En Remolino del Caguán, antigua capital cocalera del Caquetá, y territorio histórico de las FARC, se esperaría que las primeras elecciones tras la firma de los Acuerdos de Paz fueran recibidas con un jubiloso ejercicio del principal derecho democrático, el voto; sin embargo, la jornada electoral del pasado 11 de marzo se destacó por tener una de las participaciones más bajas en años.
Este corto artículo es un llamado a prestar atención a los proceso de Planeación del Desarrollo y Ordenamiento del Territorio a partir del ejercicio democrático de participación en los escenarios creados para tal fin, contemplados en el artículo 339 y 344 de la Constitución Política de Colombia y ratificada por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOT) 1454 del 2011
La falsa dicotomía del local corrupto y el poder central moderno ha encubierto que el problema no recae en la descentralización. Recae en que esta no ha sido suficiente. El tema de la minería, hoy en día tan en boga, es ejemplo de ello. Las comunidades hoy luchan, como en la valiente resistencia de los campesinos de Valparaíso en el Caquetá, por defender un territorio en el que habitan y sobre el cual el gobierno nacional expidió una licencia de explotación petrolera bajo el argumento de que el subsuelo pertenece al Estado. ¿Acaso el subsuelo se puede desprender del suelo? ¿Tiene sentido esta división?
En el actual contexto de negociación en medio del conflicto armado y de cara a un eventual posconflicto, se ha comenzado a discutir entre otros temas la necesidad de plantear la conformación de una nueva institucionalidad que responda más a las necesidades propias de las regiones y con la cual se logre superar las problemáticas subnacionales especialmente en el ámbito agrario, político y de organización territorial.
