¿Qué le espera al Caquetá ante la cuestión de los cultivos de coca en el marco del pos- acuerdo? Esta semana se cumplieron dos años desde la primera vez que el gobierno de Santos y las FARC-EP se sentaron para redactar el Acuerdo General de La Habana. Este proceso duró seis meses, se firmó el 25 de Agosto del 2012 y se instaló públicamente en Oslo (Noruega) el 18 de Octubre ese mismo año (Santos, E., 2014). Los temas que se acordaron dentro de la agenda fueron seis: la política de desarrollo agrario integral, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas, las víctimas y por último, la implementación, verificación y refrendación de lo acordado[1].
Este proceso de diálogo es una oportunidad histórica no solo para las partes sino para la sociedad colombiana en general. El éxito del periodo pos-acuerdo depende de la organización de los múltiples actores en juego y su voluntad política, y también de la manera en que toda la sociedad, entre ellos el sector privado o los partidos políticos, asuman roles pensando articularse activamente en este reto.
La negociación sobre los cultivos de coca y la producción de pasta base entre la guerrilla, el campesinado y el Estado no es un asunto nuevo. Este texto propone una lectura de los puntos acordados sobre el problema de los cultivos de coca a la luz del surgimiento histórico del campesino cocalero en el Caquetá y los procesos organizativos del “Modelo Caguán”. Así se pueden deshilar algunos retos y oportunidades que los diferentes actores políticos del Caquetá tienen antes el pos-acuerdo.
En la coyuntura actual del departamento, uno de los impactos más significativos de este acuerdo es precisamente el futuro ambiental del Caquetá, que ostenta desafortunadamente una de las más altas tasas de deforestación en el continente (Agencia de Noticias UNAL, 25/01/2013). Este asunto poco a poco se ha ido filtrando en la preocupación regional en diferentes foros y que se suma al debate sobre los peligros ambientales que acechan al Caquetá con la “locomotora minero-energética” (Censat Agua Viva, 2014)[2].
Esta crisis ambiental es un síntoma de las contradicciones que enfrentan los diferentes actores que hacen parte del campo caqueteño (desde el pequeño campesino hasta los grandes terratenientes, por ejemplo). No debe ser entendida como una consecuencia aislada del cultivo de coca o de la ganadería intensiva sino como el resultado de la carencia de un proyecto integral y sostenible de desarrollo rural serio y democrático. Es en este horizonte de acción en el que se debe comprender lo acordado en La Habana sobre lo rural y los cultivos de coca; su fracaso es el nuestro también.
Este texto inicia exponiendo el funcionamiento de la economía social de la coca y mostrando el lugar que el campesino ocupa en esta cadena. Después se sitúa históricamente el surgimiento de los cultivos de coca en la región. Posteriormente se analizan los puntos centrales de la experiencia del “Modelo Caguán” que puede servir para hacer una lectura tanto del papel del Estado en la región como de sus aportes para la experiencia actual del diálogo entre las FARC-EP y el gobierno colombiano. Finalmente se comenta sobre los retos y oportunidades para la región en esta coyuntura a la luz de esta experiencia pasada.
- La economía social de la coca: la otra cara de la globalización
El campesino cocalero es un protagonista reciente de la historia de Colombia debido a la expansión de los cultivos de coca a lo largo de la Amazonia colombiana hace poco menos de cuarenta años. Pero su aparición no es caprichosa, la vida de este campesino está marcada de experiencias como la pobreza, el desplazamiento, la violencia y la crisis agrícola del campo colombiano (Molano, A., 2001; Jaramillo, J.E. et al, 1989).
Su surgimiento también obedece a la demanda de estupefacientes, alucinógenos y demás sustancias psicoactivas a lo largo del mundo a finales del siglo XX, un negocio que es central en el funcionamiento de la economía global, tanto en términos de movilización de capitales, como en la vida cotidiana de los habitantes del primer mundo[3]. Es por este mercado, que se calcula en 17 millones de consumidores de cocaína en el 2012 (aproximadamente dos veces Bogotá), que varios países en América Latina, incluyendo a Colombia y a México, se han visto envueltos en la “cruzada” contra las drogas, una política de criminalización con resultados variopintos y muchas encrucijadas[4]. Recientemente la cocaína parece estar perdiendo terreno frente a las drogas sintéticas: el Informe Mundial sobre las Drogas en el 2014 de la UNODC, señaló que la disponibilidad de la cocaína ha disminuido en el mundo y que el área estimada de cultivo a Diciembre del 2012 fue la más baja desde 1990 (UNODC c, 2014; 10).
Cultivo de coca en el Caquetá, 2015. Fotografía Estefanía Ciro
Los ritmos frenéticos, discordantes y desintegradores de la vida moderna basada en la eficiencia, las utilidades materiales y la desigualdad, ha llevado a ampliar el uso de estas sustancias. La cocaína es un alcaloide estimulante del sistema nervioso central altamente adictivo que se extrae exclusivamente de la hoja de coca, una especie de planta cultivada en los países andinos y amazónicos. La hoja de coca tiene diferentes tipos de alcaloides y el más conocido es la cocaína. Los países donde estas plantas son nativas, es decir, Bolivia, Perú y Colombia, concentran toda la producción de cocaína en el mundo (UNODC c, 2014: 10).
En el occidente globalizado, la cocaína es consumida en diferentes formas. En el mercado se vende en forma de bazuco, el más barato pero también el más dañino porque se produce con los desechos de la extracción de la cocaína, químicos nocivos como el polvo de ladrillo, la acetona, insecticida, plomo y gasolina roja. También en forma de crack, que se fuma en pipas y es muy adictivo. El otro producto es elclorhidrato de cocaína, un polvo blanco que se esnifa (algunas veces se inyecta también) en dosis promedio de 20 a 50 miligramos. Sus efectos inmediatos son la excitación y la elevación de la autoestima (Saviano, R., 2014).
Varios elementos caracterizan este mercado, que como cualquier otro, nunca está determinado exclusivamente por la oferta y la demanda. Los precios de la cocaína se determinan por los costos extras del proceso de circulación del producto dado el carácter ilegal del producto; por ejemplo, la corrupción, el mantenimiento de los ejércitos privados, las incautaciones. También por las relaciones con el cliente, pues se habla de una demanda cautiva y en aumento, y por los mecanismos sui generis que utilizan los narcotraficantes en ausencia de un aparato formal de derecho que pueda “ordenar” el mercado ilegal (Krauthausen, C., y Sarmiento, L.F., 1993).
Los datos del narcotráfico en Colombia siempre han sido difíciles de cuantificar. Uno de los más recientes intentos afirman que en el 2008, el mercado del tráfico de cocaína fue un mercado de 13.6 billones de pesos, es decir, el 2.3% del PIB del país. De estos, 1.2 billones correspondieron al eslabón de los cultivadores de hoja de coca y 0.2 a quienes procesaron la pasta base; 2 billones quedaron en la etapa de cristalización y la mayor ganancia se quedó en el tráfico, que alcanzó 9.6 billones (Mejía, D., y Rico, A:, 2010: 4). Es así que el eslabón que menos se beneficia es el que produce la hoja de coca y procesa la pasta base, en el que participa el campesino cultivador y el raspachín. Es en este punto en el que su carácter agro-exportador y minifundista de la actividad se mezclan con la crisis general de la agricultura campesina.
Los cultivos de coca se extienden en 200 municipios (de los 1123 que tiene Colombia). Es una actividad que se concentra principalmente en 10 municipios del país a pesar de que ha ido en descenso (Mejía. D., y Rico, A., 2010: 8). En el 2013, la región con mayor porcentaje de cultivos de coca fue Pacifico, con 38.5%, seguida de Putumayo-Caquetá, con un 24.9%. En estos últimos 10 años, la caídas más drásticas de hectáreas cultivadas según Cerac y Dane fue la región Meta-Guaviare que pasó de 28 mil en el 2004 a 7 mil en el 2013. En el Caquetá-Putumayo, el 2007 fue un año en el que el cultivo se duplicó con respecto al 2004, pero volvió a caer en el 2013. A pesar de esto, mostró aumentos significativos en hectáreas sembradas en el 2013 (UNODC b, 2014: 29).
Ahora, no todos los cultivadores son iguales. Algunos autores hacen distinciones: pequeños, medianos y grandes cultivos, que tienen características diferentes, y por lo tanto preocupaciones diferentes (Ortiz, C., 2003; Torres, L. 2000). En particular el pequeño productor es un típico colono campesino, y en el Caquetá eso implica varias cosas, como se explicará a continuación.
- Surgimiento del campesino cocalero en el Caquetá: de espejismos de riqueza
El discurso de “frontera” y “periferia” del Caquetá, tan interiorizado en las conversaciones cotidianas sobre esta región con la famosa frase “la ausencia del Estado”, es una construcción política e histórica que tiene como objetivo legitimar ciertas políticas sobre la región. Esta dominación se evidencia en el carácter excepcional de las políticas que el Estado colombiano ha desplegado en el Caquetá, que juegan con la doble cara estatal: una cara asistencialista y paternalista que se conjuga con una cara represiva y militar (Wacquant, L. 2010). Unas políticas cada vez más cerradas a la participación y construcción local de democracia y reflejo de cierta imposición. En últimas, como afirma Margarita Serje (p. 225, 2005), la diferencia es resultado de la dominación, no al contrario. Las características de “periferia” del Caquetá con índices sociales y económicos tan bajos, son resultado de estas políticas, no su explicación o justificación.
Y es que a lo largo de la historia del departamento, lo que se ve es una presencia constante y conflictiva del Estado en esta región; Rafael Reyes se hizo rico (y presidente) siendo cauchero en la Amazonía y los congresistas huilenses a mediados del siglo XX lograron que calara la idea de una Caquetá ganadera. Fue por defender la soberanía de ese “centro” amenazada en la Guerra contra el Perú que se dio un impulso a las carreteras y a la colonización y la presencia del Estado también se notó en los proyectos Caquetá I y II del Banco Mundial que fueron muy importantes en los setenta a pesar de su fracaso, un periodo también con mucha movilización social y política en la que se logró parte de la electrificación del departamento, y fue respondida muchas veces con represión.
En los ochenta llega la fiebre de la coca que revolcó todos los estamentos de la sociedad colombiana (desde la guerrilla hasta el Estado); también la región fue testigo de la represión del Estatuto de Seguridad, la expansión del M-19 y el fortalecimiento de las FARC-EP, a la par de la aplicación del Plan de Rehabilitación Nacional. Fue en esa negociación con el centro y los beneficios políticos que obtuvo de ahí, que Hernando Turbay se convirtió en el líder político que fue en los ochenta. En los noventa, la ola de fumigación movilizó a miles de campesinos cocaleros y en el Caquetá se ejecutó el PLANTE. En 1998 se firmó el acuerdo de política contra las drogas más ambicioso de los Estados Unidos y con mayor injerencia en la región, el Plan Colombia, donde el Caquetá fue un lugar de operaciones.
Es así que el Estado colombiano ha sido un actor determinante, constante y definitivo en la historia de este departamento. En vez de afirmar la “ausencia del Estado”, la pregunta debe ser qué tipo de relaciones estatales se establecen en la región, cuáles son sus prioridades y qué intereses tienen.
A partir de esto, entonces ¿quién es el campesino cocalero del Caquetá?¿Quiénes son los actores que participan en esta primera etapa de cultivo de hoja y producción de pasta base?
El campesino caqueteño, y en especial el cocalero, es ante todo un colonizador. Los fenómenos de la colonización en Colombia han configurado política, económica y socialmente este país. Dos han sido los procesos centrales de construcción regional más importantes del siglo XX: la colonización cafetera y la de la Amazonia y Orinoquía, que se basaron en las economías extractivas, como la quina, el caucho, las maderas y las pieles. En este contexto, la colonización amazónica se desarrolló con más fuerza en la segunda mitad del siglo XX y explica el rezago de la descampesinización en el país. Esta migración permitió encontrar miles de hectáreas disponibles, escapando momentáneamente a la presión del capital de la agro-exportación y del mismo Estado, amortiguando la masiva migración campo-ciudad y aumentando la asalarización agrícola (Legrand, 1988).
La Amazonia colombiana, al igual que toda la región amazónica del Perú, Bolivia y Brasil, se convirtió en área de colonización esporádica a principios del siglo XX a través de los mercados extractivos de la quina y el caucho (Domínguez, C., y Gómez, A., 1990) pero poco a poco la mediana y gran propiedad ganadera se fue instaurando, transformando el paisaje amazónico caqueteño en grandes potreros (Ciro, A., 2008).
Una primera migración masiva llega entre 1950 y 1960 a raíz de La Violencia; estas personas llegaron a climas difíciles y tierras poco fértiles pero al fin al cabo, libres de violencia y disponibles para el trabajo.
El campesino amazónico enfrentó el reto de domesticar la selva con métodos de la cordillera. Ellos reprodujeron la migración permanente: migración- colonización-conflicto y migración (Fajardo, D., 2009). Este ciclo consiste en la presión constante de los intereses de la acumulación de capital a la que están sometidos los campesinos en la selvas y que se da principalmente vía endeudamiento. Las raíces de las demandas y luchas políticas del campo amazónico frente al Estado colombiano tienen sus raíces en la necesidad de romper con las condiciones adversas y vulnerabilidad que hace repetir el ciclo (Delgado, A., 1987).
La coca es la última expresión de este ciclo. La apertura de selva a lo largo del río Caquetá y selva adentro permitió ampliar la frontera agrícola; detrás de ellos van los terratenientes apropiándose de esta tierra desmontada. Los cocaleros entonces se internan más en la selva.
La política de criminalización del campesino cocalero y en general del narcotráfico se ha basado en algunas declaraciones de las Naciones Unidas (ONU; 1961, 1971, 1988). Uno de los países que más ha desplegado esta política de la lucha contra las drogas con la pauta de los intereses geopolíticos de los Estados Unidos ha sido Colombia (Vargas, R., 1999; Tokatlian, J. G., 2001). La injerencia de este país en la política interna colombiana ha utilizado la política anti-drogas como caballo de Troya. No obstante, la criminalización al cultivador es una característica particular del tratamiento del fenómeno en Colombia, en Perú la hoja puede ser cultivada y se castiga el procesamiento (El país semanal, 23, 01, 2014).
La manera en que esta penalización afecta al campesino ha sido a través de una estructura legal cada vez más criminalizadora que consiste principalmente en el encarcelamiento, por la fumigación y la erradicación forzada, además de la estigmatización.
La participación de la población encarcelada por delitos relacionados con el narcotráfico es alta, pues constituye el tercer grupo de delitos con más personas privadas de la libertad. Entre 2003 y 2009 fueron privadas de la libertad por este cargo 11 mil personas principalmente “raspachines”, pequeños cultivadores, “mulas” y pequeños distribuidores (Uprimny, R., y Guzmán, D., 2010: 46). En el 2013, 24 mil personas fueron encarceladas por la modalidad delictiva “tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 14.2% del total.
Colombia es el único país en el mundo que fumiga con glifosato, afectando no solo al cultivador de coca sino a fincas alrededor y al medio ambiente en general. La aspersión ha sido una estrategia central del Plan Colombia, pasando de 50 mil hectáreas en el 2000 a 170 mil hectáreas en el 2006 (UNODC, 2013: 84). Y el Caquetá ha sido una de las áreas de mayor aspersión, alcanzando el pico en el 2002, con 18 mil, seguidas por 17 mil en el 2010 (UNODC, 2013: 85).
- “Modelo Caguán”: 30 años de la primera experiencia de paz y de sustitución de cultivos en el Caquetá.
La experiencia de los diálogos del Caguán durante la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) opacaron otra que se dio en ese mismo territorio décadas antes y que fue denominada “Modelo Caguán” en el marco de un primer acercamiento entre el gobierno de Betancur y las FARC-EP entre 1982 y 1986, momento que permitió que se radicara la Ley de Amnistía, el Plan Nacional de Rehabilitación y se creara la Comisión de Paz. Más allá de pensar las dificultades y obstáculos de este proceso de negociación, el interés de este texto ilustrar la propuesta para el desarrollo agrícola de la colonización y la sustitución de cultivos de coca planteada en el “Modelo Caguán” y sus resultados.
En los ochenta, la firma de los acuerdos de La Uribe (Meta) entre el Estado Mayor de las FARC-EP y la Comisión de paz del gobierno de Betancur generó esperanza principalmente en las áreas del sur de Colombia, donde el conflicto traía zozobra cotidiana sobre la población y había expectativas precisas frente a la solución a problemáticas campesinas como la colonización de la Amazonia, que exigían atención.
En ese momento dos procesos centrales vivió la región caqueteña, la colonización y la introducción de los cultivos de coca. La propuesta del Modelo Caguán fue resultado de estas expectativas, basadas en la decisión de los campesinos de dejar la coca a cambio de un impulso transformador del Estado colombiano sobre la productividad del campo caqueteño.
El experimento del Caguán tenía como objetivo hacer del Caguán una región “pacífica, con un sitio en el concierto económico del Caquetá y reconocida por las autoridades del Estado”. Para esto se redactó el Anteproyecto del Plan de Desarrollo del Medio y Bajo Caguán y se propuso levantar un área de reserva forestal (Mora, L., 1989, p. 156). También se incluyó la construcción de una granja experimental para el desarrollo técnico y científico de la actividad campesina en la región y la creación de una empresa agrícola comunitaria. La legitimidad de este proyecto fue amplia gracias a la firma de 29 juntas de acción comunal, el comité de colonización, la asociación de juntas comunales y los representantes políticos de los frentes XIV y XV de las FARC en 1985 más la participación de entidades gubernamentales como el INCORA (Mora, L., 1989, p. 170).
Este anteproyecto contempló varios ejes: uno agropecuario, entre otros mediado por el tema del fomento ganadero y la expansión de la ganadería (priorizando el modelo de explotación extensivo y sus desafortunadas consecuencias en el territorio amazónico y sobre la concentración de la tierra); el de infraestructura social, sobre temas como la educación y la salud, el acueducto y el alcantarillado; la infraestructura física, principalmente la preocupación por la electrificación, el mejoramiento del transporte fluvial y las telecomunicaciones; y el de la infraestructura vial que incluyó el tema de una pista de aterrizaje y el desarrollo de vivienda y locales públicos (Mora, L., 1989, p. 178).
Un logro fue el levantamiento de dos reservas, 360 mil hectáreas en Santa Fe y 7000 hectáreas en la Vereda Guaquirá. Para este proceso, el INCORA fue una entidad gubernamental fundamental y el Caguán empezó sus primeros pasos con el objetivo de convertirse en un “laboratorio de paz” del país. La efervescencia social sobre las expectativas de desarrollo y paz fueron un sentir regional.
También quedaron la redacción del estudio, la caracterización geográfica y ambiental construida por el Inderena, el levantamiento de la reserva forestal, un paquete de proyectos multidisciplinarios, el levantamiento topográfico realizado por el INCORA y la construcción en Santa Fe del acueducto y el alcantarillado, además de algunas capacitaciones a las comunidades.
No obstante, la esperanza no duraría mucho, ¿qué ocurrió?. Leonidas Mora (1989) en el epílogo de su trabajo reflexiona sobre lo que ocurrió tres años después de la firma del Anteproyecto (1985-1988), mostrando “el curso complejo y contradictorio de un experimento político y económico que se perfilaba como pionero en la historia de la colonización y a servir como modelo para la intervención de la Amazonía Colombiana” (1989, p. 197).
En esta coyuntura surgió el Comité de Investigación y Transferencia de Tecnología, con la participación de la comunidad, las FARC-EP y las entidades gubernamentales. En la visita de Betancur a Florencia y a Cartagena del Chairá el 28 de Septiembre de 1985 se le presentó al presidente un documento. Este tuvo como objetivo entre otras cosas
“pretender el reconocimiento formal del comité se buscaba el apoyo presidencial para desvirtuar las acusaciones del ejército y de los dirigentes de liberalismo oficialista a todas luces infundadas, de ser un instrumento de la subversión y sus principales impulsores, auxiliadores directos de la guerrilla” (Mora, L., 1989, p. 200).
En el documento se enfatizó la necesidad de obtener apoyo presupuestal para coordinar la participación de 16 entidades participantes entre la comunidad, la guerrilla y el gobierno buscando entre otras la sustitución de los cultivos de coca. La propuesta no partía de la destrucción del cultivo sino de un plazo de sustitución que iría a ser controlado por las organizaciones de la región, insistiendo en la necesidad de apoyo técnico, la implantación de normas de protección de recursos naturales, el uso de multas y la limitación del tamaño de los predios rurales que iba entre 50 y 200 hectáreas. El control de este proceso quedaba en manos de un Comité de Colonización (Mora, L., 1989, p. 209)[5].
Para la segunda reunión del Comité de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Caguán, a mitad de 1986, la crisis del “Modelo Caguán” ya fue evidente. Este fracaso se dio por varios elementos: primero, el incumplimiento de algunas de las entidades como el gobierno departamental a pesar de que el Incora, el Sena, el ICBF y la Universidad Nacional sí participaron. Un elemento fue la falta de voluntad política del liberalismo oficialista del Caquetá, que criticó el proceso en varias oportunidades e insistió en varias oportunidades en el cese de apoyo del Plan Nacional de Rehabilitación en el Medio y Bajo Caguán. El resultado de esta desarticulación política fue el abandono de metas como la de la educación y salud.
Segundo, este escenario provocó el replanteamiento de la posición del gobierno nacional sobre el Caguán, que cerró muchas puertas que ya se habían abierto. El marco del conflicto tuvo mucha incidencia, ya que las tensiones sobre las violaciones a los ceses y treguas de lado y lado fueron debilitando las relaciones entre los actores. Y finalmente, la toma del palacio de Justicia por parte del M-19 fue un golpe muy fuerte a la política de acercamiento[6].
Tercero, el trasfondo de esta crisis política y social fue acompañada por la caída de los precios de la pasta base en la región, que afectó duramente la economía campesina regional, aumentando la tensión entre los colonos tradicionales, los cocaleros, los comerciantes y los raspachines (Mora, L., 1989, p. 210-211).
Finalmente, hubo un proceso de desarticulación y quiebre de las relaciones entre los diferentes actores participantes, específicamente entre la guerrilla y la comunidad.
Estas tensiones estimularon el clima de guerra y amenaza sobre la población por parte de los actores armados, en particular el ejército; en esta coyuntura empezaron a primar las estrategias militares por parte de todos los actores en conflicto. Para la Tercera Asamblea del Comité de Colonización, el clima se había puesto más enrarecido. Y no fue para menos, esta tensión desembocó en la operación Alfa Justiciero desplegada por el ejército en 1988.
Para atender a la población en medio tras el paso de la operación militar, el ejército y el gobierno diseñaron un plan de acción inmediata donde participaron el Incora, el Icbf, el Idema, Ica, la Caja Agraria, el Sena y el Servicio Seccional de Salud. Este plan estaba diseñado directamente bajo el apoyo del alto gobierno pero no tenía financiamiento presupuestal propio y la gobernación del Caquetá no asumió ninguna responsabilidad en la inversión del plan; se basó en el componente agropecuario del “modelo Caguán”, no aceptó ninguna intermediación por parte de las organizaciones comunitarias; no asumía ninguna responsabilidad en términos de sustitución de cultivos de coca, solamente apoyo al campo. Fue así que el Incora levantó la restricción de no titular predios con coca e incorporó la terminación de la carretera Paujil-Cartagena del Chairá, que hacía parte de la disputa con la guerrilla por su valor estratégico.
Ese fue el fin del “Modelo Caguán”, que como afirmó Mora en su libro, “continúa siendo la única alternativa viable en el largo plazo, si se crea un clima político y de convivencia social propicio. El modelo forma parte de las utopías realizables” (Mora, L., 1989, p. 227).
Lo que estaba en cuestionamiento era el tipo de Estado que era necesario que operara en la región pero, como se ha visto desde entonces, primó la doble faceta estatal que articuló una atención asistencialista al problema social y rural, y el ala represiva.
- Los acuerdos de la Habana a la luz de la experiencia del “Modelo Caguán”
Un primer punto tiene que ver con la participación de las comunidades campesinas de regiones cocaleras y cultivadoras de coca. Mientras en los ochenta hacían parte central en la construcción de propuestas para el desarrollo, ahora no es tan clara la participación. Esto no se debe a la dinámica de las negociaciones en La Habana, sino al proceso de estigmatización que el Estado colombiano ha provocado sobre el movimiento campesino cocalero, donde el cultivador ha sido objeto de una “identidad negativa” (Ramírez, M.C, 2011, pos. 183) afectando su lugar como un actor político en el país. Esto es evidente desde las negociaciones de las marcha cocaleras en los noventa y en el Paro Nacional Agrario del 2013, cuando surgieron una serie de obstáculos que impidieron la demanda abierta del cultivador de coca. Es así que las demandas de este grupo han sido silenciadas a través de la criminalización, algo que se refleja en que no se negocia con ellos.
El llamado es que ellos deben seguirse pensando como actores políticos centrales en el pos-acuerdo. Es necesario frente a esta estigmatización que el campesino cultivador sí tenga voz en el marco de la participación local referida en los acuerdos de La Habana. A pesar de la “identidad negativa”, el campesino debe hacer el ejercicio de pensar su futuro en el pos-acuerdo. Esto puede generarse a través de foros dentro del Caquetá o entre las diferentes organizaciones campesinas que hacen presencia en esta región.
Por otro lado, mucho se habla del escepticismo frente a los diálogos de paz en las principales ciudades del país, ante la voluntad política de las FARC-EP. No obstante, en el campo en el Caquetá este sentimiento también está presente pero cuestionando la voluntad política del Estado. Para evitar lo que ocurrió durante el “Modelo Caguán”, todas las entidades y autoridades gubernamentales tienen que estar presentes y comprometidas, incluyendo a la gobernación y las alcaldías. Esta coyuntura tiene como ventaja que la polarización política que se vivía entre el Turbayismo y otras fuerzas políticas no se vive en la misma magnitud en esta época, a pesar del saboteo y desinformación de actores del Centro Democrático.
Finalmente se llevan ya varias décadas de una presencia permanente del Estado colombiano en la región y las condiciones del departamento no han cambiado. De hecho la crisis ambiental es uno de los síntomas de que la economía caqueteña sigue dependiendo del extractivismo, entre otras de la coca y de la ganadería. Es urgente que se desmonte el argumento de la “ausencia del Estado”, y exigir un proyecto serio, integral y de amplia magnitud para transformar el campo del Caquetá. Si no es así, la suerte ya está echada.
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[1] En este momento se está discutiendo el tema de Víctimas, y los expertos que integran la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas entregaron sus informes. Transversalmente han funcionado las subcomisiones de género y la de “fin de conflicto”. La información al respecto puede encontrarse en www.mesadeconversaciones.com.co
[2] Uno de los temores es que paralelamente a los acuerdos de paz, la política de extracción minero-energética en el departamento y sus consecuencias ambientales, sigue avanzando en contravía a los intereses de las comunidades del Caquetá.
[3] Según el ultimo informe sobre consumo de drogas en Colombia, se detectó un aumento significativo en el uso de cualquier sustancia ilícita (marihuana, cocaína, bazuco, éxtasis o heroína) tanto en prevalencia de uso como en el uso del último año. Hay mayor aumento de consumo en hombres, en el grupo de edad entre 18-24 años y en los estratos 1, 2 y 3. El uso de cocaína en el último año se mantiene en niveles estables a nivel nacional (Gobierno República de Colombia, 2014; 19-20).
[4] Se calculan que 17 millones son consumidores de cocaína (UNODC, 2013: 2 En el 2012, se estimó que 243 millones de personas entre los 15-64 años (el 5.2% de la población total entre 15 y 64 años) habían utilizado alguna droga prohibida al menos alguna vez en el último año). Hasta los sectores más ortodoxos de la academia colombiana ya se atrevieron a criticar los resultados de la política contra las drogas (Mejía, D., y Gaviria, A., 2012). Desde los 90´s otros autores están mostrando sus debilidades (de Rementeria, I., 2001; Camacho, A., et all, 1999).
[5] Sobre el rol de la guerrilla, Mora comentó que a pesar de que tenía que alentar la sustitución y tenían el poder de arrancar plantes, la estrategia que utilizaron fue la de la formación política y la convicción, porque temían perder el apoyo en las bases (Mora, L., 1989, p. 209).
[6] La relación entre comunidad y funcionarios públicos fue canalizada por Carlos Ossa por medio de los consejos municipales de rehabilitación, en el que participaban las iglesias, las autoridades civiles, las fuerzas religiosas y militares (XVII Brigada) y los partidos políticos. El oficialismo liberal fue un gran opositor al “Modelo Caguán”. No hubo lugar para el Comité de Investigación y Transferencia de Tecnología en este espacio (Mora, L., 1989, p. 209).
Estefanía Ciro: Es Economista, Mágister en Historia de la Universidad de los Andes y candidata a Doctora del programa de posgrada de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, docente e investigadora del centro de pensamiento A la orilla del río de la Corporación Educativa Jean Piaget. Consultora independiente.
Estefania.ciro@alaorilladelrio.com
15/04/2015 3:35 p.m.