*Dario Sendoya.
Se necesita de un poco de agua, un poco de luz y de un pequeño espacio para que una planta retoñe en el borde de un andén o en la grieta de un muro. Así mismo, con esta misma terquedad, nacen y renacen procesos para la defensa de la vida en los rincones más violentados y empobrecidos de Colombia, a partir de la extraordinaria audacia de grupos de mujeres, campesinos, personas LGBT y jóvenes.
Lamentablemente estos procesos sociales, culturales y ambientales han sido históricamente fragilizados por la imposibilidad de disponer de espacios físicos para la realización de sus actividades productivas, reuniones, talleres, eventos, conmemoraciones, etc. Sabemos que los escasos espacios a disposición en los territorios rurales y urbanos están generalmente mediados por dinámicas institucionalizadas, ideologizadas o mediadas por lo económico, limitando así el derecho a desarrollar libremente los procesos asociativos de construcción de paz y nuevas ciudadanías.
Sin embargo desde el año 2015, diferentes organizaciones colombianas[1] de víctimas, de DDHH y culturales reclaman una transformación institucional basada en la experiencia italiana de la ley 109 de 1996 que confiere un uso social y cultural a los bienes inmuebles de extinción de dominio, los cuales son son asignados a organizaciones sociales, culturales y ambientales, cooperativas, organizaciones de víctimas y entidades territoriales. A través de esta ley estos bienes incautados son resignificados y se convierten en (i) espacios de diálogo social y convivencia, con un valor cultural y sociopolítico para los territorios; (ii) tierras a disposición de asociaciones y cooperativas agroecológicas, y (iii) nuevas oportunidades sociales y culturales para las comunidades, especialmente para las juventudes urbanas y rurales.
Esta política se centra en el valor simbólico que estos bienes recuperados otorgan a los territorios y a la sociedad en general, un valor muy por encima del valor monetario que estos puedan generar a través de su venta. Este enfoque confiere la posibilidad de devolverle a las comunidades su capacidad de imaginar y construir rutas para la transformación de una cotidianidad atravesada por dinámicas de control territorial de los actores armados y criminales. En oposición a estos órdenes violentos: diferentes prácticas productivas, artísticas, corporales y emocionales desplegadas por las organizaciones en estos espacios recuperados posibilitan la superación del miedo, la creación de nuevas territorialidades y círculos virtuosos para la paz.
En Colombia existen varias iniciativas espontáneas de recuperación de estos bienes por parte de la ciudadanía y de los gobiernos locales. Por ejemplo, en Agua de Dios, Cundinamarca, la organización AMDAE[2] recuperó una finca de 40 hectáreas, actualmente es un espacio de cuidado y agregación de personas sobrevivientes del conflicto armado a través de un proceso agroecológico y de recuperación de los saberes ancestrales afrocolombianos, adicionalmente se han recuperado diferentes nacimientos de agua que le han devuelto al territorio varias quebradas que antes estaban secas. En San Carlos, Antioquia, 12 organizaciones sociales comunitarias recuperaron una casa de tres pisos para crear el Museo Casa de la Memoria de las víctimas de la violencia. En el barrio Santa Fé de Bogotá un antiguo prostíbulo fue recuperado por el Distrito y actualmente es un espacio cultural y artístico para que trabajadoras sexuales desarrollen talleres y encuentros en completa seguridad. En Cali, la alcaldía recuperó el terreno del club San Fernando, el cual había sido comprado y destruido por el narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía alias `Chupeta´ para la construcción de un centro comercial. Ese terreno será devuelto a la ciudadanía a través de un parque público que estará compuesto por espacios de cultura, ciencia y economía local.
Sin embargo, estas iniciativas aún no están amparadas por una normativa orgánica. El tipo de contratos de arrendamiento impuestos por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a las organizaciones restringen su uso social y pone a las organizaciones bajo la constante amenaza de un desalojo. Esto es debido a que la SAE tiene el mandato de implementar el enfoque de venta y la renta de los bienes de extinción de dominio. Los cuales ingresos son principalmente redistribuidos en: (i) fuerza pública y entidades de lucha contra el narcotráfico; (ii) funcionamiento interno de la SAE; (iii) reinversiones en el sector financiero. Vale la pena señalar que no existen instrumentos de verificación y control eficientes sobre los compradores de estos bienes, lo cual genera un alto riesgo de lavado de activos.
Como respuesta a esta problemática y al clamor de las organizaciones sociales, el gobierno actual manifestó la intención de cambiar el enfoque de la SAE hacia un rediseño institucional que permitirá que una parte importante de sus bienes sean dados en comodato a las organizaciones de sociedad civil, así como la creación de mecanismos de acompañamiento de los bienes recuperados que se configurarán como dispositivos imprescindibles de una nueva política de la vida, en la cual las poblaciones más vulnerables podrán contar con espacios seguros, libres y autogestionados para el renacer de sus comunidades y de sus territorios.
[1] Estas organizaciones están reunidas en red ALAS (http://www.red-alas.net/) Colombia que está compuesta por las siguientes organizaciones: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz; Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio_PDPMM; Casa B; Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado_MOVICE; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios; Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; Fundación Impacto Social; Asociación Nacional de Mujeres Colombianas_Asonam); Corporación Casa de la Juventud y Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación_Corpeis. La red ALAS – América Latina Alternativa Social – es promovida por el sector internacional de LIBERA (https://www.libera.it/), surge para contrarrestar las violaciones de derechos humanos, la delincuencia organizada, la corrupción, la impunidad, la violencia y la economía criminal en América Latina, ya que éstas representan un obstáculo decisivo para el desarrollo integral (humano, económico, cultural y social) de las sociedades de la región.
[2] AMDAE. Asociacion Mutual Para El Desarrollo Integral De La Afrocolombianidad Y El Empresarismo. https://www.amdae.org
*Sociólogo con maestría en planificación urbana y regional. Fundador del centro cultural y social “Casa B”. Ex-coordinador de la Macroterritorial Bogotá-Soacha-Sumapaz de la Comisión de Verdad. dariosendoya@gmail.com
