El cuarto punto de los acuerdos de La Habana refiere a la solución del “problema” de las drogas de uso ilícito en el país. Caquetá es un territorio que ha sido históricamente lugar de cultivos de coca, ha tenido presencia de las FARC y tiene entre su transición a la consolidación de la paz estable y duradera el reto del “fin de los cultivos de coca”. Pero no solo eso, los desafíos departamentales también refieren al asunto del consumo de drogas pues a pesar de que no hay estudios específicos para la Amazonía, la tendencia a nivel nacional de consumo de narcóticos muestra un crítico aumento, principalmente de consumo de heroína entre hombres. Entre los caqueteños y caqueteñas es cada vez más un secreto a voces el aumento crítico de consumo de drogas entre los jóvenes.
Otra realidad que enfrenta nuestra región es el tema de la penalización y el encarcelamiento. En términos de la lucha contra el tráfico de narcóticos, uno de los impactos más crueles de la guerra ha sido el aumento del número de mujeres, campesinos y campesinas, o pobres urbanos, encarceladas por el porte de drogas; dos indicadores son concluyentes, entre 2000 y 2014, el dato de las mujeres privadas de la libertad en Colombia creció en un 271%, de los cuales el 60% fue por delitos no violentos relacionados con la coca y mientras la población carcelaria de mujeres ha aumentado el 51.6% entre el 2000 y el 2014, este indicador para los hombres ha aumentado en un 20%.
Es así que este acuerdo llega en un contexto en el que hay un consenso global -político y académico- sobre la ineficacia de la lucha contra las drogas y el llamado a la aplicación de políticas alternativas e integrales ha empezado a extenderse en los países del primer mundo, a pesar de que el discurso en la opinión pública que se maneja de dientes para afuera diga lo contrario. Uno de los ejemplos de la ineficacia es que a pesar de esta política, los cultivos, no solo en Colombia, sino en el mundo están expandiéndose; en África por ejemplo ahora hay cultivos de marihuana. Es en este escenario donde lo firmado en La Habana se convierte en una política trascendental que marca la pauta para el cambio de las políticas sobre el tratamiento de las drogas de uso ilícito en el mundo que está señalado en el texto firmado como una “nueva visión”; de su éxito depende la paz estable y duradera, y el giro definitivo de una política global, o por lo menos regional.
IMPORTANCIA DE LOS ACUERDOS EN TORNO AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILICITAS EN EL CAQUETÁ
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¿Qué dice el acuerdo?
Sobre el cultivos, consumo y tráfico enfatiza el acuerdo cuarto sobre la “solución al problema de las drogas” que se firmará el 26 de Septiembre de este año. Estos acuerdos tendrán el enfoque de derechos humanos y salud pública, con inclusión de políticas diferenciales y de género, que tienen en cuenta la atención diferenciada a los eslabones más débiles de la cadena y tiene como clave la construcción territorial de alternativas. Los principios de este acuerdo son la igualdad soberana y la no intervención pero sí la acción coordinada a nivel global teniendo en cuenta que es un mercado transfronterizo, y reconoce los usos ancestrales y tradicionales de la hoja de coca, y la posibilidad de usos medicinales y científicos de las drogas de uso ilícito que se establezcan.
Cultivos de uso ilícito
Este punto del acuerdo está atado directamente con el punto 1 sobre Reforma Rural Integral, que invoca la transformación estructural del campo. Esto cambia el discurso sobre el tratamiento de los campesinos cocaleros, que ya no deben ser vistos como “narcoterroristas”, “criminales” sino como sobrevivientes del empobrecido y ruinoso campo colombiano y en particular, de procesos colonizadores de la Amazonia colombiana que no han sido acompañados por las garantías constitucionales del estado colombiano, sino al contrario, han sido violentados y agredidos por la fuerza pública. Para esto, el estado colombiano se compromete a disminuir la corrupción y los lazos con el narco, y las FARC-EP se comprometen a poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiera dado entre ellos y el mercado de las drogas de uso ilícito.
Para este fin se va implementar el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (en cabeza de la presidencia de la república) a través de la construcción de Planes Integrales de Desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos. La base entonces son estos planes que van a estar integrados a la Reforma Rural Integral, con un plan de construcción conjunta y participativa enraizada en las comunidades, basada en las normas del estado social de derecho y la sustitución voluntaria. El objetivo de estos planes es superar las condiciones de pobreza rural, ofrecer bienestar y buen vivir para los territorios cocaleros que permitan una sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y se basan en acuerdos con las comunidades, se priorizarán los territorios y establecerá un tratamiento penal diferencial con lo pequeños agricultores.
La base de la construcción de estos Planes son las Asambleas Comunitarias que estarán compuestas por delegados de las comunidades, harán un diagnóstico colectivo de caracterización social, económica, ambiental del territorio que estudiará la dotación necesaria y las potencialidades del territorio que se va a intervenir. Los planes serán construidos por asambleas comunitarias, municipales, comisiones de planeación participativa y autoridades del programa a nivel nacional.
Uno de los componentes de estos Planes Integrales de Sustitución es un plan de atención inmediata y de desarrollo de proyectos productivos, una atención a recolectores, a la primera infancia, población escolar y adultos mayores. También se harán obras de infraestructura social de ejecución rápida, habrá un componente de recuperación ambiental y se desarrollarán planes de formalización de la propiedad entre otras cosas.
Programas de Prevención del Consumo y Salud Pública
La atención al consumo se hará desde la salud pública, desde una política de prevención y atención integral. Para esto se creará el Programa Nacional de Intervención Integral frente al consumo de drogas de uso ilícito basado en enfoque de derechos humanos, de salud pública, diferencial y de género. Para esto se crea el Sistema Nacional de Atención al Consumidor con un enfoque de rehabilitación e inserción social, en el que se reformulará la política pública en torno al consumo hacia políticas orientadas a salud, prevención y superación del consumo, y se construirán planes de acción participativos con enfoque territorial y poblacional. Uno de los elementos claves son el ataque a la estigmatización y acciones para mejorar la atención a los consumidores. Esto va acorde a la política actual del tratamiento del problema establecida en el Plan Nacional de Promoción de la Salud, Prevención y Atención del Consumo de SPA 2014-2021, que privilegia el tratamiento del problema del consumo desde la salud pública.
Solución al fenómeno de la producción y comercialización de narcóticos
El objetivo es desarticular las organizaciones del narcotráfico con énfasis en los grandes beneficiarios y menos con los eslabones más débiles que son los más afectados pero cuya penalización no afecta significativamente la operación el mercado ilícito. Esto apunta a esclarecer la múltiples relaciones que se han establecido entre la sociedad y el estado con el narcotráfico, por ejemplo en relación al paramilitarismo y a la corrupción. Además, la idea es crear un escenario de judicialización efectiva de los actores criminales con el apoyo interinstitucional e internacional, atacar el lavado de dinero y los activos del narcotráfico, y establecer controles a los insumos. Una de las claves de este apartado en el punto de drogas es la construcción de espacios de diálogos académicos e institucionales sobre las políticas de la lucha contra las drogas, pero también colaboración entre estados para el ataque a las redes internacionales del tráfico de drogas.
Prepararse para la implementación: el papel de los caqueteños y caqueteñas
¿Cómo se deben preparar los campesinos y campesinas cocaleras del Caquetá?
- Todos los cultivadores y cultivadoras de coca deben leer los acuerdos y conocerlos a profundidad. El futuro de sus familias depende de que conozcan a qué tienen derecho, cómo participar y qué responsabilidades tienen ante la transformación rural que se pretende lograr.
- Es urgente el fortalecimiento del movimiento cocalero en el Caquetá. Por ejemplo, las Asambleas Comunitarias tendrán sentido en la medida que tengan la suficiente claridad sobre su situación, sus necesidades y los compromisos del estado colombiano; para esto se necesita que los delegados y delegadas, y las comunidades que los eligen, estén en capacidad de crear diagnósticos acertados y que haya un seguimiento estricto a los compromisos por parte de los cocaleros. También a la hora de negociar los planes de sustitución, estas asambleas deben tener suficiente poder de negociación ante los demás actores. Todas estas cosas se logran con el apoyo y la coordinación de un movimiento cocalero regional y nacional, lo suficientemente fuerte que sirva de soporte para los campesinos y campesinas delegadas en las asambleas.
- Deben ir pensando los mecanismos para la conformación de las asambleas comunitarias y la elección de los delegados. Esto quiere decir que deben tener en cuenta la inclusión de las mujeres y los jóvenes en estas asambleas, para que permitan la mirada de todos los actores en el territorio. También de estructuras de administración territorial precedentes como las Juntas de Acción Comunal.
- Deben crear y exigir mecanismos de seguimiento a los planes de sustitución que monitoreen el cumplimiento del estado de los compromisos dentro de los planes de sustitución territorial. Uno de los mecanismos creados serán los consejos municipales de evaluación y seguimiento, en los que participarán activamente diversas fuerzas de la sociedad. Las organizaciones sociales deben tener participación allí.
- Desde el Plan Nacional de Rehabilitación en la década del ochenta, la cabeza de estos planes de sustitución y transformación de territorios cocaleros ha sido presidencia. Así, a lo largo de estas décadas lo que se ha aplicado sobre la política de sustitución es un presidencialismo estricto que se refleja en las regiones en una caja menor del clientelismo político que se mueve como una palanca de cambios desde la oficina de presidencia. Los y las campesinas, y en general todo el departamento, deben ser veedores de estos recursos, exigir transparencia en el diseño y la ejecución de los compromisos. Si estos recursos siguen siendo malbaratados, se repetirá lo que ocurrió con el Plan Consolidación en el departamento, y los demás planes de sustitución cuyos recursos se quedan en contrataciones amañadas y nóminas sin transformaciones rurales.
- Visualizar el campo más allá de lo eminentemente agrario; los cultivadores y cultivadoras pueden ser los agentes de cambio asumiendo su rol como campesinos o ganaderas o también como maestras, líderes, promotores de salud, enfermeras, defensores del medio ambiente, reforestadoras, artesanos, etc. El territorio cocalero tiene que verse como el corazón de la transformación rural de la Amazonia colombiana.
¿y la sociedad ante el consumo de drogas de uso ilícito?
- La sociedad (escuelas, universidades, familias, iglesias, organizaciones sociales, etc.) debe hacer una reflexión profunda de su relación con las drogas y el narcotráfico, donde la mayor estigmatización se ha dado en los eslabones más débiles, los consumidores y los pequeños campesinos. Es urgente romper los círculos de estigmatización sobre los consumidores y demandar políticas de tratamiento integral para estos.
- La prevención es el principal camino para minimizar los impactos negativos del consumo de las drogas. Por esta razón es necesario que exijamos una política integral de fortalecimiento de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes en todos los niveles institucionales, desde la escuela hasta las instituciones del estado, y una apuesta real a la defensa de esta población en nuestro departamento.
- Las universidades y instituciones de investigación deben estar listos para aportar en el proceso de formulación de los planes territoriales para el tratamiento del tema. Los universitarios deben tener en la mira investigaciones de calidad sobre consumo a nivel territorial, sobre impactos diferenciados en hombres y en mujeres, y en propuestas para su atención.
- Uno de las falencias más importantes del tema del tratamiento del consumo en Colombia es la falta de continuidad y financiamiento en los programas. La mayoría son planes cortoplacistas que rompen con los procesos de atención que a duras penas se logran iniciar con tantas dificultades. Los caqueteños y caqueteñas debemos ser veedoras y exigir la importancia que tiene la continuidad en el tratamiento desde la perspectiva de la salud pública del consumo de drogas de uso ilícito.
Reflexiones a futuro
Antes de terminar, es importante señalar hacia dónde se debe apuntar en el mediano plazo. Una primera idea refiere a la “ilegalidad” de los cultivos de coca y marihuana. Mientras se ha avanzado en la legalización de la marihuana, los cultivos de coca siguen siendo perseguidos, por ejemplo en el acuerdo el objetivo es el “fin de los cultivos de uso ilícito”. A pesar de los acuerdos, insistimos que la política tiene que tender hacia su legalización y el fortalecimiento de los usos científicos y medicinales de la hoja de coca, y hacia allá debe ir la presión de las organizaciones sociales.
Para esto, las poblaciones rurales cocaleras deben rechazar la estigmatización y al contrario, construir en torno al movimiento cocalero el orgullo y la dignidad que esta planta y sus usos merecen. Nunca la coca será “la mata que mata”, por el contrario, la coca debe ser apropiada por el poblador rural como la creadora, y sus usos y los saberes en torno a ella deben ser cuidados y valorados por todos; el rechazo radical al discurso de la “ilegalidad” es el primer paso.
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*Candidata al doctorado en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México e investigadora de AlaOrilladelRío– Caquetá/Colombia.