Edinso Culma*
Durante las décadas de 1970 y 1980 el sector privado y el Estado colombiano construyeron un complejo hidroeléctrico en el municipio de San Carlos (Antioquia). Para los cuatro embalses que requería este proyecto, la empresa ISA adquirió 638 predios en procesos irregulares en los cuales presionaba a los dueños de esas tierras a vender sus propiedades a bajos precios con la amenaza de perderlas en las futuras inundaciones provocadas por dichos embalses[1]. Para los sancarlitanos este fue el primer evento de despojo de tierras y desplazamiento forzado que vivieron antes de conocer la violencia política que empezó en su región a finales de los años noventa. Debido a esto, en tiempos recientes, la comunidad de San Carlos ha cuestionado nuevos proyectos hidroeléctricos como el de Porvenir 2, porque supone nuevos riesgos de despojo territorial para la población asentada en la zona de influencia de ese proyecto, la cual ha retornado después de haber vivido experiencias amargas de desplazamiento forzado en Medellín[2].
En Putumayo ha pasado algo similar. Con el argumento de estar defendiendo los “derechos adquiridos” sobre 4.200 hectáreas en las inmediaciones del río Orito que habían sido concesionadas por el Estado colombiano para la explotación de petróleo, a finales de la década de 1960 la empresa Texaco desterró a los colonos e indígenas asentados en esa zona de Putumayo. Por un lado, logró que el gobierno regional (entonces comisaría de Putumayo) decretara ilícita la ocupación y posesión de tierras por parte de colonos, bajo la amenaza de multas, encarcelamientos, desalojos y destrucción de cultivos y viviendas; amenazas que la fuerza pública hizo efectivas. Por el otro, y como si se tratara de colonos recién llegados al territorio, esta empresa les pagó a los indígenas sionas sumas irrisorias para que desocuparan sus “mejoras” y abandonaran las tierras de la concesión Orito. Después de varias cartas al Ministerio de Gobierno de esa época, los colonos lograron que el gobierno nacional interviniera en el asunto y pusiera fin a los desalojos; los indígenas por su parte, siguieron adentrándose en las profundidades de la selva para estar fuera del alcance del ruido y la contaminación producidos por la infraestructura y las obras petroleras que causaban el rompimiento de sus ritmos de pesca y caza.[3]
En los últimos diez años los conflictos entre los habitantes de los municipios “productores” de petróleo y la industria petrolera han vuelto a ocupar un lugar importante en la agenda pública de Putumayo. Con la reestructuración de Ecopetrol y la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a partir del año 2005 se produjo un aumento considerable de campos petroleros en este departamento, fenómeno al que muchos putumayenses responsabilizan de haber incrementado en sus territorios el deterioro del medio ambiente y la “situación de orden público”, así como también las dificultades para acceder a la propiedad sobre la tierra.
Aunque la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia) no cuenta con un reporte completo y consolidado de los derrames de crudo ocurridos en los últimos diez años en Putumayo, para las poblaciones de La Hormiga, La Dorada, Puerto Colón, Siberia, El Tigre, Puerto Vega o Teteyé, el vaciamiento de carrotanques y las “voladuras del tubo” (oleoducto) ocasionadas por las Farc hacen parte de las noticias corrientes de todos los meses. Cada uno de esos eventos, supone la contaminación del aire y del agua de los lugares donde se quema o se vierte el crudo, lo cual afecta gravemente la salud humana y animal, así como los cultivos de pancoger de los habitantes de la zona.
El deterioro de la “situación de orden público” ocasionado por el aumento de los campos petroleros durante los últimos diez años en Putumayo es permanentemente denunciado por los habitantes de varias zonas de Puerto Asís como son los corredores Puerto Vega-Teteyé, Puerto Asís-La Alea o las veredas que quedan dentro de la Zona de Reserva Campesina La Perla Amazónica. Para ellos es evidente el hecho de que la fuerza pública (principalmente el ejército) incursiona en sus territorios, no para garantizarles sus derechos como ciudadanos colombianos, sino para “asegurar” los lugares que necesitan las empresas petroleras para llevar a cabo las labores de exploración y explotación de hidrocarburos. Acción de la fuerza pública que termina en combates con las Farc, estigmatización de la población civil como “colaboradores” de ese grupo guerrillero y judicialización de los líderes de las organizaciones sociales que se oponen a la explotación de hidrocarburos en sus territorios o cuestionan los procesos irregulares de consulta previa y popular que llevan a cabo las empresas petroleras.[4]
En los municipios “productores” de petróleo de Putumayo también es recurrente que los habitantes de la zona rural (sobretodo campesinos) se muestren descontentos con los obstáculos que la industria petrolera les genera a la hora de formalizar la propiedad sobre las tierras que llevan ocupando por mucho tiempo, pues el Estado colombiano prohíbe la adjudicación de baldíos en el perímetro de cinco (5) kilómetros alrededor de las zonas donde existan “explotaciones de recursos naturales no renovables” (artículo 67 de la Ley 160 de 1994). Situación que impide, entre otras cosas, que estos campesinos accedan a los créditos de fomento agropecuario dispuesto por el mismo Estado colombiano o entidades crediticias privadas.
En este escenario, las organizaciones sociales que se oponen a los proyectos petroleros en el piedemonte y la llanura amazónica (sobre todo las de los municipios de Villagarzón y Puerto Asís) están convencidas que la pobreza, la marginalidad y los fenómenos de violencia política y conflicto armado van a continuar en su departamento si no se detienen los actuales proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Para ellas, así como para las organizaciones sociales de San Carlos que cuestionan el Proyecto Porvenir 2, es cada vez más pertinente preguntar si en sus territorios y en general en Colombia existen las condiciones para mantener o sostener la reparación integral a las víctimas del conflicto armado prometida en la Ley 1448 de 2011. Mejor aún, si es posible sostener los procesos de construcción de paz territorial que se están pensando para un futuro de posconflicto después de un acuerdo entre las Farc y el gobierno nacional en La Habana.
Aunque todavía falta mucho para que estas preocupaciones ocupen un espacio importante en la opinión pública del país, resulta urgente su debate en un contexto en el que la economía nacional depende en gran parte del sector minero-energético. Sector cuyas formas de operar en el pasado y el presente han creado condiciones para la aparición o el sostenimiento de la violencia política y el conflicto armado, lo cual genera una seria duda sobre un escenario futuro de posconflicto donde existan reales “garantías de no repetición” de los hechos de violencia que han tenido al país en guerra por más de medio siglo.
[1] CNMH (2014). San Carlos. Memorias del éxodo en la guerra. Resumen. Pág. 15.
[2] Documento anexo al Plan de Reparación Colectiva para el municipio de San Carlos. Mesas de seguimiento al Proyecto hidroeléctrico Porvenir 2. Octubre de 2013.
[3] CNMH (2015). Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo. Informe regional de Putumayo del Proyecto Tierras, organización social y territorio. En prensa.
[4] CNMH (2015). Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en Putumayo. Informe regional de Putumayo del Proyecto Tierras, organización social y territorio. En prensa.
*Investigador del Centro Nacional de Memoria Histórica. Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magister en Antropología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO. Interesado en el estudio de Putumayo y en los temas de violencia política y conflicto armado en Colombia, narcotráfico, política pública de sustitución de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo y política pública de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado.