Coca, coca y más coca en la Orinoquia

 

Diego Medrano**

 

 

 

 

 

Toda una Bogotá, y más, es el área de cultivos ilícitos presentes en Colombia. En total, son 180 mil hectáreas que están en aumento y representan un problema, no sólo para nuestro país, sino para la comunidad internacional. No es secreto que, en el último reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos (1), Colombia se posicionó como el mayor proveedor de cocaína para los norteamericanos. Es más, de acuerdo al informe, del 2014 al 2015 hubo un aumento del 42% en el número de plantaciones de coca en nuestro país, convirtiéndose la producción de drogas ilegales en un tema coyuntural para Colombia.

Dentro del panorama nacional, la Orinoquia es la tercera región con mayor número de plantaciones ilícitas después de la región pacífica y central (2). Contexto que plantea la necesidad de realizar un análisis sobre el territorio respecto a este tema, comprendiendo resultados y efectos de las diferentes políticas antinarcóticos.

Para empezar, de acuerdo al último registro del Observatorio de Drogas de Colombia (3), en el 2017 hubo un incremento del 23% en el número de siembras ilegales en el país respecto al año anterior. A nivel nacional, la coca es el principal cultivo ilícito: en el 2016 representó el 99,7% del total de siembras (146.140,13 ha), mientras que la amapola sólo el 0,03%. Es preciso mencionar que, es tal la producción y rentabilidad de esta actividad que, en términos económicos, contribuye con el 0.3% del PIB nacional (4).

A nivel regional, el panorama no mejora. En cuanto a los cultivos de coca, la región Orinoquia y parte de la Amazonia, Caquetá y Putumayo, representaron el 33% (47.633,75 has.) del total de cultivos de coca a nivel nacional (146.140,13 has.) (5). De este porcentaje, 53% corresponde a Putumayo, 20% a Caquetá, 14% a Guaviare y 12% a Meta. Estos son los mayores productores de la región y están entre los siete primeros a nivel nacional. Para los demás departamentos de la región las cifras no son representativas.

Hasta el momento, es claro entonces que la coca es el cultivo más representativo tanto en Colombia como en la Orinoquia. Por ello, nos centraremos en las principales formas en las que el gobierno ha afrontado este problema, poniendo sobre la mesa la erradicación y la sustitución como principales políticas antinarcóticos llevadas a cabo en el país y que, a su vez, han tenido un gran impacto en la región.

 

Erradicación de cultivos

 

Desde el 2013 hasta lo que se lleva del 2018, en la Orinoquia se han erradicado un total de 87.224 has. de cultivos de coca de las cuales 52.747 has. han sido por aspersión aérea y 34.477 has. de forma manual.  De acuerdo con estos datos, es preocupante que la región, a pesar de tener el 33% de siembras ilícitas, representó solo el 14% de cultivos erradicados en toda Colombia (6). La infraestructura, la situación pública y la poca presencia estatal son unas de las razones por las cuales los resultados no han sido los esperados.

Ahora bien, la aspersión aérea con glifosato fue la principal estrategia de erradicación entre 1999 y 2014. Pero, en el 2015 el uso de este químico para la aspersión fue prohibido por la Corte Constitucional (7). Esta decisión evidentemente repercutió en un aumento de hectáreas de coca en el país. Así lo expresó hace poco el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último informe:

“Increased Colombian coca cultivation can be attributed to a number of factors, including Colombia’s decision to end the aerial coca eradication program in October 2015 throughout the country” (8).

Aunque en un primer momento pareciera que Estados Unidos tuviera razón y la solución estuviera en retornar al uso del glifosato, la realidad es otra. Estudios han demostrado que su uso tiene efectos sobre la salud humana. Según la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC, siglas en inglés) (9), filial de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato tiene el potencial para generar cáncer en humanos.

Por otro lado, se ha demostrado que la aspersión con herbicidas de amplio espectro no es la mejor estrategia antinarcóticos. Pues, el número de hectáreas no es el único factor que debe tenerse en cuenta para medir su eficacia. Este indicador puede reducirse, pero si la productividad de los cultivos de coca aumenta, la producción se mantiene estable. En efecto, aunque el número de cultivos se redujo casi hasta la mitad después del Plan Colombia (1999), la productividad por plantación de coca pasó de 4.75 kg/ha a 7,6 kg/ha. Por consiguiente, se mantuvo la producción potencial de cocaína en 625.760 kg (9% menos respecto a los años anteriores al Plan Colombia), una cifra poco significativa (10).

Adicional a lo ya mencionado, el costo para los gobiernos involucrados en la aspersión es mucho mayor a los beneficios obtenidos (11). Pues, por cada 15,4 has. asperjadas, solo una resulta erradicada. En términos económicos, se requieren 11,550 USD (12) al año para acabar con solo una ha de coca (13). Es decir que la relación costo-beneficio es mínima y la aspersión con glifosato termina siendo muy costosa para el gobierno.

De acuerdo con lo anterior, podemos decir entonces que la modalidad en cuestión presenta varios problemas: afecta la salud humana, no es rentable y no cambia significativamente la productividad potencial de cocaína. La producción académica respecto al tema es vasta y los llamados de atención han sido varios. Sin embargo, el gobierno reciente insiste en continuar con dicha modalidad. ¿A caso la evidencia recogida durante estos 19 años no es suficiente?

La erradicación manual aparece como otra opción. No obstante, además de ser poco eficiente, no es la alternativa más humana. Los grupos al margen de la ley con el fin de que no erradiquen sus cultivos dejan minas antipersonales en los alrededores o dentro de los mismos. De acuerdo con el Reporte de Drogas de Colombia (14), en el 2017, dos policías murieron y 20 más resultaron heridos. Es más, en años anteriores al 2013 las cifras fueron mayores. Esta modalidad representa un costo alto: la vida. Las políticas que buscan mitigar la producción de coca deberían buscar otras alternativas mucho más eficaces y menos riesgosas para la población.

 

Sustitución de cultivos

 

El año pasado se puso en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz. Hasta el momento, 23 municipios de la región han firmado el acuerdo para incorporarse al programa. Entre ellos se encuentran: Cumaribo (Vichada), Vista Hermosa (Meta), La Montañita (Caquetá); de Guaviare: Calamar, El retorno, Miraflores, San José de Guaviare y Vereda las Colinas de San José de Guaviare; y de Putumayo: Colón, Puerto Asís, Mocoa, Orito, La Carmelita, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Francisco, San Miguel, Santiago, Sibundoy, Valle del Guaméz y Villagarzón.

A nivel nacional se ha puesto en marcha el PNIS en 36 de los 183 municipios en los que hay presencia de cultivos de coca y se han “beneficiado” un total de 54 mil familias. Sin embargo, los resultados no son los mejores. En los 36 municipios donde la sustitución avanzó, la tasa de homicidios aumento en un 33%, al pasar de 41.1 a 54.7 homicidios por cada cien mil habitantes (15). La tasa es mayor a comparación de los municipios cocaleros donde la sustitución no se ha llevado a cabo. Meta, Guaviare, Putumayo, Caquetá y Vichada presentan municipios PNIS con una variación en el índice de homicidios mayor al 100%. El anterior resultado se debe al “efecto disruptivo que puede tener la acción estatal estimulando la competencia entre actores armados al margen de la ley y haciendo visibles liderazgos y tensiones sociales que no cuentan con mecanismos efectivos para resolver los conflictos pacíficamente” (16).

De acuerdo con lo anterior, si bien el PNIS responde a una situación inmediata en un momento coyuntural como lo es el “posconflicto” y está orientado al desarrollo rural, presenta muchos desafíos a nivel estructural que requieren de tiempo: infraestructura, formalización de la propiedad, presencia estatal, asistencia técnica, financiamiento, entre otros. Hasta que no se incida en estos factores, la sustitución no será sostenible en un futuro. Por ello, es preciso llamar la atención, pues desde la política pública se pueden crear escenarios base para que programas tanto de sustitución como de desarrollo rural sean exitosos.

 

Nuevo horizonte

 

El panorama hasta el momento parece desesperanzador, hasta ahora hemos descrito la coca como un obstáculo para el desarrollo del país, como financiador de la guerra y destructor de sueños. Pero esta es una perspectiva urbana. Para muchos campesinos la coca fue y es la única forma de sobrevivir en el campo. Un campo desarticulado del resto del país. Un campo donde es más costoso sacar una yuca a la venta que 100 kg de coca. Donde quien te ayuda a sacar la cosecha es una avioneta de narcos y no un avión del Estado. Esta hoja, tal vez, ha ayudado más al campesino que el mismo Estado.

Bien decía Dora Lucila, instructora e investigadora del Sena, “¿por qué no ver la coca como una oportunidad, en vez de un obstáculo?” (17). La coca tiene usos diferentes al recreativo, el medicinal es uno de ellos. La academia debería explorar todas estas oportunidades y brindar alternativas en el uso de la coca; pensar en un mercado de productos derivados de este alcaloide diferentes al narcotráfico. Este nuevo horizonte por el momento está nublado. El rol de las políticas públicas y nuevos proyectos de ley es despejarlo. Es difícil, pero posible.

La erradicación tanto manual como por aspersión aérea no es la mejor opción. La sustitución, aunque parezca un buen camino, hasta que el sector agrícola del país no se fortalezca, no será sostenible. La regulación es un camino que debe ser explorado. La coca es más que cocaína. La coca es medicina, alimento y quién sabe qué más. Tenemos una sola historia: la coca como droga. Descubrir las otras historias de la coca diferente a la que ya conocemos es el reto de la academia.

 

Referencias

• INCSR (2017). “Drug and chemical control”. United States Department of State: United States. 1 https://www.state.gov/documents/organization/268025.pdf
• UNODC (2017). Censo de cultivos de coca en Colombia, 2016. En Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016. Disponible en Banco de Información Espacial Proyecto SIMCI: http://www.biesimci.org/.
• ODC (2018). Disponible en http://www.odc.gov.co/sidco/
• UNODC, 2017.
• ODC, 2018.
• ODC, 2018
• Sentencia T-080/17
• INCSR (2017). “Drug and chemical control”. United States Department of State: United States. 1. pág. 9
• Guyton KZ, Loomis D, Grosse Y, et al. Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate. Lancet Oncol. 2015; 16(5): 490-491.
• Mejia, D. (2011). Políticas Antidroga en el Plan Colombia: costos, efectividad y eficiencia [Capítulo]. En Políticas Antidrgoa en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos. Ediciones Uniandes. pp. 69-90.
• Mejía, D., Restrepo, P., & Rozo, S. V. (2015). On the effects of enforcement on illegal markets: evidence from a quasi-experiment in Colombia. The World Bank Economic Review, lhv051.
• 750 USD es el costo de aspersión por hectárea.
• Torres, N., Vargas, M. & Fazio, A. (2016). Efectos y costos directos y colaterale de la aspersión aérea con glifosato (2016). Tesis/disertación: Universidad de los Andes.
• ODC (2017). Reporte de Drogas de Colombia. Disponible en http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odc-libro-blanco/reporte_drogas_colombia_2017.pdf
• FIP (2018). ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos? Balance del 2017 y lo que viene en 2018. Disponible en: http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/5a905d8a0546e.pdf
• Ibidem, pág. 16.
• Conversatorio “La cuestión rural cocalera. Vidas y legitimidades de la actividad cocalera en el Caquetá” (23, julio del 2018). Universidad de los Andes

 

*Economista y Mágister en Gerencia y Práctica del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Coordinadora de Proyectos del Centro de Estudios de la Orinoquia- CEO.

** Antropólogo en formación de la Universidad de los Andes. Miembro del Centro de Pensamiento Estudiantil Orinoquia – CPEO adscrito al Centro de Estudios de la Orinoquia- CEO.