Fotografía: Estefanía Ciro
Pablo Gaete Balboa*
Actualmente, los procesos de regionalización en América Latina se caracterizan por las disonancias que provocan los distintos modelos de crecimiento económico y social que se han implementado en los últimos años en la región. Por un lado, el bien conocido neoliberalismo con sus más de tres décadas de funcionamiento en distintos países, el cual ha ido avanzando poco a poco con el objetivo de imponer las relaciones mercantiles por encima de las relaciones sociales, como definía Polanyi a la expansión del liberalismo económico; por otro lado, está la construcción del modelo llamado postneoliberal, que intenta dejar atrás algunos de los principios del Consenso de Washington para recuperar al Estado como un actor de primer orden en la distribución de la riqueza y la asignación de recursos, utilizando los excedentes generados por la exportación de materias primas en programas sociales para la población más necesitada.
Dos organismos de regionalización expresan claramente a estos modelos: dentro de los libres mercados está la Alianza para el Pacífico, firmada entre México, Chile, Perú y Colombia, con un acuerdo económico parecido al TLCAN, con el apoyo del capital trasnacional; y en el intento de superar ese derrotero está Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), al que pertenecen países como Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y algunas otras naciones caribeñas. En medio de esta dicotomía encontramos a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con países que pertenecen tanto a la Alianza como al ALBA; situación que ha llevado al organismo andino a una crisis institucional, con el gobierno estadounidense como sombra de la misma.
La Comunidad Andina es de los organismos más viejos en el continente. Sus inicios los podemos encontrar allá por 1969, cuando se creó el Pacto Andino entre Chile, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. En esos años existió un frágil consenso alrededor de las ideas cepalinas[1] sobre iniciar un proceso de integración para desarrollar una industrialización regional que ayudara a sacar a estos países de la periferia. El pacto se rompió después que Washington promovió, dentro de su Doctrina de Seguridad Nacional, un golpe de Estado contra el presidente democrático Salvador Allende en 1973. La dictadura militar ofreció al país como laboratorio a los “Chicago Boys”[2] para que pusieran en práctica sus teorías neoliberales, las cuales estaban en clara contradicción con las políticas de desarrollo endógeno y regularización de capitales trasnacionales que promovía el Pacto Andino. El resultado fue el debilitamiento del organismo con la salida de Chile.
Más adelante, en la década de los noventa, volvió a surgir un nuevo consenso entre los países andinos restantes alrededor del modelo neoliberal. Si bien en esos años en que todos los gobiernos estaban de acuerdo en subirse al “tren de la globalización” se avanzó en algunos rubros, como el incremento de comercio en el área, la inercia de la crisis social de los ochenta, junto con las consecuencias de dos décadas de implementación de políticas promercado, crearon un descontento en la población con el despertar de distintos movimientos sociales e indígenas en varios países de la región. Estas protestas trajeron vientos de cambio en el siglo XXI para construir en Venezuela primero, y en Bolivia y Ecuador años después, un proyecto alternativo (otros países de América Latina vivieron similares procesos). Sin embargo, los gobiernos de Colombia y Perú endurecieron sus posiciones a favor de “los libres mercados”.
La primera década del nuevo siglo vio acrecentar las diferencias al interior de la CAN, resultado de las visiones contrapuestas entre los países miembros para alcanzar el desarrollo y la inserción internacional. En el año 2006, Venezuela decidió salir del organismo andino debido a que tanto Perú como Colombia avanzaban en las negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Este futuro acuerdo no sólo rompía con la legalidad comunitaria andina, que para ese entonces todavía hablaba de crear una unión aduanera, sino que se inscribía en el plan del gobierno norteamericano de asediar a los proyectos de asociación que buscaran crear relaciones económicas por encima del imperio del dólar, como las que fomentaba Hugo Chávez desde el ALBA. Para el presidente andino esos acuerdos servían para desfondar su proyecto nacional y regional de desarrollo interno, pues las mercancías e inversiones del norte podrían penetrar en Venezuela con la triangulación de Perú y Colombia. Para EU significaba avanzar en su fallido proyecto de libre comercio continental, llamado ALCA, a través de ejercer un bilateralismo que contaminara a los organismos de integración de la zona y le asegurara a largo plazo una seguridad jurídica para incrementar y mantener la presencia de sus capitales y mercancías.
Desde la geopolítica también se avanzaba en la desintegración de la CAN, con el asedio a las economías y a la estabilidad de Ecuador y Bolivia, y en el incremento de la presencia militar y trasnacional del proyecto estadounidense. El ataque del ejército colombiano a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano dividió aún más a los países andinos, y puso a la región en pie de guerra. Mientras el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa rompía con la negociaciones de un futuro TLC con EU y le cerraba la base militar de Manta, Álvaro Uribe abría más las puertas a la militarización de la región a través de utilizar los recursos del Plan Colombia estadounidense con el pretexto de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Frente a esto Venezuela desplegó tropas en su frontera con Colombia. No es difícil imaginar los resultados negativos que trajeron estas acciones a las complicadas relaciones económicas y políticas entre los países andinos. Para ese momento los proyectos nacionales y de regionalización ahora se podían clasificar entre aquellos que buscaban una mayor autonomía de Washington y los que, a través de incrementar sus relaciones económicas, políticas y militares, seguían una mayor dependencia con el norte.
La Comunidad Andina ha pasado a un segundo plano, mientras los países miembros buscan ser consecuentes con sus modelos de desarrollo a través de profundizar sus relaciones externas con aquellos países con los que encuentran afinidad económica y política. Perú y Colombia han generado un mayor acercamiento con aquellas naciones que tienen un camino neoliberal claro, y han expandido sus tratados de libre comercio hacia Europa y Asía, con China a la cabeza. La Alianza para el Pacífico más que ser una opción para el crecimiento comercial y de inversiones entre sus miembros representa un “Caballo de Troya” en Sudamérica para impedir la expansión económica y política del postneoliberalismo, al tiempo que les manda el mensaje claro a los demás países de que el libre mercado, y la lógica del capital trasnacional, está más que presente en la región.
Del otro lado, Bolivia y Ecuador han solicitado su ingreso al MERCOSUR (Venezuela al dejar la CAN ingresó a ese organismo), con quien tienen más afinidad ideológica, sobre todo en lo referente a construir una agenda social a partir de los ingresos de Estado por las exportaciones de materias primas. Asimismo, han buscado un asidero más seguro que el ALBA, el cual se ha debilitado a partir de la crisis económica y política que está sufriendo Venezuela por la disminución de los precios del petróleo y el asedio tanto interno como externo al que ha sido sometido por la oligarquía, el capital trasnacional y el gobierno estadounidense. La última palabra no está escrita en la batalla entre las naciones que buscan una mayor autonomía del norte y aquellas que hacen lo posible por congraciarse con “los libres mercados”, las ganancias para unos cuantos y la miseria para muchos. La CAN es una expresión clara de este conflicto.
[1] La CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) es una institución creada por la ONU en 1948 para contribuir en el análisis y solución de problemas económicos de los países de la región. Raúl Prebisch, secretario ejecutivo del organismo durante esa época, junto con otros destacados economistas, creó el llamado Estructuralismo Cepalino; teoría que, a grandes rasgos, propone la industrialización de los países para transitar de una región exportadora de materias primas a una de productos manufacturados, y así aprovechar los frutos del progreso tecnologico para alcanzar el desarrollo económico.
[2] En la década de los setenta se le dio el apelativo de “Chicago Boys” a aquellos economistas latinoamericanos, principalmente chilenos, que estudiaron en la universidad de Chicago las propuestas monetaristas y de libre mercado, bajo la batuta del premio nobel de economía Milton Friedman.
*Licenciado en Economía y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Doctor en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Desde el 2006 trabaja como profesor-investigador en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), donde imparte cursos sobre la lectura y escritura de textos académicos, estudios sociales e históricos, así como varios relacionados con la Ciencia Política y la Economía. Sus principales líneas de investigación giran alrededor de los procesos de integración económica y regionalización en América Latina, así como de la enseñanza del español en el nivel superior. Ha publicado artículos sobre ambos temas en revistas tales como Comercio Exterior y Macroeconomía, así como en Palabrijes, El placer de la lengua (revista de la UACM dedicada al debate y promoción de la lectura y escritura en la universidad). De esta última es miembro del Consejo Editorial.
