Mary Ryder es estudiante de doctorado en Seguridad, Conflicto y Derechos Humanos, de la Universidad de Bristol, Reino Unido, su investigación se centra en la política de drogas, consumo y violencias en Colombia. Es coordinadora del proyecto Anyone’s Child en la Transform Drug Policy Foundation.
Jaime Marulanda es coordinador del Dispositivo Comunitario de Reducción de Riesgos y Daños, operado por la Corporación Viviendo.
Reflexiones sobre el encuentro “Cali Dialoga: un encuentro por la reducción de daños,” – en el que se socializaron las iniciativas de la reducción de riesgos y daños frente al fenómeno de uso de sustancias psicoactivas que se están liderando en Cali- , y sus enseñanzas para la agenda de reducción de daños.
Contexto, objetivos y participación de agentes clave
A pesar de que la articulación entre drogas, seguridad y convivencia ha ocupado un lugar primordial en la agenda política del país, la atención se ha concentrado principalmente en la violencia generada por el narcotráfico y en la militarización del campo bajo la lógica de la “lucha contra el narcotráfico”. En contraste, se ha prestado poca atención al ámbito del consumo, lo urbano y los jóvenes más empobrecidos. Bajo el régimen prohibicionista, el consumo de drogas ha sido tratado principalmente como un asunto criminal, dejando de lado los enfoques de salud pública y derechos humanos. Esta perspectiva ha contribuido a estigmatizar tanto el consumo de estas sustancias como a los consumidores, quienes a menudo se ven expuestos a diversas formas de violencia, ya sea por actores ilegales o por las mismas autoridades.
En Cali, el consumo de drogas en espacios públicos es una preocupación persistente, tanto para las personas que consumen en condiciones inseguras e insalubres como para la comunidad, que lo percibe como una amenaza. El desconocimiento de las autoridades sobre cómo abordar este fenómeno suele desembocar en represión y violencia. No obstante, la base de datos del Programa de Reducción de Riesgos y Daños, operado por la Corporación Viviendo en la comuna 9 de Cali, incluye a más de 600 personas usuarias de heroína, de las cuales el 90% habitan en la calle, lo que subraya la magnitud del desafío. Además, la Subsecretaría de Seguridad y Justicia de Santiago de Cali afirmó en el evento mencionado que “el tema del consumo es lo que más incide en el mapeo de la percepción de seguridad de la comunidad”, destacando la urgente necesidad de prestar mayor atención a este asunto.
En un intento por responder a esta compleja situación, el 26 de junio de 2024, Día de Acción Mundial Apoye No Castigue, se llevó a cabo en Santiago de Cali el encuentro “Cali Dialoga: un encuentro por la reducción de daños”. El objetivo fue dar a conocer a actores institucionales y representantes del gobierno local las iniciativas de reducción de daños que se están liderando en la ciudad y sus esfuerzos para minimizar los impactos negativos del consumo de drogas y de las políticas públicas sobre drogas. El evento fue organizado por las organizaciones caleñas Corporación Viviendo, Corporación Sapiencia y la Asociación Cultural Café Arboleda, en colaboración con la institución pública Red de Salud Ladera. Participaron dependencias del gobierno local, la academia, instituciones de salud pública y organizaciones de la sociedad civil. Por primera vez, se hizo una invitación al trabajo intersectorial en torno a la reducción de daños como una respuesta integral a los desafíos en salud, educación, generación de ingresos económicos, vivienda, cultura, justicia y convivencia que enfrentan tanto las personas usuarias de drogas como las comunidades donde este fenómeno representa mayores retos.
En 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) sostuvo que el Estado colombiano no ha manejado integralmente la atención a los consumidores de drogas, sino que, bajo la lucha contra las drogas, ha promovido el estigma y el temor de adoptar medidas desde otras perspectivas, como la salud pública. Por ello, no es un detalle menor que el encuentro contara con la participación de agentes clave del gobierno local, interesados en aprender cómo apoyar a las personas que consumen drogas y a las comunidades de Cali más afectadas, a través de medios no punitivos.
Panorama actual de la reducción de daños en Santiago de Cali
En primera instancia este evento permitió que gran parte de los actores institucionales y del gobierno local conocieran qué es la reducción de daños y los aportes que hacen diferentes organizaciones en la ciudad para mejorar la calidad de vida de las personas que consumen drogas. Estas experiencias son relevantes no solo para Cali, sino para el país y el mundo entero, pues la reducción de daños en Cali implica sí o sí trabajar con personas en los contextos más empobrecidos, donde muchas de las políticas públicas definitivamente no logran encajar, donde la Política de Drogas aún no ha podido dar respuestas concretas que empiecen a marcar un camino diferente.
Se habla pues de la necesidad de pensar en la reducción de riesgos y daños de manera integral, que incluye la generación de ingresos económicos dignos, de vivienda, alimentación, aseguramiento, de reducir violencias provenientes de diferentes actores, de cambio social desde las comunidades. A continuación, resumimos brevemente cómo contribuye cada una de las iniciativas locales en Cali a la agenda de reducción de daños:
Desde el sector público, la Red de Salud Ladera lidera dos proyectos en la ciudad. El Centro de Atención Móvil a la Drogodependencia (CAMAD), lanzado en 2024 como parte de la Política de Drogas del gobierno de Petro, opera en el barrio Sucre de Cali. Su enfoque es la atención integral de la salud física, mental y social de personas usuarias de drogas en condiciones de vulnerabilidad. Este proyecto incluye la entrega de material higiénico (jeringas), naloxona (un medicamento para responder a una sobredosis), y se esfuerza por aumentar acceso a servicios de salud como medicina, enfermería y vacunación, además de actividades de apoyo social como autocuidado y alimentación. La relevancia del CAMAD radica en su capacidad para superar barreras de acceso a servicios, atendiendo a una población vulnerable y de difícil acceso en Cali.
El segundo proyecto es el Programa de Mantenimiento con Metadona, que se lleva a cabo en la IPS Meléndez y se centra en un tratamiento integral e interdisciplinario para personas con trastorno por uso de sustancias. Este programa, iniciado en 2021, ha crecido de 16 a 79 personas inscritas, con una lista de espera considerable. No se enfoca únicamente en la abstinencia como indicador de éxito, sino en responder a las demandas individuales de los usuarios y aplicar buenas prácticas clínicas, y así el programa ha facilitado la reducción de la habitabilidad en calle de usuarios de heroína, promoviendo la reintegración social y laboral.
La Asociación Cultural Café Arboleda, ubicada en el barrio San Antonio, ofrece un espacio seguro y amigable para el consumo de cannabis, para responder a los conflictos de convivencia generados por el consumo de drogas en público, enfocándose en la reducción del estigma y los conflictos sociales. Además, organiza eventos y mesas de discusión sobre políticas urbanas relacionadas con el cannabis. En 2023, Café Arboleda lideró una encuesta para esclarecer los patrones del consumo de cannabis en la ciudad, y así dar a conocer las necesidades y gustos de los usuarios. La asociación aboga por políticas más equitativas para usuarios y cultivadores de cannabis, promoviendo la participación política y social.
La Corporación Sapiencia se especializa en el análisis de sustancias mediante pruebas colorimétricas, principalmente en espacios de ocio nocturno, para brindar conocimiento y agencia a los usuarios, quienes hacen preguntas, reciben atención psicológica si es que la quieran, y discuten sobre sus prácticas de consumo antes de tomar la decisión de usar alguna sustancia. Desde 2021 hasta 2024, han analizado 543 sustancias, incluidas MDMA, tussi, ketamina, LSD y cocaína.
Corporación Viviendo es la organización de la sociedad civil más antigua en Cali enfocada en la reducción de daños, con más de seis años de experiencia en el barrio Sucre, un lugar donde el uso de heroína por vía inyectada en espacio público es común. El Dispositivo Comunitario de Reducción de Riesgos y Daños, su principal estrategia, aborda la asistencia básica mediante el intercambio de material higiénico de inyección. Uno de los componentes clave de la Corporación es la red comunitaria para la atención de sobredosis, compuesta por personas de la comunidad que reciben naloxona en sus hogares o comercios, lo que les permite actuar como primeros respondientes en casos de sobredosis. En 2023, esta red salvó la vida de 37 personas que sufrieron sobredosis, gracias al protagonismo activo de la comunidad y los mismos usuarios de drogas.
La discriminación y la violencia que sufren muchas personas que consumen drogas, en particular las que viven en condición de calle, se manifiestan en el ámbito hospitalario, así que, la Corporación también trabaja en la detección de casos médicos críticos y el acompañamiento en citas médicas, exámenes y entrega de medicamentos, para responder a esta violencia institucional que está presente en el sistema de salud. No obstante, en 2023, se registraron 29 fallecimientos asociados a diagnósticos no tratados, y en lo que va de 2024, ya se han registrado 11 muertes. En cuanto a sobredosis, en 2023 hubo 4 muertes, 3 de las cuales ocurrieron en espacios privados, donde no fue posible brindar una atención oportuna. Esta es la realidad de una situación tan precaria debido a que el Estado colombiano no ha manejado integralmente la atención para los consumidores de drogas.
Además de su labor en salud, la Corporación desarrolla programas de educación, empleo y mejora del espacio público, logrando “pequeñas victorias” que fomentan cambios positivos en las vidas de las personas, como la terminación de estudios, la cualificación laboral y la vinculación de personas a empleos formales y actividades productivas legales. En este sentido, la Corporación insiste en que la reducción de daños no debe limitarse al intercambio de material de inyección y la atención a sobredosis, sino que debe incluir respuestas integrales que aborden factores determinantes como la educación, el empleo, la vivienda y el acceso a deportes y cultura.
Sin embargo, la organización enfrenta desafíos significativos, como la sostenibilidad financiera del dispositivo, que amenaza con la suspensión de sus actividades.
¿Hacia un mejor escenario para la reducción de daños en Santiago de Cali? Diálogo con participantes del evento
Socializar estas experiencias que se hacen en Cali provocó reacciones positivas por parte de las personas participantes, quienes inicialmente hicieron énfasis en cómo la reducción de daños se perfila como una propuesta que puede dar respuestas a otras situaciones problemáticas y retos que enfrenta Cali conexos al uso de drogas, como el trabajo sexual, la seguridad y convivencia, la vida en calle, asuntos de género, violencias, hambre, y precariedad laboral, entre otros.
En el evento se discutió sobre la necesidad e importancia de que las acciones de reducción de daños sean respaldadas por otros sectores además del de salud. Avanzar en la reducción de la prevalencia de VIH y coinfecciones es una prioridad, y lograrlo representará un gran paso. Sin embargo, ¿qué significa esto si las personas viven en la calle en la más profunda precariedad, pasan hambre, son violentadas y no tienen opciones dentro de un sistema de oportunidades que les permita cambiar sus condiciones de vida? Se plantearon entonces ideas sobre la implementación de estrategias de empleo de bajo umbral, las cuales han demostrado tener efectos positivos en la adherencia a tratamientos, la disminución de la inseguridad y la reducción de conductas de riesgo. Carolina Restrepo de la Secretaría de Salud Distrital de Cali manifestó que “necesitamos posicionar la inclusión socioeconómica y generar oportunidades reales para las personas. La propuesta debe ser presentada en la agenda pública para lograr un impacto efectivo”.
La reducción de daños es una estrategia originada en el norte global, diseñada para abordar problemáticas propias de esa región. Lo fundamental no es replicar modelos exactos, sino adaptarlos a la realidad social, económica y cultural de cada contexto, para que puedan acoger a las personas y sus comunidades, trabajando junto a ellas y diseñando enfoques de reducción de daños en conjunto. Al respecto, Marcela Tovar, de Harm Reduction International, tras una presentación sobre cómo las estrategias de empleo de bajo umbral para usuarios de heroína contribuyen a mejorar la seguridad, manifestó la necesidad de “empezar a desarrollar nuestras propias estrategias de reducción de riesgos y daños en América Latina, y cómo esa presencia y enfoque comunitario son, en sí mismos, una forma de sociedad de reducción de riesgos y daños, que debemos pulir, fortalecer y escalar”. Es necesario cuestionarse cómo la actual política de drogas dialoga (o no) con escenarios complejos de uso de drogas y cómo los gobiernos nacionales y locales pueden optimizar el conocimiento de estas organizaciones con amplia experiencia en el territorio, sin instrumentalizarlas, para aterrizar la política y garantizar la sostenibilidad de estas importantes iniciativas, que, en última instancia, se traducen en mejores condiciones de vida para las personas.
Se destacó cómo acercar los servicios de reducción de daños y cumplir con el principio de participación de los usuarios y la comunidad fortalece las estrategias, contribuyendo a que se avance hacia una capacidad instalada y mayor agencia por parte de las personas. La participación política de quienes asisten al espacio de la Asociación Cultural Café Arboleda, las decisiones informadas frente a su consumo asumidas por quienes reciben orientación de la Corporación Sapiencia, cómo logran reestructurar rutinas los usuarios del Programa de Metadona de la ESE Ladera, y el amplio número de actores comunitarios que la Corporación Viviendo ha logrado involucrar para reducir el número de muertes por sobredosis de heroína en Sucre, demuestran una ruta prometedora hacia un mejor escenario para la ciudad, donde la reducción de daños no es solo un asunto institucional, sino que comprende las necesidades y dinámicas locales. Marcela Tovar reiteró que en este trabajo es crucial el lugar de las comunidades y la participación de las personas usuarias de drogas, siendo reconocidas desde su capacidad de agencia y no como sujetos a intervenir. Expresó que “Debemos dejar atrás las ideas preconcebidas sobre cómo debería ser la vida de los demás, permitiendo que cada persona viva su propia vida”.
El enfoque sensible e incluyente con el que la Corporación Viviendo opera en el barrio Sucre ha generado confianza, respeto y relaciones sólidas, fundamentales para llevar a cabo actividades en un territorio que ha sido históricamente decepcionado por el abandono estatal. En este contexto, Juan Gabriel Arcila, de la Universidad del Valle, señaló que “si hablamos de desarrollo comunitario en términos de capacidades, cuando observamos la red operativa, cuando vemos que hay más instituciones, que hay más servicios, estamos hablando también de una comunidad que está relacionada y que tiene capacidad para responder a sus necesidades”. Esta perspectiva fue compartida por Marcela Tovar, quien resaltó cómo el trabajo desde la reducción de daños ha contribuido al fortalecimiento del tejido social, lo que puede contrarrestar el fenómeno de gentrificación en el centro de la ciudad. Tovar indicó que estas acciones permiten “entender cómo una población en el centro de la ciudad se está organizando para resistir al desplazamiento generado por presiones inmobiliarias, lo cual trae consigo problemas muy relacionados con la justicia social, donde el consumo es el síntoma de problemáticas más profundas”.
Finalmente, las políticas prohibicionistas y todo lo que representan han colocado al país en su escenario actual, imposibilitando muchas de las respuestas más holísticas que podrían adoptarse frente al uso de drogas, alternativas a la sanción. Es bien sabido que este enfoque es contraproducente; la “mano dura” contra las drogas solo conduce a más violencia. La experiencia en este espacio invita a reflexionar sobre estrategias preventivas, vinculadas a la reducción de daños, que impacten en la seguridad y convivencia ciudadana. Desde la Secretaría de Seguridad y Justicia se señaló: “Nos parece muy importante hablar no solo de seguridad, sino de lo que se puede hacer en clave de prevención. Sus experiencias y evidencia son fundamentales para lo que estamos haciendo, así que les estaremos buscando para abordar un actor más; estamos interesados en este tema”.
Reflexiones y aprendizajes
“Cali Dialoga” ha destacado la importancia de abordar la reducción de daños desde una perspectiva local que integre múltiples dimensiones de la vida comunitaria: convivencia, vivienda, empleo, cultura y garantía de derechos. A continuación, compartimos nuestras reflexiones finales:
Primero, aunque las iniciativas lideradas en Cali son valiosas, siempre necesitarán más recursos y un mayor apoyo institucional para fortalecerse y poder atender a más personas. La meta ahora es consolidar estas iniciativas ya existentes en el distrito y, en el marco del plan de desarrollo, comenzar a concretar propuestas que permitan sostener económicamente la reducción de daños y ampliar su impacto en otras áreas fundamentales para la vida de las personas, las necesidades de las comunidades y los desafíos de la ciudad.
Hablar de convivencia implica considerar la seguridad y la inclusión social de las personas usuarias de drogas en sus comunidades. La vivienda es esencial para asegurar un entorno estable que permita mejorar la calidad de vida y el acceso a servicios básicos. El empleo y la cultura juegan un papel crucial en la inclusión y el desarrollo personal, ofreciendo alternativas al consumo problemático de sustancias. Garantizar derechos básicos es fundamental para que todas las personas, independientemente de su situación, puedan acceder a un trato digno y equitativo.
A nivel nacional, es vital que el trabajo realizado en Cali sea reconocido e integrado en el panorama de políticas públicas. Las experiencias y éxitos locales ofrecen valiosas lecciones que pueden enriquecer la política de drogas en todo el país. Reconocer y apoyar el esfuerzo territorial es clave para fomentar un enfoque cohesivo y eficaz en la reducción de daños. La articulación con otros sectores, como el gobierno, la academia y la sociedad civil, es esencial para construir redes de apoyo y coordinar acciones que amplíen el impacto de estas iniciativas.
Por último, es importante cuestionar: ¿dónde estaban los funcionarios del Gobierno central, que fueron invitados pero no asistieron al encuentro? La reducción de daños es una estrategia clave en la Política de Drogas 2023-2033, pero parece ser solo una declaración vacía. Las organizaciones que trabajan en Cali están bien posicionadas para ser aliadas del gobierno en la implementación de esta política; su experiencia y conocimiento local son activos valiosos que pueden contribuir significativamente a la creación de un entorno más justo y equitativo para todos. Es fundamental fortalecer estas alianzas y asegurar que el trabajo local reciba el reconocimiento y apoyo necesario para mejorar las oportunidades para las personas en riesgo. Lo que se necesita ahora es un compromiso político real: con acciones en lugar de palabras vacías, con recursos en lugar de reuniones, y con un trabajo inclusivo a largo plazo con las comunidades en lugar de ‘ayudas’ a corto plazo.
