Diana Moreno Guerra*
En el actual contexto de negociación en medio del conflicto armado y de cara a un eventual posconflicto, se ha comenzado a discutir entre otros temas la necesidad de plantear la conformación de una nueva institucionalidad que responda más a las necesidades propias de las regiones y con la cual se logre superar las problemáticas subnacionales especialmente en el ámbito agrario, político y de organización territorial. Esa nueva institucionalidad, que abarcaría una serie de reformas del aparato estatal en todas las escalas, debería comenzar por analizar dos aspectos fundamentales en el nivel municipal: por un lado, la adecuación del ordenamiento político-administrativo del territorio, lo que implica el reconocimiento de las apropiaciones y adecuaciones de las divisiones administrativas que las comunidades han realizado en las localidades, con el fin de hacer posible o mejorar la gobernabilidad interna; y por el otro, reconocer los diferentes liderazgos, procesos organizativos y mecanismos por medio de los cuales las comunidades construyen lo local.
El análisis de estos dos aspectos, estrechamente relacionados entre sí, nos lleva a poner la mirada nuevamente sobre las respuestas organizativas que las diferentes comunidades (campesinos, indígenas, negritudes, etc.) a nivel local-regional han construido en los diferentes territorios y con las que, de forma paralela a los actores armados y ante la precariedad de las instituciones estatales, intentan modificar sus condiciones sociales, políticas y económicas por un lado; como el modo de integración al Estado central por el otro. Estas respuestas organizativas que varían según su historia y experiencias previas de organización, sus identidades políticas, las diversas condiciones socioeconómicas, grado de conflictividad y tipo de institucionalidad estatal, ha conducido a un aprendizaje por parte de los pobladores que los lleva a instituirse, adaptarse o acomodarse según sus objetivos y estrategias, pero también por sus posibilidades en medio de unos condicionantes externos en los que se desarrollan.
Un claro ejemplo de lo anterior, es la fuerte estructura organizativa comunal de municipios como San Vicente del Caguán o Cartagena del Chairá en el Caquetá, por nombrar solo dos casos, en los que ante la precaria presencia de las instituciones del “Estado civil”, como es nombrado por los habitantes, junto con lo obsoleto de algunas de esas instituciones, las comunidades han optado desde hace varios años por constituir sus propias entidades de organización y regulación. Para el caso de estas dos unidades administrativas, en las cuales en términos generales (en teoría) su organización debe obedecer a los parámetros del régimen municipal en todos los aspectos, en realidad (en la práctica) en cuanto a lo comunal, los campesinos y comunidades indígenas han optado por configurar una estructura alterna de organización por niveles que les ha resultado mucho más efectiva para la solución de algunas necesidades básicas, la resolución de problemas veredales y la comunicación e intermediación con la administración local, el Estado central y las ong´s para elevar su calidad de vida y la consecución de recursos que potencien sus proyectos.
Es así como siguiendo la normatividad estatal, la población de la zona rural de San Vicente del Caguán al igual que en la cabecera municipal, se encuentra organizada en Juntas de Acción Comunal (JAC), la cual es la unidad organizativa básica o como ellos la llaman, de primer nivel. Posteriormente, en un segundo nivel se encuentran las organizaciones campesinas, las cuales reúnen en su interior varias juntas comunales y tienen entre sus funciones principales, la organización y promoción social de la población reunida en las JAC, la resolución de problemas no zanjados por las juntas y la interacción con las entidades del Estado. De este mismo nivel hace parte la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán-ACISC que reúne cuatro cabildos. En el tercer nivel se encuentra UNIOS, que es la Unión de organizaciones sociales, agrarias, ambientales de derechos humanos, campesinas e indígenas, organismo que congrega a todas las organizaciones sociales campesinas del municipio. Esta entidad comunitaria, se encarga de promocionar el desarrollo social comunitario a nivel municipal. UNIOS pertenece a su vez a Coordosac, Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Sindicales y Agropecuarias del Caquetá, que es la máxima organización social del departamento.
Cada uno de estos niveles organizativos tiene sus propias funciones en un espacio geográfico determinado y se articulan entre sí por la realización de trabajos compartidos en pro de la comunidad como por ejemplo la construcción y mantenimiento de las carreteras, la consecución o satisfacción de los servicios públicos como agua o electricidad, la construcción y dotación de escuelas y centros médicos, la resolución de problemas entre vecinos, de linderos, etc., y según el nivel de la organización, funcionan como segunda o tercera instancia en la toma de decisiones que afectan a la comunidad, garantizando por esta vía la sana convivencia, la equitativa administración de recursos recaudados por ellos mismos para el auto-sostenimiento de la región y el fortalecimiento de un proceso de unidad comunitaria.
Estos niveles de organización jerárquica comunal que no se corresponden con las formas y niveles organizativos dispuestos en el régimen municipal (el Estado oficial en lo local) pero que no necesariamente significa que se encuentren en la ilegalidad pues la población decidió registrarlas para obtener personería jurídica y poder así también contratar con entidades públicas y privadas; son la institucionalidad realmente existente en lo local creadas y fortalecidas desde la base social y comunal. Es ante este organigrama político-administrativo propio que la población responde en primer lugar, el cual cuenta ya en principio con el reconocimiento actual de la administración local para la distribución de recursos y que las FARC también reconocen y respetan como orden distinto al ordenamiento insurgente. Sin embargo, el reclamo de los pobladores es al reconocimiento desde el Estado central de sus formas organizativas propias y a la no imposición de fórmulas diseñadas tradicionalmente desde un frío escritorio en Bogotá, donde no se conocen ni reconocen en toda su dimensión las iniciativas locales de formación del Estado (institucionalidad local comunitaria) y por el contrario son señaladas y estigmatizadas como direccionadas por la insurgencia.
No obstante, resulta paradójico que mientras desde el Estado central se desestiman estas formas organizativas al señalarlas como instrumentos de la guerrilla y por lo tanto desconocen los actores y posibilidades sociales y políticas que hay detrás de ellas; los resultados concretos y tangibles de dicho modelo organizativo son utilizados por ese mismo Estado para usufructuar sus beneficios, tal y como sucedió con el más reciente proceso de actualización de la valorización adelantado por el IGAC, en el cual contaron como elemento clave para el aumento del avalúo predial la existencia de las carreteras veredales construidas por la comunidad con su propio esfuerzo y sin ninguna ayuda de las diversas instancias del Estado. Es decir, ellos construyen, ellos mantienen, pero el beneficio económico se lo lleva el Estado.
El llamado es, en dirección a un reordenamiento territorial más ajustado a la realidad, a tener presente que los distintos procesos organizativos son fruto de múltiples variables y condiciones que entrecruzadas generan la conformación de organizaciones de niveles igualmente diversas, tanto en sus objetivos y proyección (demandas básicas, sociales, económicas y políticas) como en su dimensión (local, regional o nacional), y que el país ganaría más en la búsqueda de la equidad y la reconciliación, en el reconocimiento del potencial de los diseños alternativos locales y no en su desconocimiento y desprecio. Es desde ahí que se comienza a construir la paz.
*Politóloga y abogada de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de Maestría en Antropología de la Universidad de los Andes. Hizo parte del grupo de Seguridad y Defensa de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales de la Universidad Nacional donde adelantó dos investigaciones sobre la configuración sociopolítica y desenvolvimiento territorial de la guerrilla de las FARC-EP. Posteriormente trabajó en el equipo Violencia Política y Formación del Estado del CINEP, donde acompañó el proceso de investigación del desarrollo del conflicto armado en la región del Caguán en el Caquetá y en el municipio de La Macarena en el Meta. Recientemente se ha encargado del estudio de la conformación y desarrollo de la institucionalidad local en regiones de conflicto armado. dianamorenoguerra@gmail.com.