Fotografía: Lorena Carrillo. Taller en ElPato/Balsillas (ICTJ AMCOP)

El resultado más inmediato será la disminución de las víctimas de hechos violentos en el departamento. Viendo solo las cifras de víctimas desde que se decretó el cese al fuego unilateral por parte de las FARC a mediados del 2015 observamos que estas se redujeron drásticamente lo cual hace prever que la tendencia continuará tras la firma del acuerdo:

En este sentido, independientemente de lo firmado, una realidad para el Caquetá del posacuerdo es la disminución de las víctimas de hechos violentos.

Desarme

 

El punto tercero del Fin del Conflicto contempla el desarme de las FARC. Según lo acordado, tras la aprobación del acuerdo por parte de los colombianos el proceso de entrega de armas de las FARC durará 180 días. Las armas serán entregadas y fundidas para la construcción de tres monumentos en memoria de las víctimas.

Para el proceso de desarme se establecerá una serie de zonas veredales en las que se concentrarán los guerrilleros. Para el Caquetá se establecerán tres zonas de concentración: una vereda en Montañita, una en Cartagena del Chairá y un campamento en San Vicente del Caguán. Estos tres municipios son los que históricamente han tenido una fuerte presencia guerrillera en el Caquetá. Está estipulado que estas zonas veredales no afectarán el normal desarrollo de las actividades cotidianas de las comunidades ni limitarán el funcionamiento de las autoridades civiles. Las FARC, la ONU y las fuerzas militares trabajan actualmente en los territorios preparando los detalles para la implementación de estas zonas.

Durante la vigencia de las zonas transitorias de concentración se prohibirá el porte y tenencia de armas para la población civil. Por su parte, en los campamentos solo se admitirá la entrada de guerrilleros. Un grupo de diez guerrilleros puede salir de cada zona para desarrollar actividades propias del proceso de paz, sin embargo deben salir sin armas, vestidos de civil y con la garantía de la seguridad proporcionada por el Estado. En caso de que se presente alguna situación de orden público, la policía puede ingresar a la zona siguiendo los protocolos establecidos. Alrededor de cada zona veredal habrá un cordón de seguridad de un kilómetro en el cual no puede haber presencia de guerrilleros ni de Fuerza Pública, sólo personal del equipo de monitoreo del desarme. Este proceso durará 180 días después de los cuales las FARC ya no tendrán armas.

Si bien en todo proceso de desmovilización siempre ha habido un porcentaje de personas que se vuelve a rearmar y la experiencia fallida de la desmovilización paramilitar –y la aparición de las llamadas “bacrim”- le ha mostrado a los colombianos que el proceso es complejo, las características de las FARC permiten pensar que este problema no tendrá la magnitud que tuvo el de los paramilitares. La FARC ha mostrado ser una guerrilla con una fuerte organización y control sobre sus hombres –lo cual se ha probado durante el proceso de paz- y su conversión en partido político facilitará el tránsito de los guerrilleros a la vida civil sin perder su horizonte de sentido como miembro de una colectividad con un proyecto político.

Transformaciones en el campo

 

Además del desarme de las FARC el acuerdo lleva incluidas unas serie de políticas que buscan subsanar el rezago en las condiciones de vida en el campo. Aquí vale anotar que lo acordado en la Habana no es para las FARC sino para la sociedad colombiana.

Así, se plantean inversiones públicas progresivas en regiones golpeadas por el conflicto o consideradas “abandonadas por el Estado”. En estas regiones se establecerán programas de desarrollo en concertación con las comunidades. Se priorizaran regiones por niveles de pobreza, conflicto, debilidad institucional y presencia de cultivos de uso ilícitos. A partir de estos criterios podemos afirmar que el Caquetá es uno de los departamentos a los cuales se refieren estos puntos.

Entre las políticas acordadas en La Habana están:

• El establecimiento de un Fondo de Tierras para campesinos sin tierra o con tierra insuficiente priorizando mujeres cabeza de hogar y desplazados. A la tierra se podrá acceder a través de adjudicación gratuita, subsidio de compra o créditos especiales.
• Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad. En un departamento con escasa titulación como el Caquetá este es un punto que impactaría significativamente.
• Programas de desarrollo agrario integral que incluyen vivienda, asistencia técnica, comercialización y acceso a medios de producción. Los planes de acción establecidos en concertación con las comunidades serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y convertidos en ley.
• Constitución de Zonas de Reserva Campesina para las comunidades interesadas. Las Zonas de Reserva Campesina fueron creadas por la Ley 160 de 1994. Actualmente existe solamente una zona de reserva campesina en el Caquetá ubicada en la fértil región de El Pato-Balsillas en San Vicente del Caguán. Ser Zona de Reserva Campesina le permite a las comunidades:

1. Tener la facultad para construir y desarrollar su propio Plan de Desarrollo.
2. Recibir recursos del gobierno nacional y de la cooperación internacional.
3. Tener soberanía para definir quién entra y en qué condiciones a explotar sus territorios.
4. Frenar el proceso de concentración de la tierra.
5. Tener un reconocimiento jurídico y político del campesinado.
6. Defender el medio ambiente.
7. Trabajar en procura de la soberanía alimentaria.

• Cierre de la frontera agraria y protección de las zonas de reserva en concertación con las comunidades bajo principios de equilibrio entre el medio ambiente, bienestar y buen vivir. Aquí se verán beneficiadas las poblaciones que han vivido durante décadas en zonas consideradas de protección ambiental y que por eso no han podido tener titulación de sus tierras. Los numerosos parques naturales que existen en el Caquetá hacen que un número significativo de población que no ha podido legalizar su presencia en estos territorios sea beneficiada.

• Además, se acordaron una serie de planes:

1. Plan Nacional de Vías Terciarias
2. Plan Nacional de Riego y Drenaje
3. Plan Nacional de Electrificación Rural y Plan Nacional de Conectividad Rural
4. Plan Nacional de Salud Rural
5. Plan Especial de Educación Rural
6. Plan Nacional de Construcción y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural que incluye garantizar acceso y uso adecuado de agua potable
7. Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural
8. Plan Nacional de Asistencia Integral Técnica

Participación política

 

El acuerdo busca realizar una serie de ajustes institucionales para que haya una apertura democrática. Así, lo acordado en el tema de participación política no se trata únicamente de beneficios para las FARC, sino de crear mecanismos que amplíen la democracia y, en este sentido, implica a todos los ciudadanos.

En este sentido, ¿Qué pasa con el Caquetá? El Caquetá se podrá ver beneficiario con la apertura de 16 curules en el Congreso llamadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Estas curules para la Cámara de Representantes tendrán una vigencia de ocho años y serán dispuestas para los territorios más afectados por el conflicto y considerados con débil institucionalidad estatal. Esta medida busca reparar la deficiente representación de estas regiones en el Congreso de la República.

A estas curules puede aspirar cualquier persona inscrita por un grupo significativo de ciudadanos u organización social, no son para las FARC. Los partidos con representación en el Congreso no pueden aspirar a estas curules. Estas curules son independientes a las que las FARC ocupe en el Congreso.

Para facilitar el acceso a la participación política, y en particular el tránsito de organizaciones y movimientos sociales a su constitución como partidos o movimientos políticos se desligará la obtención y conservación de la personería jurídica del requisito de un umbral mínimo. Para esto, se tendrán en cuenta otros requisitos como el número de afiliados.

Con este mismo objeto, se diseñará un sistema de adquisición progresiva de derechos para partidos y movimientos según su desempeño a nivel municipal, departamental y nacional. Movimientos que tengan amplia representación en algún municipio podrán aspirar a aumentar sus derechos políticos. En el Caquetá, movimientos de base con fuerte presencia en municipios como San Vicente, Montañita o Cartagena del Chairá, entre otros, podrán ver reconocido su trabajo político. Así mismo, habrá un periodo de ocho años en el que el gobierno promoverá la creación de nuevos partidos a través de políticas de financiación y divulgación de programas.

El Caquetá es uno de los departamentos con el índice de abstención más alta del país y en gran medida es debido a las dificultades de la población rural para acceder a los puestos de votación. En este sentido, el gobierno nacional se comprometió a realizar jornadas de cedulación masiva en los sectores rurales de difícil acceso así como diseñar mecanismos que faciliten el acceso de la población rural a los puestos de votación.

 

Justicia

 

El Caquetá registra 372.661 de víctimas según la Unidad de Víctimas. ¿Qué pasará con ellas?

El acuerdo contempla la aplicación de justicia a través del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no repetición. Entre los componentes de este sistema está la creación de la

• Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición: Cuyo objeto es establecer la memoria histórica del conflicto.
• La Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. Según la Unidad de Víctimas, en el Caquetá hay 1835 víctimas directas de la desaparición forzada, una de las cifras más altas en el país. La Unidad Especial buscaría resolver estos casos.
• La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ejercerá funciones judiciales frente a los actores del conflicto. Este tipo de justicia es TRANSICIONAL, es decir, busca servir de transición entre un momento de violación sistemática de derechos humanos y uno de “paz”. Una de las ventajas de esta Jurisdicción Especial para la Paz es que ayudará a descongestionar la justicia ordinaria pues esta ya no se ocupará de casos relacionados con el conflicto armado.

En la JEP los crímenes de lesa humanidad NO serán amnistiados, es decir, los actores armados que hayan cometido genocidio, graves crímenes de guerra, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, acceso carnal violento u otras formas de violencia sexual, sustracción de menores, desplazamiento forzado o reclutamiento de menores SERÁN SANCIONADOS. El énfasis de la justicia es RESTAURATIVO e inspirado en importantes paradigmas del derecho internacional como el proceso de paz en Ruanda y en Suráfrica. En este sentido, el centro no es el castigo al culpable, sino la restauración a la víctima. Así, es más importante que la víctima tenga respuestas sobre el por qué, el cómo y el dónde, así como una reparación, a que el victimario vaya a prisión y nunca se sepa la verdad o nunca haya reparación. Este enfoque parte de una reflexión moderna sobre la justicia que critica que esta sea vista como sinónimo de cárcel pues esto no restaura a las víctimas ni genera un proceso de reconstrucción del tejido social. Es muy diferente a la justicia retributiva, inspirada en la ley del Talión del “ojo por ojo y el diente por diente”, y que espera que los victimarios sean ejecutados o tengan penas de prisión. Es conocida la frase de Gandhi “Ojo por ojo y el mundo quedará ciego”.

Por lo demás, en una guerra de más de cincuenta años, diferenciar al victimario de la víctima no es sencillo, pues muchos victimarios empezaron siendo víctimas y el ciclo de violencia se fue reproduciendo abarcando tanto guerrilleros, como paramilitares, empresarios, ganaderos o agentes del Estado. Lo que busca este sistema es entonces reconciliar a la sociedad colombiana dándole a las víctimas verdad, reparación y garantía de no repetición.

Entre las medidas contempladas para la reparación está la restricción efectiva de la libertad con sanciones que van de cinco a ocho años y que incluyen:

• la participación en obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto,
• la participación en los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersonal (MAP), artefactos explosivos improvisados (AEI) y municiones sin explotar (MUSE) o restos explosivos de guerra (REG). Cabe recordar que el Caquetá es uno de los cinco departamentos que concentran el 53% de los eventos de minas antipersona y municiones sin explotar.
• la participación en los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito,
• la contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto
• la participación en programas de reparación del daño ambiental, como por ejemplo la reforestación.

Así mismo, se contemplan actos públicos en los que los victimarios (FARC, gobierno y otros sectores de la sociedad) reconozcan su responsabilidad colectiva y pidan perdón, expresando su voluntad de contribuir a que nunca vuelva a suceder. A su vez se establecerá por parte del gobierno planes de reparación colectiva con enfoque territorial y se desarrollaran programas de desarrollo en las regiones más golpeadas por el conflicto.

 

Los victimarios que no digan la verdad saldrán de la Jurisdicción Especial para la Paz y entrarán a la justicia ordinaria con penas que irán de diez a veinte años de prisión.

Nuevas amenazas: la explotación petrolera

 

Es de conocimiento general en el Caquetá que el acuerdo de paz con las FARC ha puesto a la región en la mira de los intereses extractivistas, en particular de las compañías petroleras. En el frágil equilibrio que Juan Manuel Santos quiere hacer para negociar con las FARC y tener el apoyo del capital mundial está la posibilidad de que multinacionales extranjeras lleguen al territorio. Esta es tal vez la más grande amenaza que enfrentará el Caquetá tras el desarme de las FARC. Sin embargo, es una lucha por la defensa del territorio que ya se está haciendo, que cada día es más fuerte y que se verá beneficiada por la posibilidad de desarrollarse sin los riesgos que atañe estar en medio de un conflicto armado.

Este texto presentó lo que acordaron el gobierno y las FARC en La Habana, sin embargo depende de la sociedad colombiana el que estas reformas se implementen efectivamente en los territorios.

Un último punto que afectará a la población en el Caquetá es el relacionado con los cultivos de uso ilícito. Para leer al respecto pulse aquí.

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*Historiadora de la Universidad de los Andes, mágister en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, docente e investigadora del centro de pensamiento A la orilla del río. En 2015 fue ganadora de Mención de Honor de la Fundación Alejandro Ángel Escobar por su tesis “Unos grises muy verracos. Poder político local y configuración del Estado. Caquetá, 1980-2006”. Consultora independiente.