*Adrián García Crecimos escuchando las ráfagas, los estruendos de las bombas, viendo por las ventanas las tomas guerrilleras, los contraataques del ejército, haciendo fila para entregarles el documento de identidad a unos y a otros en sus retenes, fuimos testigos del auge de la economía cocalera, del cobro de impuestos a la guerra, llamados popularmente […]
Reuniones de campesinos y campesinas con funcionarios del programa de sustitución de coca, la llegada de la OEA, de las Naciones Unidas, de los cooperantes de los países bálticos, las escasas pedagogías sobre la implementación de los acuerdos y los lenguajes en estas transiciones, la apropiación de lenguajes por parte de los militantes de las FARC que hacen trabajo político y el éxito o fracaso de espacios de reconciliación o diálogo público en la Amazonia hacen parte de la nueva parafernalia en tiempos de “paz”. Los acuerdos y su implementación ocupan un lugar en la formación del estado en la Amazonia colombiana, y por supuesto, en la constitución de unas prácticas del estado y por ende de la configuración de un tipo de ciudadano o de ciudadana. ¿Qué herramientas teóricas existen para abordar estos procesos? ¿Cómo empezar a darle forma a este tsunami de aparentes transformaciones y la necesidad de iluminar en ellas también las continuidades?
La implementación del Acuerdo de Paz está en crisis. La oposición de la bancada de gobierno a los Acuerdos firmados en la Habana, la exacerbación de violencia, particularmente contra líderes sociales y el caballito de Troya de la crisis con Venezuela ha opacado los procesos de implementación que arrancaron y aún no culminan en muchos territorios de Colombia. La Reforma Rural Integral quedó en veremos, mientras siguen rampantes agendas económicas y extractivas en esos mismos territorios.
La dejación de las armas por parte de las FARC, más allá de las dificultades en la implementación de los acuerdos, puede ser visto como uno de los eventos más importantes para la ampliación de la democracia colombiana en las últimas décadas. Buena parte del país se está estrenando en votar sin las noticias diarias de secuestros, tomas, bombardeos y atentados, sin que el tema sea cómo acabar a las FARC, y haber puesto fin al chantaje y a la mordaza de la guerra está permitiendo que los colombianos sueñen con otros mundos posibles y se sientan con la libertad de votar por ellos.
La expectativa de las coyunturas electorales, y la pasión que esta despierta, deja de lado los análisis más sopesados de carácter histórico, pero estos análisis son importantes pues difícilmente un proceso político se modifica de un año a otro. Del 2010 hacia el presente, la participación electoral en el Caquetá ha aumentado al igual que la votación contraria al uribismo. ¿A qué se debe esta disminución del uribismo? ¿Qué papel puede jugar en esto el fin del conflicto armado con las FARC? Son cuestiones que cabe preguntarse.
En Remolino del Caguán, antigua capital cocalera del Caquetá, y territorio histórico de las FARC, se esperaría que las primeras elecciones tras la firma de los Acuerdos de Paz fueran recibidas con un jubiloso ejercicio del principal derecho democrático, el voto; sin embargo, la jornada electoral del pasado 11 de marzo se destacó por tener una de las participaciones más bajas en años.
La derrota de los Acuerdos de La Habana en el plebiscito del 2 de octubre hizo que a los candidatos les pareciera que tenía un costo político muy alto basar su campaña en la paz. Podría decirse a estas alturas que se equivocaron. Se les olvidó a los candidatos que la derrota del 2 de octubre fue por un margen muy pequeño de votos, la agenda del acuerdo era más amplia que el tema FARC y podía haber sido capitalizada en temas de desarrollo rural, participación política, problema de drogas e incluso anticorrupción. La defensa de la paz pudo haber sido capitalizada políticamente. Las elecciones presidenciales terminaron derivando en un segundo plebiscito y nadie supo recoger esos 6.377.482 votos, una cifra muy cercana para poner presidente.
