*Magdalena Castellanos
Cuando le pregunté a doña Etelbina, campesina que llegó al paraje de Pacheco en el actual Doncello en 1949, como se demarcaban las parcelas entre colonos cuando fundaban me respondió “trochar…trochar para coger lo que uno va a coger…como para linderos. Pues trochando con peinilla bien alrededor lo que uno va a coger…” (E. Montiel, comunicación personal, 24 de octubre de 2018).
En la tesis doctoral “Apropiación territorial y colonización agraria en el piedemonte caqueteño: de la colonización estatal a la colonización cocalera 1950-2000”, pretendo interpretar la historia de la colonización agraria de la región a través del lente de la ecología política histórica, con el propósito de establecer las estrategias de apropiación territorial utilizadas para la expansión de la frontera así como determinar las transformaciones sociales y ambientales provocadas. También, definir las trayectorias territoriales de la colonización agraria en el tiempo y en el espacio geográfico y su interdependencia con el conflicto social y armado. La narrativa devela cómo el Estado colombiano ha incidido en el acontecer de la región, en contradicción a la supuesta “ausencia del Estado” como explicación a las problemáticas y conflictos vividos.
Entre las estrategias de apropiación territorial que contribuyeron a la expansión de la frontera señalo en primer lugar el sistema hacendatario originado a comienzos del siglo XX, producto de las concesiones de tierras otorgadas por el Estado a empresas y familias huilenses para explotar el caucho a cambio de hacer caminos. Esta forma de distribución de la tierra registrada en el Valle de Balsillas y el Alto Pato en la zona noroccidental del Caquetá, motivo un conflicto agrario sin precedentes ante el impedimento del paso a los colonos en la década de 1920, en sintonía con los conflictos agrarios que se registraban en otras regiones del país. También, el patrón latifundista fue trasladado a la zona central del piedemonte en 1933 con la creación y expansión de la Hacienda Larandia durante tres décadas por la familia Lara. Las evidencias muestran la concentración de la tierra en pocas manos en el piedemonte caqueteño durante los años sesenta, cuando Larandia tenía una extensión aproximada de 35.000 hectáreas.
Una segunda estrategia de apropiación territorial de carácter estatal fue la creación de la Reserva forestal de la Amazonía, a través de la ley segunda de 1959, que condicionó el acceso a la tierra como recurso productivo reservado por el Estado nacional para la economía forestal a futuro. Esta política tuvo como efecto convertir en “ilegales” a los colonos que estaban fundados en la extensa área convertida en reserva forestal y puso de manifiesto que el Estado por su condición de ser el mayor distribuidor de recursos es por ende el principal motivador de los conflictos asociados a su distribución como lo afirma el latinoamericanista Héctor Alimonda (2011). La tercera, correspondió a la colonización producto de las violencias de Estado y bipartidista que provocaron la colonización forzada y la colonización inducida por el Estado, como también la “colonización espontánea” por población empobrecida que, en su conjunto configuran la colonización campesina, foco central del estudio realizado. De manera tentativa señalo una cuarta estrategia que configuró una superposición de territorialidades en el Medio y Bajo Caguán, originada en la colonización campesina de colonos expulsados de los procesos de colonización del piedemonte que arribaron al Caguán en la década de 1960 y donde posteriormente emergieron los cultivos de coca y el orden insurgente de la FARC.
De las estrategias de apropiación señaladas considero que la colonización inducida por el Estado durante los años de 1960 con el propósito de “descuajar la selva”, con la idea predominante de dominar la naturaleza y propiciar “el progreso”, de la mano de la “vocación ganadera” como paradigma representado por Larandia, provocaron el cambio ambiental del piedemonte en un período de apenas dos décadas. Dicho cambio fue propiciado por manifestaciones como el cambio demográfico producto de las migraciones de las regiones de violencia hacia el Caquetá y el cambio ecológico sucedido por la transformación de la selva a coberturas de pastos, en gran medida gracias al endeude estatal establecido sobre los colonos.
Como trayectorias territoriales de la colonización durante la segunda mitad del siglo XX establezco la ocurrida en la década de 1950 en El Pato, categorizada según Ramírez Tobón (1981) como “colonización armada” cuya denominación no comparto en la medida, que fue originada por el desplazamiento de población campesina a raíz del éxodo producido por la “guerra de Villarrica” Tolima y que prefiero reconocer como “colonización forzada”. La siguiente trayectoria territorial se localizó en la zona central del piedemonte donde se registró la colonización inducida por el Estado nacional, en un primer momento como “colonización dirigida” y posteriormente con la dirección del INCORA como “colonización amparada por el crédito” durante las décadas de 1960 y 1970, que denomino como “colonización estatal”. Este proceso de colonización originado por la Violencia que se registró en diversas regiones del país finalizó cuando el conflicto armado afloraba en la mayor parte del Caquetá, con la presencia de grupos insurgentes cuya confrontación con las Fuerzas Armadas se acentuó durante el gobierno de Turbay Ayala. Una tercera trayectoria territorial colonizadora surgió en la década de 1980 en el Medio y Bajo Caguán motivada por los cultivos de coca, donde se estableció el orden insurgente de las FARC, territorio que fue laboratorio de paz como producto de los diálogos de La Uribe y que una vez truncados fue ocupado por el Ejército Nacional en 1988. Finalmente, en la década de 1990 la colonización del piedemonte se había consolidado y parte de la región ya se encontraba integrada a la economía nacional. Sin embargo, el conflicto armado se agudizó y los cultivos de coca se propagaron hacia el piedemonte donde aún existían frentes de colonización activos, propios de una frontera aún en expansión a donde se extendió la colonización cocalera.
El estudio contribuye a algunos de los desafíos para la ecología política histórica planteados por Brannstrom (2004), como es integrar evidencias del cambio ambiental material con políticas económicas en aspectos como el acceso a la tierra y los sistemas de trabajo y la utilización de archivos locales como fuente. Así mismo, corrobora el modelo dual que ha prevalecido históricamente en la estructura agraria de Colombia. De una parte el latifundismo como sello de la concentración de la tierra y de otra, la colonización campesina por población empobrecida por las violencias que perduraron durante la segunda mitad del siglo XX. En esta tesis se ponen de manifiesto las formas de operar el Estado con su presencia diferenciada y su interdependencia con el conflicto social y armado y se desestima la premisa de la “ausencia del Estado” tan invocada para interpretar la historia caqueteña.
Citas bibliográficas:
Alimonda, H. (2011). La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología Política Latinoamericana. In La naturaleza colonizada: ecología política y minería en América Latina. Ediciones CICCUS y CLACSO.
Brannstrom, C. (2004). What Kind of History for What Kind of Political Ecology? Historical Geography, 32, 71–87.
Ramírez Tobón, W. (1996). ¿Un campesinado ilícito? Análisis Político, 29, 54–62.
Ramírez Tobón, W. (2001). Colonización armada, poder local y territorialización privada. Journal of Iberian and Latin American Research, 7(2), 63–81. https://doi.org/10.1080/13260219.2001.10430031
*Economista, Especialista en Alternativas de Desarrollo Sostenible para la Amazonia Colombiana, Doctora en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional de Colombia (Sede Amazonia). Hace parte del grupo de investigación Historia, Ambiente y Política categoría 1A de Colciencias y del Centro de Pensamiento Amazonias CEPAM. Investigadora con trayectoria en proyectos de ordenamiento ambiental y productivo con enfoque territorial. Experta en el diseño e implementación de estrategias para la participación comunitaria en la gestión ambiental.
