Mirella van Dun
Utrecht UniversityEl posconflicto peruano
El posconflicto peruano
El Valle del Alto Huallaga, la región más cocalera del Perú durante el posconflicto, y el Caquetá, territorio cocalero colombiano, son escenarios que se pueden poner frente a frente al leer Cocaleros: violencia, drogas y movilización social en el posconflicto en el Valle del Alto Huallaga, Perú, una profunda y sugestiva investigación realizada por Mirella van Dun.
El Alto Huallaga ha tenido una trayectoria histórica que muestra las brechas entre la implementación de un posconflicto y la anhelada paz, pues allí el fin del conflicto no significó precisamente la terminación de la violencia y la inseguridad. ¿En qué consisten estas fracturas?
A lo largo de ocho capítulos Van Dun se pregunta por las narrativas locales sobre el conflicto armado, la relación entre los procesos locales de posconflicto y los nacionales, y la necesidad de comprender qué ocurre en sociedades en posconflicto cuando una industria ilegal domina la economía local.
Para la autora es urgente comprender la relación entre industrias ilegales y la violencia en el Alto Huallaga sobre tres ejes de análisis:
- Una discusión sobre la violencia,
- La reconstrucción, y
- La movilización social.
Este documento es el producto de un trabajo de 26 meses de etnografía en esta región cocalera del Perú y del acompañamiento al movimiento cocalero; y fue presentado como tesis de doctorado en la Universidad de Utrecht.
El Alto Huallaga tiene una trayectoria histórica similar a la de la Amazonia colombiana, pues también fue estereotipada con imágenes de “El Dorado” y “El infierno verde” en tiempos de la Conquista y la Colonia.
Posteriormente fue colonizada por migrantes en la década del sesenta, y en la década del setenta llegó la coca que tuvo su boom en el ochenta, lo que atrajo a la guerrilla, al Estado y a los narcos, quienes convirtieron a esta región en uno de los lugares más violentos del país.
El fin del conflicto no significó precisamente la terminación de la violencia y la inseguridad.
El posconflicto se empezó a construir en 1992, tras la declaración de victoria por parte del presidente Alberto Fujimori después de la captura de Abimael Guzmán. Como el fin del conflicto se dio sin proceso de paz, el rumbo del posconflicto se vio gravemente afectado. Por ejemplo, no hubo actos de reparación simbólica y económica, y se vio una política de negación por parte de los gobiernos peruanos.
La violencia disminuyó a nivel nacional y en el año 2000 se levantó el estatus de “estado de emergencia” de la región del Alto Huallaga, hasta que en 2005 el conflicto aumentó por la reactivación de las operaciones de erradicación forzada.
Los territorios cocaleros
 Campesina de las rondas de autodefensa durante la época del terrorismo en el Perú. Foto: Wikimedia Commons |
Las dos maneras de entender la violencia no son suficientes a la hora de comprender lo que ocurre en el Alto Huallaga donde, señala la autora, la mezcla entre actores armados de la industria de la cocaína (las firmas tradicionales y las nuevas que llegaron a disputar el mercado) y la guerrilla no son “nuevas guerras” sino modelos locales de violencia donde se mezclan metas políticas dinámicas y nuevas formas de poder e ideologías. Esta investigación aporta a la discusión sobre “las nuevas violencias” (con énfasis en lo económico) y “las viejas violencias” (ideológicas), y la autora defiende la existencia de una simbiosis entre los nuevos grupos criminales y los actores armados políticamente motivados.
La autora manifiesta la necesidad de realizar estudios regionales de la violencia, la comprensión local de las dinámicas de los actores armados y la industria de la cocaína. Además, busca comprender cómo esta violencia es entendida por la población según las estructuras de poder, los contextos, las experiencias y los lugares desde donde se expresa.
La autora analiza la reconstrucción en el posconflicto, en el que hacer la paz se convirtió en un proceso meramente institucional, dirigido por el Estado de arriba hacia abajo. Por ejemplo, en Perú se ignoraron las interpretaciones de la justicia territoriales, las dinámicas locales de violencia y de paz, y la manera en que se reconstruyen los tejidos sociales en la vida cotidiana.
El surgimiento de las “rondas campesinas”, como grupos de defensa ante la violencia desatada, es un ejemplo de las formas locales de protección y sus peligros.
Otro apartado de la investigación se refiere a cómo el posconflicto se convierte en una coyuntura donde se redefinen roles, se reconfiguran las ciudadanías y la sociedad civil.
Dialogando con las miradas estructuralistas y culturalistas de los movimientos sociales, la autora propone que en procesos de posconflicto donde crece el movimiento social, es importante estar atentos a las nuevas identidades y a las oportunidades políticas externas y a los recursos que tienen para desenvolverse.
En el Perú esto se reflejó en el surgimiento del movimiento cocalero, pero también en las vehementes oposiciones a este. La autora reseña las dificultades de la consolidación de un movimiento cocalero nacional que enfrentó la incapacidad de unificar dos discursos: el de la apropiación indígena y milenaria de la hoja de coca con el del campesinado y colonizador pobre que la procesaba para sobrevivir.
Finalmente, también aborda la construcción del Estado nación peruano en estos procesos de posconflicto, teniendo en cuenta los territorios que han vivido una exclusión de larga duración, donde el Estado no garantiza los derechos y garantías constitucionales de sus ciudadanos, es decir, los territorios marginalizados.
La autora concluye que el posconflicto exige la consolidación de los procesos democráticos en los márgenes del Estado, y el fracaso de estos procesos es la razón de la reactivación y persistencia de la violencia.
Escapar el destino del Alto Huallaga
La lectura de la experiencia del Alto Huallaga invita a pensar los retos de los acuerdos de La Habana en los territorios cocaleros colombianos. Una interesante discusión es la relación entre cultivos de coca y la violencia.
Una de las causas de la violencia en el Alto Huallaga fue la erradicación forzada, que disminuyó la oferta de hoja de coca y desequilibró los delicados balances entre los narcotraficantes locales. Al verse disminuida la producción empezó una lucha entre diferentes actores por acaparar lo que quedaba, activando una violencia entre narcos.
Este ejemplo es importante ahora que en Colombia se sugiere que el aumento de los cultivos se debe a que las aspersiones disminuyeron. La explicación del aumento de los cultivos debe ser estudiada regionalmente teniendo en cuenta las dinámicas del conflicto.
Por ejemplo, en el Caquetá los campesinos y campesinas señalan que en la época en que se agudizó la guerra con la incursión paramilitar, entre 2002 y 2006, la entrada de compradores de la pasta base se hizo mucho más difícil, lo que desincentivó el cultivo. Por el contrario, en época de mayor tranquilidad, como el cese bilateral, la entrada de compradores es más fácil, lo que incentivó el cultivo.
Paz en el territorio
 Huallaga, Perú. Foto: Dan From Indiana |
En el país es necesario fortalecer estudios regionales sobre las dinámicas de la guerra y la economía de la coca para poder plantear estrategias más claras y menos perjudiciales tanto para la salud como para la legitimidad del gobierno.
Es importante pensar la implementación del posconflicto en lo territorial. En foros, talleres, conferencias y comunicados la palabra “territorial” aparece tantas veces como “paz” y parece que, después de que la academia insistió tantas veces sobre la necesidad de ver a las regiones, esta palabra caló finalmente en la política pública.
El posconflicto exige la consolidación de los procesos democráticos en los márgenes del Estado.
No obstante, debe verse con cuidado y desconfianza: ¿qué significa para los diferentes organismos y agencias “lo territorial”? No puede convertirse simplemente en tener en cuenta el contexto a la hora de que desde el centro se diseñe la participación.
Lo que muestra la experiencia del Alto Huallaga es que el efecto aplastante del Estado sobre las iniciativas identitarias y organizativas locales atizaron la violencia y convirtieron a los cocaleros en grupos más vulnerables ante las dinámicas de la industria de la cocaína.
En el caso de los cocaleros y cocaleras colombianas este reto tiene una expresión clara: el fortalecimiento del movimiento cocalero y su legitimidad. En el Perú, Van Dun muestra el duro ataque al que fueron sometidos en el proceso de convertirse en parte de la sociedad civil. La pelea es la búsqueda de la legitimidad en un contexto de ilegalidad.
En Colombia, el éxito de los procesos de sustitución de cultivos pasa, paradójicamente, por el fortalecimiento del movimiento y la identidad cocalera como un paso para la transformación rural. Los espacios de participación, como las asambleas comunitarias y la construcción de los Planes de Sustitución Territoriales, tienen sentido en la medida en que se empodere a los cocaleros y cocaleras y se les reconozca su legitimidad.
Esto no debe tampoco desviarnos de la solución del problema de las drogas: su legalización y regulación. El primero paso es, como también está en los Acuerdos de La Habana, la reformulación de la Ley 30 de 1986 sobre estupefacientes que busca descriminalizar al pequeño cultivador.
*Economista de la Universidad de los Andes (Bogotá), Maestra en Historia de la misma universidad y Doctora con Mención Honorífica en el Programa de Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, Ciudad Universitaria, Ciudad de México).
**Este artículo fue publicado en el portal Razón Pública