*Estefanía Ciro
Abelardo de la Espriella había estado anunciando la destrucción de más de 300 mil hectáreas de coca a través de la reanudación de la sustitución, la aspersión aérea y la erradicación manual. Recientemente anunció que iba a reiniciar las fumigaciones en aéreas con herbicidas diferentes al glifosato “sin violar la decisión de la Corte Constitucional”. El primer paso fue la derogatoria de una resolución de 2015 que afirmaba que el Programa de Erradicación de cultivos Ilícitos con glifosato (PECIG) no superaba el examen constitucional de proporcionalidad y no podía imponerse por encima de los derechos a la salud, a la vida digna o al medio ambiente a través de la resolución 0006 de 2026. Esta resolución se firmó en el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) que es la entidad que rige la política de drogas, la cual ordenó suspender en todo el territorio nacional el uso del herbicida glifosato en las operaciones de erradicación de cultivos y dictó que se crearía una Comisión Técnica integrada por delegados de miembros permanentes para diseñar un plan integral de lucha contra el narcotráfico con nuevas herramientas.
A pesar de esta resolución, lo que hay que tener en cuenta es que la sentencia T-236 de 2017 de la Corte Constitucional se convirtió en el corazón de la suspensión del PECIG, y exigió seis condicionantes en material sanitaria y ambiental para retomar las fumigaciones (otras decisiones claves son la sentencia T/080 de 2017, la T/300 de 2017, la T/413 de 2021, el Auto 387 de 2019 y la decisión de unificación de la sentencia SU-383 de 2002 y la SU-545 de 2023) estableciendo como eje central el principio de precaución, es decir, cualquier duda del daño de esta acción, se deben tomar medidas inmediatas como suspender o cancelar el uso. El primer elemento que es necesario tener en cuenta que en este marco legal, las consultas previas son pasos fundamentales y que, a pesar de que se derogue esa resolución, las condiciones para la reanudación de la aspersión aérea con herbicidas dictaminada por la Corte se mantiene suspendida. Todos y todas tenemos que prepararnos tanto para el seguimiento de las consultas previas como en el debate en la Corte Constitucional.
Ahora, existe otro programa que se llama Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediantes Aspersión Terrestre (PECAT) que tiene vía libre en el marco regulatorio actual, y solo tiene los condicionantes del Plan de Manejo Ambiental establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). A pesar de que entre 2022 y 2024 disminuyó su uso, según datos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía (DIRAN), con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos por segunda vez, el gobierno de Gustavo Petro cambió su posición. Lo que es nuevo es que varios de sus funcionarios empezaron a hacer intervenciones públicas exponiendo que asumirían la estrategia de fumigación con drones como un programa de aspersión terrestre, es decir, que incluirían esta estrategia dentro del PECAT.
Esta discusión quedó claramente plasmada en las últimas decisiones públicas del gobierno. En diciembre de 2025, el ministro encargado de justicia anunció la estrategia, explicó los detalles técnicos de la operación, explicó que no necesitaba consulta previa y que se iban a iniciar las primeras operaciones en el Cauca en diciembre de 2025. Esta discusión siguió su rumbo y fue en el consejo de ministros transmitido el 19 de mayo de 2026 (ver desde 1 hora y 45 minutos) cuando el ministro del Interior comunicó que fue aprobada la aspersión con drones ofrecidos por el gobierno de los Estados Unidos y agregó:
“donde más se ha ubicado gente que quiere que se pueda hacer ese tipo de aspersión es Putumayo y lo digo por las cifras que acaba de decir la doctora Gloria y la doctora Gloria me esta diciendo con la cabeza que así es, que es donde ellos han pedido que se haga la aspersión que es posiblemente donde hay mas coca despues de Cauca”,
A lo que la directora de sustitución respondió “ajá, sí, ahí están pidiendo, efectivamente” y ella misma agregó “la policía estaba haciendo pruebas con otros herbicidas de menor impacto que el glifosato y eso lo acompanan con muestras de suelo”.
En otras intervenciones, la misma funcionaria repitió lo mismo sobre la aspersión con glifosato y que se estaba probando pilotos con otros herbicidas. Al final de la discusión en esa transmisión, el ministro de Justicia intervino afirmando que “es la nueva generación de lucha contra cultivos ilícitos”. Todo esto confundió a la población en las regiones, al movimiento social y a las organizaciones que habían sido críticos en el debate sobre uso de esta estrategia.
Con esto es importante un segundo punto: para este momento, las críticas al uso de herbicida y reactivación de esta estrategia convergieron en varios actores en el debate nacional y que entre otros, fueron parte de la firma del comunicado que lideró el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, en el que insistió en que reactivar esta estrategia era un error que no podía repetirse.
En tercer lugar, es importante advertir que la otra estrategia que va a estar en consideración de la aspersión con herbicidas es el uso de drones que no deja de ser perjudicial y carece de estudios ambientales que muestran su afectación. Es preciso advertir también que es una estrategia militar en la medida en que requiere dispositivos de seguridad, es decir, no se puede pasar por alto la probabilidad de confrontación.
Lo novedoso en el escenario de Abelardo de la Espriella es el herbicida Glufosinato de Amonio. Un expediente técnico realizado por el ingeniero químico Camilo Gonzalez Posso expone que es un riesgo incontrolable para la salud humana, la biodiversidad y los cuerpos de agua, no es selectivo, es de contacto y quema las partes verdes, provocando la destrucción celular, tiene un efecto muy rápido, que puede generar convulsiones, perdida de memoria, coma, alteración en fertilidad y desarrollo fetal, trastorna el comportamiento de insectos, por ejemplo, las abejas y es claramente una amenaza a la vida, aún con drones. Es preciso recordar que la contaminación sobre la miel de las abejas y las alteraciones a los procesos de floración hicieron que se prohibiera el glifosato en Alemania, con esta otra sustancia podrían ocurrir efectos similares.
No nos dejemos confundir, a pesar de que la sentencia habla del glifosato, los principios y requisitos son los mismos para cualquier químico, y vinculan a cualquier herbicida que se quiera usar, el principio de precaución aplica para cualquier sustancia. Lo que tiene planeado el gobierno actual es una serie de pruebas piloto que les permita a ellos argumentar que esta sustancia no hace daño, iniciar la presión sobre las consultas previas y lograr los permisos en ANLA y las diferentes entidades que permitirían en uso de esta sustancia, según elijan el camino, si es PECAT o aspersión aérea. El camino a seguir para el movimiento organizado es el de estar preparados e informados, conocer los escenarios legales en los que la reactivación de esta estrategia se puede impedir y exigir a las entidades encargadas la información y la rendición de cuentas de su alineación con los parámetros de ley. Los últimos cuatro años no hubo un consenso claro sobre el uso de herbicidas en la política de drogas y el movimiento social prefirió confiar en un gobierno que no logró detener la estrategia, al contrario, la dotó de nuevas herramientas, provocando un silencio forzado que pocos se atrevieron a confrontar. La buena noticia es que el país cuenta con una masa crítica de académicos y organizaciones que han disputado científica y rigurosamente el uso de las fumigaciones en la política antidrogas.
Ya no hay tiempo para desfiles de reyes desnudos, es un momento de máxima claridad.
