El narcotráfico y el proceso de paz: mucho más que los diálogos de La Habana. Parte II

no hay una verdadera solución al tema de las drogas ilícitas, que acoja posturas alternativas a las que se han venido llevando a cabo, seguirá habiendo una gran cantidad de grupos con gran capacidad violenta en todo el país y la mentada paz será simplemente una firma en un papel sin una puesta en práctica real. De hecho, hay temor de que algunos excombatientes, si no encuentran verdaderas alternativas de reinserción, vuelvan a las armas al servicio de alguna “Bacrim”.

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Petrit Baquero*

Una guerra que fracasó y que no vale la pena seguir peleando

En Colombia se acabaron los famosos marimberos de los años setenta, “El Mexicano” fue dado de baja (otros dicen que se suicidó, lo cual, parece, fue lo que pasó), Pablo Escobar cayó abatido en un tejado de Medellín (luego de una oscura alianza entre el gobierno, las agencias estadounidenses y mafiosos, ex socios y enemigos del capo), Carlos Lehder, los Rodríguez Orejuela, “Rasguño”, “Don Diego”, Justo Pastor Perafán y el “Loco” Barrera, entre muchos otros, fueron extraditados, “Jabón” fue asesinado, José Santacruz fue torturado y asesinado por los paramilitares, Fidel, Carlos y Vicente Castaño resultaron muertos (al parecer, por pugnas entre ellos mismos); Griselda Blanco fue acribillada en una carnicería, varios de los grandes jefes paramilitares fueron extraditados y todos los días se anuncian capturas, deportaciones, muertes y persecuciones a diferentes personas involucradas con esa actividad del narcotráfico. Sí, todo eso ha pasado pero a la larga ¿cuál ha sido el resultado? Que Colombia continúa siendo el primer exportador de cocaína del mundo, en un contexto de grandes dosis de muerte, destrucción física y moral; deterioro ambiental, actores cada vez más despiadados en sus métodos, sectores políticos, militares y empresariales involucrados (por ejemplo, hace unos pocos años plantearon, incluso, “refundar la patria”) y un conflicto armado que ha dejado una estela de destrucción que, increíblemente, algunos sectores no quieren acabar sino que avivan día tras día.

Mientras tanto, agrupaciones como Los Urabeños, los Rastrojos, la Oficina de Envigado, el Erpac, es decir, las eufemísticamente denominadas “Bacrim”, entre muchas otras, recuerdan las actividades de sus predecesoras en el negocio del narcotráfico, por sus violentos métodos, sus estrechas relaciones con diferentes autoridades, su capacidad de perturbación, sus grandes recursos y una experiencia de décadas en el desarrollo de actividades ilegales.

De la misma forma, las FARC se han involucrado en varias actividades dentro de la cadena del narcotráfico, las cuales no se limitan al cobro de un impuesto a los traficantes sino que han llegado a transportar la droga (fabricada por algún narco) hacia las fronteras en donde traficantes de diferentes nacionalidades pagan por el producto. Tampoco se puede negar que hay frentes que cada vez se encuentran más inclinados a ese tipo de actividades meramente lucrativas, lo cual no deja de lado que el objetivo primordial de la guerrilla es el recibir financiación para sus objetivos revolucionarios, muchos de los cuales se han buscado –y eso hay que recordarlo- con métodos atroces. De hecho, en el marco de las negociaciones de paz, se ha discutido si el narcotráfico puede ser considerado un delito conexo dentro de la posible tipificación de los grupos guerrilleros como delincuentes políticos, lo cual ha despertado varias críticas en algunos sectores para los que –aparentemente- es más grave exportar un kilo de cocaína que cometer un asesinato o un secuestro.

Toda esta situación deja muy en claro que si no hay una verdadera solución al tema de las drogas ilícitas, que acoja posturas alternativas a las que se han venido llevando a cabo, seguirá habiendo una gran cantidad de grupos con gran capacidad violenta en todo el país y la mentada paz será simplemente una firma en un papel sin una puesta en práctica real. De hecho, hay temor de que algunos excombatientes, si no encuentran verdaderas alternativas de reinserción, vuelvan a las armas al servicio de alguna “Bacrim”.

Se vienen cambios

Desde hace unos años ha habido cambios importantes en el manejo que se le está dando a algunas drogas ilegales y al enfoque con que los gobiernos abordan el problema. Por ejemplo, varios países del mundo han iniciado acciones tendientes a la liberalización del consumo y el cultivo de marihuana, como Holanda, Portugal, Uruguay e incluso Estados Unidos, el cual ha empezado a permitir el consumo de marihuana con fines médicos y posteriormente ha aprobado el consumo para uso recreativo en los estados de Alaska, Colorado y Washington. Al respecto, no sobra recordar que luego de la persecución a los ostentosos marimberos y de las fumigaciones con paraquat (relacionado con el “agente naranja” usado en la guerra de Vietnam) en la Sierra Nevada de Santa Marta en los años setenta, Estados Unidos se convirtió, desde finales de los años ochenta, en el principal productor de marihuana del mundo, con inversionistas que han recolectado semillas en todo el planeta y experimentan con el producto en cultivos hidropónicos para ofrecer variedades de la mejor calidad. Esto quiere decir que luego de esas fumigaciones, de la violenta persecución a sus productores, vendedores y consumidores, y de esa poderosa retórica antidroga, los productores y comercializadores de marihuana de Estados Unidos ya no son considerados “barones de la droga” sino empresarios respetados y respaldados por el Estado que tributan y son valorados como creadores de riqueza[1].

De la misma forma, los presidentes de varios países, incluyendo Colombia, han planteado la necesidad de discutir un cambio en las políticas antidroga, abriendo la posibilidad de reevaluar la “guerra contra las drogas”, volviendo a tratar esa problemática como un asunto de “salud pública” y no como una costosa guerra contra el crimen organizado. En esta vía, es diciente la intervención del ministro de Justicia Yesid Reyes ante la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas acerca de la importancia de revisar las Convenciones Internacionales sobre drogas y la necesidad de contar con el concurso de organismos como la Organización Mundial de la Salud, Unicef y Pnud, así como a organizaciones de la sociedad civil, que hagan frente a la conservadora Convención Única de Estupefacientes. Reyes recalcó que en septiembre de 2016, la Asamblea General de Naciones Unidas tendrá como tema principal de discusión el problema de las drogas, por lo que será de gran importancia el discutir este tema con amplitud y argumentos con respecto a posibles nuevos caminos.

Por otro lado, las afirmaciones del ministerio de salud, basadas en estudios científicos internacionales (de la OMS, entre otros), acerca de los riesgos a la salud que causan las fumigaciones con glifosato en el territorio colombiano (problemas en la piel, abortos, envenenamiento de alimentos, muerte de animales, cáncer), podrían representar un cambio importante si dichas acciones, tan criticadas por tantos sectores de la sociedad, llegan a su fin. Al respecto, si bien en La Habana se recomendó apelar a la erradicación manual de los cultivos de uso ilícito, hasta el momento se sigue llevando a cabo la aspersión aérea de glifosato. Un cambio en este sentido (siendo Colombia el único país del mundo que sigue llevando a cabo esa práctica en su territorio) sería muy importante para replantear las acciones llevadas a cabo por tantos años y con resultados que no son para enorgullecerse, así algunos sectores pretendan decir lo contrario.

Todo esto hace fundamental discutir de manera integral, amplia e incluyente el tema del narcotráfico en la agenda de negociación en La Habana (en un contexto en el que varios de los miembros de las FARC han sido pedidos en extradición por el gobierno de Estados Unidos), pero también fuera de ella, pues si las políticas al respecto se siguen limitando a acciones principalmente represivas, el negocio continuará en auge, con una gran cantidad de grupos que seguirá enviando miles de toneladas a los países consumidores y con la realidad de que Colombia se convirtió también en un país consumidor y el denominado “microtráfico” es altamente lucrativo.

¿Qué dijeron en La Habana?

Tanto el gobierno como las FARC afirmaron que la existencia y persistencia de los cultivos de uso ilícito se relaciona con unas condiciones de pobreza, marginalidad y débil presencia institucional que, en el contexto de auge del consumo, resultaron sumándose a la existencia de diferentes organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que impulsaron, entre otras cosas, los cultivos en gran parte del país. Esto ha llevado a expresar la necesidad de atender esa realidad por medio del mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades, principalmente en los territorios en donde existen los cultivos. De la misma manera, las dos partes expresaron la necesidad de abordar el consumo como un asunto de salud pública (lo cual hace 20 años era una manifestación inimaginable por parte del gobierno colombiano) y finalmente se refirieron a la necesidad de perseguir a las organizaciones dedicadas al narcotráfico, incluyendo a aquellas encargadas de las finanzas, el lavado de dinero y el tráfico de precursores, todo en un contexto de alcance global.

Sin embargo, si bien todas esas afirmaciones son loables, es claro que resultarían insuficientes si no se da un viraje radical a ese tema, ¿y cuál es ese viraje radical? Pues la despenalización y posterior legalización –gradual, claro está- de determinadas sustancias que han sido perseguidas durante muchos años con resultados bastante cuestionables. Desde aquí tenemos claro que las políticas antidroga no han reducido la oferta de drogas pero sí han alimentado a organizaciones criminales que, si bien han cambiado de nombres y estrategias, continúan manejando este millonario negocio obteniendo gigantescas ganancias que han contribuido a financiar los sangrientos conflictos que se libran en el país.

No sobra decir que ante un eventual cambio de perspectiva (es decir, ante una posible legalización que generaría que el precio bajara pues los grandes recursos obtenidos se sustentan en la prohibición), muchas de aquellas organizaciones delincuenciales que se fortalecieron y lucraron con el dinero del narcotráfico, encontrarían otras fuentes de financiación, con lo cual, actividades como la extorsión, la minería ilegal, el juego –legal e ilegal-, la prostitución, el tráfico de personas, la contratación pública, entre otras, se convertirán en parte fundamental del accionar de estas empresas delictivas (seamos sinceros, en muchos casos ya lo es). Esta situación sería similar a la de la mafia italoamericana que se fortaleció en Estados Unidos con la denominada “Ley Seca” de 1920 a 1933 (que la hizo pasar de ser una organización extorsiva a convertirse en una empresa productiva) pero cuando esa prohibición se levantó, ya estaba completamente fortalecida e involucrada en los diferentes campos económicos, políticos y sociales del país.

Empero, a pesar de sus dificultades expresadas someramente en este texto, desde aquí se afirma la importancia de implementar un cambio radical en la manera como se ha manejado el tema de las drogas. Por eso, en el contexto de las negociaciones de paz con la guerrilla, es importante ir mucho más allá de lo que hasta el momento se ha hecho y proponer soluciones de fondo que permitan una nueva mirada a un fenómeno que transformó por completo a nuestro país. De lo contrario, de no dar ese paso, es posible que la firma de la paz con las FARC sea solamente un capítulo más dentro de la larga historia de guerra, violencia y destrucción que ha vivido Colombia, tal vez desde la era republicana, o posiblemente desde antes de que estos territorios se llamaran así.

Bibliografía

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–       Botero, J.E. (2014). ¿Usted ha metido algo, Santrich?. Recuperado enhttp://www.las2orillas.co/santrich-hablemos-de-drogas-por-jorge-enrique-botero/.

–       Caballero, A. (2002). “Drogas: La guerra de la dependencia”. ¿Qué está pasando en Colombia? Anatomía de un país en crisis. Bogotá: Cerec.

–       Camacho, A. (1999). Las drogas: una guerra fallida: visiones críticas. Bogotá: Iepri y Tercer Mundo Editores.

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–       Molano, A. (1987). Selva adentro, una historia oral de la colonización del Guaviare. Bogotá: El Áncora Editores.

–       Musto, D. (1993). La enfermedad Americana, orígenes del control antinarcóticos en EU. Bogotá: Tercer Mundo Editores – Ediciones Uniandes – CEI.

–       Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2012), Informe Mundial sobre drogas 2012.

–       Orozco, I. (1990). “Los diálogos con el narcotráfico: Historia de la transformación fallida de un delincuente común en un delincuente político”.Análisis Político, 11, 31 y 32.

–       Reyes, Y. (2015). Palabras del Doctor Yesid Reyes, Ministro de Justicia y del Derecho en Colombia, con ocasión del segmento especial del 58 periodo ordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes. Recuperado dehttp://mucd.org.mx/Palabras-del-Doctor-Yesid-Reyes,-Ministro-de-Justicia-y-del-Derecho-en-Colombia-n3846.html#sthash.Lh3BXK6T.dpuf.

–       Sáenz Rovner, E. (2009), Ensayo sobre la historia del tráfico de drogas en Colombia: Consumo y cultivos entre los años 30 y 50Iberoamericana. Barcelona: Editorial Iberoamericana, 9.

[1] En poco tiempo se considerará tan ridícula la persecución a la marihuana como lo fue la “Ley Seca” en Estados Unidos.


*Historiador, politólogo e investigador en temas de narcotráfico, conflicto armado, música y cultura popular latinoamericana. Publicó en 2012 con la editorial Planeta El ABC de la Mafia. Radiografía del Cartel de Medellín y actualmente produce el documental El diablo vendrá por mí. Es investigador del CINEP /PPP.    baqueropetrit@gmail.com.

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