Columna publicada en marzo del 2021 para la Revista Pandemia. A propósito de la discusión sobre el Informe de la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones, en las cuales trabajé, importante insistir de nuevo en la necesidad de reconocer las víctimas de política antidrogas como víctimas del conflicto armado y su reparación.
*Estefanía Ciro R
El año pasado publiqué el libro Levantados de la Selva: Vidas y Legitimidades de la actividad cocalera que trata de cómo se expresa la violencia de la política anti-drogas en la vida de los hombres y las mujeres en territorios cocaleros y en las maneras en que ellos legitiman su actividad, la explican . Con este texto retrato el fin de una era y que
transitaba entre 2011 y 2016 en ese momento extraño entre el final del Plan Colombia y las negociaciones con las FARC, cuando se levantaban vidas, las lógicas del capital relatadas por los protagonistas, las que delimitan quiénes ganan y quiénes pierden en este trabajo, las fuerzas que operan, reprimen y regulan desde las legalidades que se intersectan en estas regiones.
Trato en el libro de darle forma a algo que nombro como “la cuestión rural cocalera” para traer más cerca al estudio de la economía de la cocaína tantos debates sobre cuestiones agrarias, rurales, agrícolas, campesinas, sin importar sus divisiones.
Esto para descalabrar la “mitología del narcotráfico”, ese acierto de Luis Astorga que nos recuerda que la política anti-drogas no es solo una nueva forma de hacer la guerra sino también de justificarla, de venderla; una narrativa – ya no tan novedosa y bastante desgastada- sobre el enemigo, el amigo, el bueno y el malo, y por supuesto, un mecanismo muy aceitado de dónde sacar la plata para más guerra. Abarca todas las palabras a las que le podamos poner el prefijo “narco”, como advirtió él alguna vez.
A las conclusiones no les voy a traicionar su suspenso. Voy a hacer otro final, o mejor, extender el final, que no le resta fuerza ni afecta mi convencimiento sobre las ya escritas sino porque son su continuación. En este momento quiero dejar dos cosas en la mesa que no hemos masticado con calma en la movilización por un mercado de drogas sin violencia y justo, basado en derechos humanos y reducción de daños en Colombia: la Justicia Transicional y la reparación.
La relación del conflicto armado y la política de drogas se sella con el punto 4 de los acuerdos de paz, que la hace indiscutible en todas sus aristas, desde la producción, hasta el tráfico y consumo.
Esto nos abrió una ventana que le da sentido a dos ideas: que la aspersión aérea con glifosato fue, es y será una herramienta de guerra; y segundo, que las personas encarceladas por la ley 30 pueden ser consideradas víctimas del Conflicto Armado escalado por “la lucha antinarcóticos”. La primera determinaría que el uso de la fumigación con herbicidas químicos debe encontrar una cancelación definitiva en la Justicia Especial para la Paz que abra la discusión a comprender cómo sistemáticamente el Estado colombiano envenenó masivamente a campesinos, campesinas, pueblos negros e indígenas, sin afectar la dinámica de la economía de la cocaína, es decir, la aspersión aérea es un crimen en el marco del Conflicto Armado.
El caso emblemático es el de Yaneth Valderrama, una mujer campesina en embarazo que hace 20 años fue bañada en herbicida químico en una aspersión aérea y quien posteriormente pierde su bebé y muere. Este expediente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y puede ser definitivo en mostrar la responsabilidad del Estado colombiano en la muerte y enfermedad de personas. Con un esfuerzo colectivo se puede construir un caso que reúna y sistematice las investigaciones y hechos de afectaciones a los ecosistemas y a las tradiciones de los pueblos.
La segunda ubicaría a las más de 17 mil personas en cárceles (condenadas y sindicadas según el INPEC) por ley 30 como víctimas del Conflicto Armado, un caso que también requiere del impulso de organizaciones de víctimas, litigios jurídicos y el convencimiento de que este encarcelamiento no ha afectado el negocio de las drogas pero en cambio
ha convertido la vida de mujeres y hombres excluidos del campo y la ciudad en un ciclo de dolores, más exclusión y violencias. Todavía recuerdo la historia de una mujer caqueteña madre cabeza de familia de 4 menores de edad que ante las angustias del hambre, se arriesgó a mover un paquete de pasta base.
Condenada a 6 años en la cárcel del Cunduy, su hija mayor, de 17 años, tuvo que prostituirse para poder sostener a sus otros 3 hermanos, quienes apenas tenían de qué alimentarse en el día a día.
El capricho del mito del “narco” debe tener un límite, y es la protección de estas familias frente a un sistema penal injusto, ineficaz y represivo. Parir un país a la altura de la memoria que merece tanta sangre derramada, familias perseguidas y tantas penas excedidas podría estarnos exigiendo detonar una reflexión profunda y urgente sobre “la guerra contra las drogas” y la Justicia Especial para la Paz. ¿Qué discusión se da en la JEP?¿Cuál es el rol de la movilizaciòn? Quizás este camino ofrezca más resultados que el Programa Nacional de Sustitución. Esta es – y complemento la propuesta de Levantados de la Selva- otra arista más de una revolución y es, sin duda, un paso obligado para la anhelada No Repetición.
Disponible: 12.pdf
