cuotas “burocráticas de la paz” que los dejen de tratar con tanta camaradería, pues sus actos nada heroicos son.
