En Remolino del Caguán, antigua capital cocalera del Caquetá, y territorio histórico de las FARC, se esperaría que las primeras elecciones tras la firma de los Acuerdos de Paz fueran recibidas con un jubiloso ejercicio del principal derecho democrático, el voto; sin embargo, la jornada electoral del pasado 11 de marzo se destacó por tener una de las participaciones más bajas en años. Los resultados sugieren que la relación entre participación política y la presencia de actores armados en estos territorios ha sido compleja y que los acuerdos de paz – cuyo futuro depende de los resultados de las elecciones – no han sido apropiados por estas comunidades.
En el caserío cercano de Puerto Camelias, una hora río arriba en canoa, el día anterior a la jornada electoral no se sabía si sus habitantes iban a poder votar; ningún candidato había ofrecido poner el combustible para los desplazamientos por el río Caguán. Molestos, los pobladores se quejaban con cinismo ante la democracia en acción: “Los políticos son los que necesitan los votos; si no ponen ni siquiera el combustible uno no va gastarse su plata para hacerles el favor”. Sólo fue en horas de la tarde, cuando se solucionó el problema de transporte – cortesía de uno de los candidatos a la Cámara – que los pobladores enfrentaron otro problema: ¿Por quién iban a votar?
Dificultades para votar
Las dificultades enfrentadas en Puerto Camelias son las mismas del municipio de Cartagena del Chairá, el Caquetá, y de buena parte de las regiones rurales dispersas que desproporcionalmente aparecen entre los 170 municipios más afectados por el conflicto armado, ahora priorizados para la implementación de los Acuerdos de Paz. Uno de los factores principales es la dificultad en acceder a los puntos de votación: según la MOE, en el Caquetá hay un puesto de votación por cada 953 kilómetros cuadrados[1]. A esto se sumó que, según los habitantes, en las elecciones locales pasadas cientos de votos se anularon por trashumancia debido a que en este territorio de colonos, incluso habitantes que llevan décadas en la región todavía se encuentran registrados en el SISBÉN de otros municipios.La limitada presencia estatal y la concentración de ésta en el casco urbano han llevado a una normalización del clientelismo en las elecciones, pues como dicen, es la única época en la cual los candidatos hacen presencia en estas veredas, y como lo expresaba un habitante que no quiso votar, “si ni los alcaldes nos paran bolas, ¿qué lo va a hacer un representante o senador?”.
El resultado es la altísima tasa de abstención en el municipio: 75% en las elecciones del 11 de marzo, lejos de la esperada subida en participación resultado del fin del conflicto armado[2].
Sin embargo, los obstáculos estructurales no explican por qué en Remolino del Caguán, y probablemente, en las zonas rurales del municipio, la participación incluso bajó. En este caserío, donde votan 53 veredas, sólo 328 de 1726 posibles sufragantes lo hicieron, siendo, de acuerdo a lo que los líderes consideran, una de las tasas de abstención más alta de los últimos años. Esto sugiere que, si bien al nivel nacional el conflicto armado sin duda tuvo efectos nocivos sobre la democracia, en territorios como el Bajo Caguán la relación entre elecciones y conflicto armado es más compleja de lo que parece y que la tradición de ejercicios de democracia ciudadana por fuera del marco del estado es bastante larga.
Participación en tiempos del conflicto armado
Según Rafael Orjuela, líder comunitario, en elecciones previas el núcleo decidía en asamblea qué candidato iba a recibir el apoyo, particularmente en elecciones locales. Esto permitía tener un suficiente peso electoral para negociar con los políticos, o postular líderes locales. Los núcleos son una estructura de segundo nivel que agrupan Juntas de Acción Comunal de veredas aledañas para facilitar la toma de decisiones y fue una innovación organizativa que nació en el bajo Caguán que sus habitantes reivindican con orgullo. Aunque la guerrilla apoyaba candidatos, Orjuela – quién es actualmente el coordinador del Núcleo 2, que incluye Remolino – insiste en que no era una presión coercitiva y reivindica la autonomía de los núcleos, posición reiterada por otros miembros de la comunidad.
“La guerrilla venía y nos reunía y nos decía cuál candidato era bueno, pero no nos forzaba. Eso sí, teníamos que votar”, cuenta otro líder local, aludiendo a esa zona gris entre acompañamiento político y coerción pasiva. Además de insistir sobre la necesidad de votar, la guerrilla facilitaba la participación mediante un mecanismo quizás más importante: garantizaba el combustible. Orjuela estima que garantizar el transporte para los votantes inscritos en Remolino del Caguán – un área que incluye 3 núcleos, con 53 veredas a lo largo del río Caguán y Suncillas y selva adentro también – puede costar alrededor de $10 millones de pesos. Incluso para habitantes de veredas relativamente cercanas a Remolino – como lo es Puerto Camelias – el combustible para garantizar el transporte de los votantes de la comunidad excede los recursos de la Junta.
Para otros, el legado de la guerrilla en cuanto a la política electoral es mixto. Según argumenta otro líder local, la abstención también es el resultado de la desconfianza hacia el estado cultivada por la misma guerrilla, que si bien los incitaba a votar en ciertas elecciones, en otras lo prohibió del todo. El efecto fue que la cultura del voto se ligó a una autoridad externa, y faltó formación política para que el deseo de votar se asumiera como un derecho ciudadano.
Sin embargo, hay consenso en que las FARC ayudaron a que la política se aterrizara como un ejercicio práctico en una región donde las decisiones electorales tienen poco impacto. Las Juntas de Acción Comunal gozaban de alta participación – ante la posibilidad de una sanción como trasfondo – y gozaban de buenos fondos para operar y comités de trabajo activos. Las FARC activamente promovían la participación de las mujeres en las JAC, y exigían que éstas fueran a las reuniones, a diferencia de ahora. La guerrilla apoyó – si bien no lideró – la creación de la estructura de los Núcleos, y de los Fondos Económicos Solidarios (FES), una fondo rotativo comunitario que hace préstamos en ganado a los socios de veredas.
Tal como con la participación electoral, la fortaleza de estos cuerpos ha sufrido con la ausencia de la guerrilla, aunque se mantiene como un importante legado que le ha permitido a los pobladores del Medio y Bajo Caguán enfrentar este doble vacío: el reciente de las FARC y el histórico del estado, todavía por llenarse.
Nuevas dinámicas electorales
La falta de dirección de las comunidades del Caguán, y la alta abstención, llega en el momento en el que más se necesita que se escuchen las voces de aquellos más afectados por el conflicto en un departamento que tiene complejas dinámicas electorales.
El Caquetá se ha representado por los medios como un territorio dominado por las FARC. La verdad es que el departamento tiene una larga trayectoria inmersa en el partidismo tradicional, y dinámicas de clientelismo político que han ido evolucionando. Al nivel departamental, este modelo de clientelismo tradicional se ha peleado el territorio con propuestas políticas alternativas, principalmente desde la izquierda[3]. Los partidos tradicionales como el liberal y conservador históricamente han ganado en los centros urbanos del piedemonte, y derivan considerable poder de Florencia, que tiene el 36% de la población, y en los últimos años han sido acompañados por el Centro Democrático, cada vez más poderoso. Por otro lado, la izquierda – como la Unión Patriótica – ha tenido mejor votación en municipios más rurales y directamente afectados por el conflicto, como lo han sido Montañita, San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá (este partido obtuvo 18, 13 y 12 por ciento, respectivamente), donde el uribismo ha sido débil.
La maquinaria en las cabeceras urbanas más pobladas actúa impunemente: según informes de La Silla Vacía, el alcalde de Florencia del Centro Democrático apoyó abiertamente a este partido en las últimas elecciones, mientras que los Liberales – que tienen gobernador y uno de los dos representantes en la Cámara – consolidaron su poder al lograr que Cambio Radical no presentara lista a la cámara y otras medidas cuestionables, tales como amenazar a los contratistas con la terminación de su contrato si no conseguían votos para el partido liberal[4]. Fue así que los dos curules de la Cámara los ganaron Harry Gonzalez, quien ya ocupaba el puesto con el partido Liberal, y Edwin Valdez, quien a pesar de obtener casi cuatro mil votos menos que su oponente, Antonio Ruiz Cicery de la Alianza Social Independiente, fue jalado hacia la Cámara gracias al apoyo de su partido, el Centro Democrático[5].
Ante una maquinaria tan activa y poderosa, la falta de interés de los candidatos nacionales en zonas que no aportan tantos votantes y en particular, la ausencia de las FARC en los territorios rurales dispersos, ha llevado a que las voces de aquellos territorios que vivieron el conflicto van a ser las menos escuchadas en las primeras elecciones del posconflicto. En el momento en el cual los municipios que votaron por el “Si” a los Acuerdos de Paz tienen mayores razones para salir a defender dichos acuerdos, los mecanismos que para bien o para mal les permitían votar han sido desmantelados. Si la paz es derrotada una segunda vez, será de nuevo por la omisión creada por las mismas causas estructurales que nutrieron el conflicto.
Experiencias históricas
La situación no siempre fue así. En el marco de los diálogos entre las FARC y el gobierno de Belisario Betancur, se firmó en abril 1985 en el bajo Caguán la Declaración de Santafé, como símbolo del consenso sobre los acuerdos de paz. También en el marco de estos acuerdos, se instauró el Plan Nacional de Rehabilitación – inspiración para los actuales acuerdos entre el gobierno nacional y ese grupo guerrillero– y se abrieron espacios políticos y sociales de concertación que contaban con la participación directa de las Juntas de Acción Comunal, las FARC y las instituciones estatales, de los cuales surgió el Plan de Desarrollo para el medio y el bajo Caguán y Sunciya. La Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano gozaron de una alta popularidad: entre 1982 y 1988, obtuvieron más del 80% de los votos en las elecciones a la Cámara, Asamblea Departamental, Consejo Municipal y Alcaldía.
En ese momento se reveló una población deseosa por ser parte de ejercicios de planeación participativa y democracia directa y cuya herencia incluye innovaciones como los núcleos, el Fondo Económico Solidario – un fondo comunitario que hace préstamos en ganado -y una clase de líderes con fuerte formación política y organizativa, además de una alta participación electoral.
Lo que siguió – con el genocidio de la UP, el recrudecimiento del conflicto después de los diálogos del Caguán, el Plan Colombia y Plan de Consolidación bajo la política de Seguridad Democrática – arrasó con esa oportunidad de transformar la región, pero no destruyó las experiencias cotidianas de democracia directa ya mencionadas. Entre 2001 y 2008, cuenta Orjuela, se declaró que no existían las condiciones de orden público para sostener elecciones en Remolino del Caguán y los puestos se trasladaron a la cabecera municipal. A pesar de todo, la participación electoral en las elecciones que siguieron era fuerte, gracias a la tradición democrática de la región y a la ayuda logística que brindaba la guerrilla.
Mirando hacia adelante
Aunque más de uno expresa decepción con la abstención del último domingo, sabe que se vienen nuevas oportunidades. La Agencia de Renovación Territorial – creada en el marco de la implementación de los Acuerdos – realizó una asamblea para desarrollar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial el día después de las elecciones. Incluso la pregunta obvia, hecha a mitad de la asamblea (“Que pasará con todo esto si el presidente no quiere implementar los acuerdos?”), no impidió una activa participación en la asamblea, y un nuevo compromiso con una segunda oportunidad de traer paz a la región.
Por otro lado, los líderes del núcleo se están organizando para gestionar el combustible de las maquinarias partidistas del casco urbano, pero se enfrentan a una difícil situación, pues los candidatos que apoyan los acuerdos, que indiscutiblemente han sido acogidos por la población del Bajo Caguán, son los que menos maquinaria tienen en el departamento. Con las nuevas dinámicas políticas del posconflicto y ante la ambigua situación de las Circunscripciones Especiales para la Paz, los territorios que más sufrieron en el conflicto tendrán que luchar por ser escuchados como lo han hecho durante su larga historia de abandono.
[1]Mapas_y_Factores_de_Riesgo_Electoral_MOE_Elecciones_en_Colombia_2018
[2]http://resultados2018.registraduria.gov.co/resultados/99SE/BXXXX/DSE44003.htm
[3]http://alaorilladelrio.com/2018/03/01/las-primeras-elecciones-del-posacuerdo-disputa-por-la-camara-en-el-caqueta/
[4]http://lasillavacia.com/silla-sur/en-caqueta-cambio-mueve-contratistas-al-son-de-los-liberales-64777
[5]http://lasillavacia.com/silla-sur/la-monona-del-uribismo-en-el-sur-65209
*Isabel Peñaranda es antropóloga egresada de Columbia University, y actualmente se encuentra realizando una maestría en la Universidad Nacional de Colombia en Historia. Ha publicado en la revista Jacobin, en el North American Congress on Latin America (NACLA) y en Socialist Worker. También es aficionada a la fotografía y producción audiovisual comunitaria y la puedes seguir en @ipenarandac en Instagram.