Alejandro Chaves*
Tres noticias han puesto a la Amazonía en el foco de la prensa. El Ministerio de Ambiente revocó la resolución que declaraba el bioma amazónico —el 42 % del país— reserva de recursos naturales, aunque con los gobiernos indígenas ya se había protocolizado una cuantiosa consulta previa. El ministro del Interior, Ordóñez, lejano a la defensa de la diversidad, aparece firmando la novena ETI (Entidad Territorial Indígena) de la Amazonía colombiana. Y circula una regionalización del país en «regiones milagro» que parte y combina abruptamente las Amazonías.
Un nuevo mapa, otra vez al arbitrio del gobierno de turno. Aunque la Amazonía aparece a menudo en la conversación pública, rara vez sus titulares son los amazónicos; y menos aún sus más antiguos moradores.
La Vorágine fijó la imagen de las bonanzas caucheras y sus formas de esclavitud como un pasado lejano y vergonzoso. Los pueblos indígenas quedaron en la base de una cadena de valor que presionó sus bosques, al margen de los capitales y al final de las conversaciones globales. El mapa se ordenó en torno a la demanda mundial de caucho.
Ni es tan pasado ni es tan lejano. Las bonanzas han mutado, pero el sujeto marginado sigue siendo el mismo. El interés, en apariencia noble y políticamente correcta, por defender la Amazonía se enmarca hoy en una nueva bonanza: la bonanza contractual.
En la Amazonía, muchas violencias no llegan primero con el ruido de las armas, sino con el lenguaje técnico de cooperantes y operadores: intervención, focalización, beneficiarios, restauración, conservación, gobernanza. Un lenguaje que parece neutral y rara vez lo es: convierte un territorio vivo en objeto de administración; un pueblo con autoridad, en población objetivo; una larga historia de gobierno propio, en un problema técnico que otros vienen a resolver.
A cada reivindicación le siguen intentos regresivos. La historia de las caucherías tuvo, décadas después, un cierre imponente: en 1988, las tierras que fueron de la Casa Arana se titularon a favor de los pueblos indígenas en el gran resguardo Predio Putumayo. Casi al mismo tiempo llegaron las declaratorias de Parques Nacionales sobre territorios indígenas, y con ellas el andamiaje de la conservación. Sus habitantes se han acostado a dormir en sus territorios y han amanecido, sin saberlo, en «mosaicos de conservación», «áreas protegidas» y «paisajes para siempre». Sus vidas han dado sentido a recomendaciones de cooperación que los convierten en celadores, vigilantes comunitarios o proveedores de datos.
Ahí empieza una forma más silenciosa de despojo: la Amazonía deja de ser territorio gobernado por pueblos indígenas y pasa a ser vacío institucional, foco de deforestación o espacio disponible para la cooperación. Los proyectos se diseñan lejos, los recursos los administran operadores externos y las comunidades llegan al final, a validar o a recibir beneficios. Todo se nombra con palabras correctas, pero la pregunta de fondo casi nunca cambia: ¿quién decide?
La ruta del dinero responde. Entre 2011 y 2020, la ayuda internacional para que pueblos indígenas y comunidades locales aseguraran sus tierras y manejaran sus bosques no llegó al 1 % de la ayuda para el clima. De esa fracción, solo el 17 % —unos 46 millones de dólares al año, el 0,13 % de la ayuda climática— fue a actividades que nombraban a una organización indígena, según la Rainforest Foundation Noruega. Más de la mitad pasó primero por cinco grandes intermediarios, entre ellos el Banco Mundial y el BID. En Glasgow, en 2021, gobiernos y fundaciones prometieron 1.700 millones de dólares para los derechos territoriales de estos pueblos, y cumplieron con creces; pero en 2025 apenas el 7,2 % llegó directamente a sus organizaciones. El resto siguió fluyendo por ONG, consultoras y bancos de desarrollo. La bonanza contractual tiene una ruta precisa: los recursos se gestionan en nombre de los pueblos y se quedan en manos de quienes los administran.
Así, los pueblos amazónicos son reconocidos como guardianes de la biodiversidad, pero no siempre como autoridades. Se les invita a talleres, pero no a definir prioridades; se les consulta sobre diagnósticos, pero pocas veces se les entrega el control de los recursos y las decisiones. Es una forma de despojo administrativo: no siempre quita la tierra, pero sí desplaza la capacidad de decidir sobre ella. Convierte el gobierno propio en insumo metodológico, la guardia indígena en mecanismo de monitoreo y la autoridad tradicional en actor local.
Esto es especialmente grave en el medio río Caquetá, donde los pueblos no enfrentan discusiones abstractas sobre gobernanza, sino paros armados, confinamiento y restricciones a la movilidad. Allí, hablar de conservación, drogas o desarrollo sin partir de las autoridades del territorio no solo es insuficiente: es éticamente improcedente. La pregunta debería ser otra: ¿qué necesitan esas autoridades para sostener la vida y el gobierno propio en medio de la presión, y qué recursos deben administrar directamente?
Operador tras operador repite como un mantra que la participación será mejor la próxima vez; que solo por esta vez se diseña a espaldas del territorio. Quienes llegaron tarde al relato de la ciudadanía y del Estado nación- otrora eslavos con las caucherías- llegan también tarde al de la conservación, y no menos tarde al de la seguridad: pasan con facilidad de beneficiarios y guardianes comunitarios a daño colateral del conflicto.
El problema no es la cooperación en sí misma, ni las ONG, ni los operadores. Es que ocupen el lugar de decisión que corresponde a los pueblos. La Amazonía necesita otra ética de la intervención: una en la que los pueblos indígenas sean el punto de partida y no el último eslabón; en la que la cooperación acompañe y no sustituya; en la que el Estado entienda que proteger la Amazonía no es hablar en nombre de sus pueblos, sino garantizar que sus autoridades gobiernen, decidan y cuiden la vida conforme a sus propios sistemas.
Porque cuando la institucionalidad y la cooperación evitan la incomodidad de dialogar con las autoridades, lo que se debilita no es un proyecto: son la confianza, la legitimidad y la posibilidad misma de una política pública coherente con los territorios en cuyo nombre, invocando su defensa, se factura.
*Antropólogo.
