Fotografía: AlaOrilladelRío
Estefanía Ciro*
El “posconflicto” ha desbordado los comunicados de La Habana y se ha fijado en todos los niveles de la imaginación y conversación cotidiana de Colombia. Si hace un año se clamaba por divulgar a la opinión pública lo que se discutía en los diálogos entre las FARC y el gobierno de Santos, se puede decir que hemos llegado a un punto en que, como en novela de Harry Potter o los Juegos del Hambre, ya tenemos hasta Ministro del Posconflicto.
(https://twitter.com/elchiflamicas/status/667436474149769216).
El problema de la volubilidad del término es que no permite hilar fino en algunos casos. En una coyuntura en la que se juega el futuro de Colombia, urge reconocer la complejidad de este término y lo que encubre. Una muestra es la manera en que se visualiza la situación en las “zonas azotadas por el conflicto” y un ejemplo, el Caquetá.
Un artículo reciente de La Silla Vacía sobre las tensiones que se vienen presentando entre el “vargasllerismo” y el Partido Liberal, termina planteando que este último en el escenario de “posconflicto” va a tener obstáculos para acceder a la participación en estos fondos. Las razones de esto es que el liberalismo no tiene mucha fuerza en las regiones “azotadas por el conflicto” y además las inversiones no se darán en estas zonas a través de “criterios tradicionales”. Al contrario, como es necesario “fortalecer la base social de las Farc”, agrega La Silla Vacía, “los presupuestos serán participativos, con alta injerencia de las organizaciones sociales y con poca intervención de las maquinarias políticas tradicionales, incluyendo las rojas”.
En primer lugar, es necesario problematizar los supuestos sobre los que se hacen estas aseveraciones para el caso del Caquetá, una región central en el contexto de la firma de los acuerdos de paz. El liberalismo no es una fuerza débil en el Caquetá, acaba de ganar la gobernación del departamento (por ejemplo ganó en las votaciones a gobernación en San Vicente del Caguán) y otras fuerzas se debilitaron en urnas como la de Serrano, del partido de la Unidad Nacional. Todavía está pendiente hacer un examen juicioso de las votaciones caqueteñas.
En segundo lugar, estos argumentos deben ser cuidadosamente estudiados en el caso del Caquetá pues la historia en las últimas décadas señala que los procesos de acercamiento entre enemigos no aseguran nada y el cumplimiento de compromisos es central: la suerte aún no está echada.
La experiencia del Caguán en los ochenta mostró que la dinámica política- electoral regional fue central para hundir el esfuerzo de apertura política: el turbayismo, una fuerza política liberal empotrada como la bisagra de la articulación de la política nacional y la regional, monopolizó la inversión social caqueteña y frenó la participación de las fuerzas políticas de izquierda en la región (Ciro A., 2015). La ola de violencia política que acabó con los movimientos de izquierda en el Caquetá fue parte de las razones del rompimiento de los acuerdos en este periodo.
Por el otro lado, el Plan Nacional de Rehabilitación fracasó. A pesar de sus esfuerzos de convertirse en un canal de participación comunitaria en la ejecución de presupuestos, terminó viciada entre otras por la manera en que el turbayismo la utilizó en esta región para mantener sus redes clientelares. En últimas, se podía negociar la paz pero la aparición de nuevos actores políticos desacomodaban las fichas de la dinámica política regional y atentaban contra posibles esperanzas de acuerdo de fin de conflicto.
Con base en esta experiencia, una cosa será lo que se firma y otra cosa lo que ocurrirá. La aplicación y éxito de los compromisos firmados en La Habana en esta negociación dependen en gran parte del contexto político regional. Las pasadas elecciones de alcaldes y gobernación fueron fundamentales y los supuestos sobre la debilidad del liberalismo, la imagen de que no habrán criterios “tradicionales” para la ejecución de inversiones, y el argumento de la disminución de la intervención partidista en estos presupuestos no son plausibles y es necesario desconfiar más del reto que se le viene al país.
El “posconflicto” debe leerse entre las líneas de lo firmado en La Habana y ser más realista en los retos que representa la aplicación de los acuerdos bajo las coyunturas regionales. No hay que caer en las generalidades como que se van a cambiar los “criterios tradicionales”, o va a haber “poca intervención de las maquinarias políticas”. Es el real desmonte de estas prácticas el reto que permitirá por ejemplo, el influjo en la escena política de nuevas fuerzas o la transformación de la vida de miles de campesinos. Por ejemplo, para esto es necesario analizar el lugar de instituciones como el Departamento de Prosperidad Social y el Plan Consolidación, instrumento político de varias fuerzas regionales.
Ojalá las fuerzas políticas y la opinión pública comprendan que tras la firma de los acuerdos, la guerra se traslada a la política y el reto principal es contener los múltiples conflictos en este canal; tanto las FARC como los políticos tienen la misma responsabilidad de mantener este compromiso. El “postconflicto” no se puede convertir en conflictos violentos de baja intensidad por la cooptación de los recursos públicos.
El Caquetá no es solo “azotada por la violencia” sino por los partidos políticos nacionales. La suerte aún no está echada.
*Coordinadora de la línea de investigación Economía, poder y sociedad. Es economista, mágister en historia de la Universidad de los Andes y candidata a doctora del programa de posgrado de ciencias políticas y sociales de la Universidad Autónoma de México, docente e investigadora del centro de pensamiento A la orilla del río de la Corporación Educativa Jean Piaget. Consultora independiente.
